En Islandia los ciudadanos se negaron a pagar la deuda externa, hicieron dimitir a su presidente y, hasta el momento, han metido a tres de sus banqueros en la cárcel.
Diez entidades bancarias de EEUU se comprometieron, hace un par de días, a abonar una cifra multimillonaria por sus abusos en cientos de miles de desahucios. La multa ronda los 8.500 millones de dólares. El acuerdo no les exime de posibles responsabilidades judiciales y se añade a otros pactos que suman más de 20.000 millones de euros para esquivar su responsabilidad en el estallido de la burbuja inmobiliaria en ese país.
El Nobel Joseph Stiglitz, que fue economista jefe del Banco Mundial y los conoce bien, lo ha expresado con nitidez: “o mandamos a los banqueros a la cárcel o la economía no se recuperará”.
Pero todo esto solo sucede en el extranjero. En España se les premia. Se endeuda al país y se empobrece a su gente para pagar sus deudas; se les permite el desahucio continuo de miles de familias que son arrojadas a la calle impunemente; se les indulta cuando cometen tropelías, como en el caso del consejero del Santander Alfredo Sáez o del directivo del Banesto Miguel Ángel Calama; se hace la vista gorda a las cuentas fraudulentas en Suiza de Botín; se hace desaparecer a las cajas que se les entrega a la banca a precio de saldo; se premia a Rodrigo Rato con un cargo sin trabajo pero con 200.000 euros anuales en Telefónica después de haber contribuido al hundimiento de Bankia y a la ruina de miles de ciudadanos con las preferentes; se les permite que te paguen por guardar y jugar con tu dinero apenas un 2% o un 3% y si pides un crédito y te lo dan (que se olviden las pymes y los autónomos) te imponen porcentajes de ganancias usureros de un 7% en adelante…
Roque Aguayro quiere expresar su profundo rechazo a estas prácticas y denunciar la política culposa y cómplice del Gobierno anterior de Zapatero y de este de Rajoy, entregados al neoliberalismo y a los grandes oligopolios financieros. Demandamos la aplicación rigurosa de la Ley para los banqueros que han delinquido con prácticas abusivas y para los políticos cómplices (como en Islandia o en EEUU) y exigimos una banca pública solvente, independiente, democrática y al servicio de los ciudadanos, pequeñas y medianas empresas y autónomos.
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