El Gobierno del PP acaba de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014. Unas cuentas públicas que dibujan un escenario de continuación de las políticas de austeridad y recortes que no nos han sacado del atolladero de la crisis, pero que sí han servido para que se incremente la destrucción de empleo, bajen los salarios y aumente la pobreza, además de laminar los servicios públicos y destruir la ley de la dependencia.
Ellos están muy felices con los resultados, no lo disimulan. Como lo ha expresado Rajoy en su viaje a Japón, donde ha mostrado su satisfacción por el logro de disminuir notablemente los costes salariales en España en relación con otros países de nuestro entorno.
No es un presupuesto –con la ausencia de decididas políticas de inversión pública- que vaya a facilitar la creación de empleo; seguiremos en torno a los 6 millones de desempleados EPA por mucho tiempo.
No es un presupuesto que recupere lo perdido por la sanidad y la educación públicas en los últimos ejercicios, al tiempo que entra en vigor el vergonzoso copago hospitalario para enfermos de cáncer y otras patologías; y se eliminan, en estos PGE, las ayudas a los libros de texto.
No es un presupuesto para salvar la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que se ha ido descapitalizando en los últimos años; incrementando las listas de espera y con el enorme ‘éxito’ de que vayan a menos los beneficiarios de la dependencia.
Fiscalidad
No es el presupuesto del avance hacia una fiscalidad más justa en la que paguen más los que más tienen y en la que paguen los que hoy defraudan, lo que posibilitaría mejorar la estructura de los ingresos.
No es el presupuesto de los empleados públicos, a los que se desprestigia permanentemente, y a los que una vez más se congela sus salarios; continuándose con las restricciones en la reposición de efectivos: por cada diez médicos, enfermeras o maestros que se jubilen se cubrirá sólo una plaza.
No es el presupuesto de los pensionistas, con ese incremento del 0,25% que hará que pierdan poder adquisitivo, cuando además muchos de ellos sostienen con sus ingresos a hijos y nietos aplastados por la crisis.
No es el presupuesto que, en el caso canario, colabore para superar la lacra de un desempleo situado por encima del 33% de la población activa y una extendida pobreza (un 17,9% de los canarios vive en hogares con menos de 600 euros al mes, elevado dato que no se da en ninguna otra comunidad; en el conjunto del Estado es menos de la mitad, 8,4%). Resulta insultante la disminución en inversión y la eliminación del Plan Integral de Empleo para Canarias, que ya sufrió un hachazo en los PGE de 2013 y que ahora es eliminado. A lo que se suma una financiación autonómica que nos coloca 800 millones de euros anuales por debajo de la media estatal.
No es el presupuesto de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, estudiantes, enfermos, dependientes o pensionistas.
Es, simplemente, el presupuesto de los que mal dirigen la maltrecha nave del Estado español incrementando constantemente el sufrimiento de su gente. El de las elites empresariales y financieras. Y el de los poderes internacionales que nos vigilan y fustigan sádicamente.
Su presupuesto, sin duda. Aunque sus consecuencias las sufriremos, una vez más, la mayoría.
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