A POR LOS AYUNTAMIENTOS (La opinión de Antonio Morales)

Hace treinta y cuatro años, en las postrimerías de la dictadura franquista, Agüimes era un municipio fuertemente deprimido. Décadas de polvo, viento, sol, emigración, inmigración y pobreza habían ido conformando una sociedad desestructurada, poco cohesionada y desarraigada en muchas zonas. Situado en el centro geográfico de una comarca a la que se conocía con el sobrenombre de “triángulo de la pobreza”, sus carencias de servicios y equipamientos eran infinitas. La práctica totalidad de sus barrios no disponían de infraestructuras básicas. El ochenta por ciento de la población no tenía acceso a agua potable de abasto; la mayoría de las calles no estaban asfaltadas; la práctica totalidad de los núcleos de población no disfrutaban de alumbrado público ni domiciliario; no tenían redes de alcantarillado… Por supuesto que no se sabía lo que era una casa de la cultura, o un club de mayores, un club social, una cancha cubierta, colegios para todos, bibliotecas, centros de salud…

Una profunda rebeldía que pretendía romper los anquilosados moldes de una sociedad rural conservadora, y unas ansias por hacer posible el final de una dictadura y el inicio de un sistema democrático, fueron calando en los jóvenes de aquel entonces que se sumaron a un movimiento asociativo y vecinal unido y potente. En las primeras elecciones municipales democráticas del año 79 se conforma una candidatura municipal (Roque Aguayro), constituida fundamentalmente por gente joven, que consigue el gobierno municipal con mayoría absoluta. Desbordaban ilusión y esperanza.

A partir de ese momento se puso en marcha un proceso de desarrollo socioeconómico llamado a eliminar las carencias de infraestructuras y equipamientos básicos y a propiciar un modelo de desarrollo económico integrado en la realidad geográfica de municipio. Se construyen cinco casas de cultura, teatros y un auditorio que acogen escuelas de música, universidades populares y festivales internacionales. Se puebla el territorio de colegios y de institutos que permiten alcanzar, tiempo después, un elevado número de estudiantes universitarios y los índices más bajos de absentismo escolar; se ponen en marcha unos servicios sociales potentísimos que contemplan residencias y clubes de mayores, centros de día, ayuda a domicilio, estimulación cognitiva y educación física para este sector, atención a familiares y enfermos de cáncer, alzheimer, etc, servicios de atención integral a los menores, programas de intervención familiar, hogares infantiles, un centro ocupacional para disminuidos psíquicos, unidades de atención a las drogodependencias, programas de respiro familiar y de prevención y atención a las víctimas de violencia de género…; se construyen cinco pabellones deportivos cubiertos, siete campos de fútbol de césped artificial, dos piscinas, tres terreros de lucha cubiertos; se incentiva la participación ciudadana, los parques, las zonas verdes, los paseos marítimos y un largo etcétera de equipamientos sociales de primer orden.

Al mismo tiempo, se diseña un modelo económico diversificado que pone en marcha el primer Plan Especial para un litoral de Canarias, que recupera hornos de cal, salinas, faro, espacios públicos, etc, se apuesta por la agricultura intensiva, por el rescate de la agricultura tradicional (vino, aceite, cochino negro, ganadería y quesería, bodega, almazara…) y la recuperación del paisaje agrícola; se impulsa el polígono industrial más importante de Canarias; se potencia y apoya a las energías renovables como fuente de riqueza y desarrollo sostenible; se apuesta por el turismo rural rescatando el patrimonio arquitectónico y arqueológico; se crean museos, hoteles y viviendas rurales… Y, además, junto con Ingenio y Santa Lucía de pone en marcha en 1990 una mancomunidad modélica que nos permite construir una desaladora, una depuradora, redes y depósitos de agua y tantas cosas más…

Desde luego, se trata de un resumen. Me quedan muchas cosas por contar, pero sí me parece muy importante decirles que todo esto se ha hecho sin que el Ayuntamiento de Agüimes haya presentado nunca déficit presupuestario al rendir cuentas de sus ejercicios económicos; sin que sus cargos electos hayan cobrado más que un profesor o, en el caso del alcalde, el de un director de instituto; sin que nunca hayamos sobrepasado un treinta y poco por ciento el gasto de personal y sin que, frente al tope de endeudamiento de largo plazo de un 110% que fija la Ley, este Ayuntamiento haya ido más allá de un 40,35% (un 64% menos de lo permitido). Jamás nos hemos sentido viviendo por encima de nuestras posibilidades y sí buscando y diseñando un modelo de convivencia que permitiera aunar la búsqueda de alternativas económicas con una propuesta de calidad de vida ligada a la justicia social, al bienestar, la educación y la cultura.

Y les cuento todo esto para decirles que, 34 años después, estamos asistiendo a una involución democrática tan grande, que hoy sería imposible volver a poner en marcha un trabajo comunitario de estas características. Que hemos retrocedido en apenas un año a las postrimerías del franquismo. Y que corremos el riesgo de perder todo lo que hemos conseguido. Porque han roto la ilusión y la esperanza de los jóvenes; porque han sembrado el descrédito de la política y las instituciones con la corrupción rampante y la partitocracia totalitaria; porque cualquier Ayuntamiento que alcance superávit en sus cuentas tiene que entregarlo directamente al banco para adelantar el pago de la deuda, aunque tengas un contrato y lo cumplas religiosamente; porque, aunque tengas capacidad financiera, no puedes costear servicios para gente con pocos recursos; porque eliminan las competencias en servicios sociales a las corporaciones locales; porque no puedes poner en marcha proyectos que no entren dentro de tus atribuciones, en vez de elaborarse una Ley de Financiación justa que te permita seguir apostando por el bienestar…

Con la reforma de la Administración Local, de un tajo se pretenden eliminar las competencias de un 95% de los ayuntamientos españoles para pasarlas a las diputaciones, lo que significa la práctica desaparición de esos municipios; se borra de un plumazo la célula básica de la democracia, el espacio donde se comparten la memoria y las ansias de futuro; se vacían de contenido las competencias reduciendo al municipio a su mínima expresión y para, como exponen en el preámbulo de la Ley, “garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Y lo sostienen torticeramente aduciendo endeudamientos y déficits, abundancia de cargos públicos y exceso de administración, cuando la realidad es que del total de la deuda pública española, la municipal apenas llega a un 4% (el 36% de ésta pertenece a los seis municipios de más de quinientos mil habitantes); que los municipios son las únicas administraciones que han cumplido con el objetivo del déficit; que el 82% de sus concejales y alcaldes no cobran salario alguno; que son las instituciones más valoradas por los ciudadanos…

La Carta de Cádiz suscrita por los municipios iberoamericanos en mayo del año pasado hacía hincapié en demandar un papel relevante para los municipios y no ser un apéndice de los Poderes del Estado. Hace muy poco el presidente de los municipios europeos clamaba porque los Gobiernos locales no fueran la “grasa” de la que deshacerse en los momentos de crisis. Vicente Verdú (“La ausencia”. La Esfera de los Libros) defiende, para acabar con este sistema que nos están imponiendo y que impide el ejercicio democrático, ir “hacia comunidades más pequeñas que permitan una mayor participación ciudadana”. Pero no es eso lo que quieren. Está claro.