Jeremy
Leggett es un activista a favor de las energías renovables. Doctor
en Ciencias de la Tierra y Geología por la Universidad de Oxford,
trabajó durante muchos años como ejecutivo de la petrolera BP hasta
que decidió salir huyendo al advertir un cercano crack energético
fruto de la misma política suicida que produjo el crack financiero.
En su libro “La energía de las naciones” plantea, no obstante,
una salida airosa para el planeta a través de las energías limpias.
En una entrevista en el diario El Mundo, el pasado fin de semana, nos
asegura que se está viviendo a nivel planetario una auténtica
“guerra civil global” entre la industria de los combustibles
fósiles y el sector de las renovables. Para Leggett “es muy
trágico lo que está pasando en España, y buena prueba de ello es
la llegada de ingenieros y técnicos al Reino Unido porque allí se
han cerrado definitivamente las puertas. Durante un tiempo España lo
hizo muy bien y marcó el camino al resto del mundo. Pero la
industria de los combustibles fósiles ha contraatacado de una manera
increíblemente dura. En cierto sentido, España se ha convertido en
escenario de la guerra civil global entre las energías fósiles y
las renovables”.
No
es producto de la casualidad el ataque bestial contra las renovables
del Gobierno del PP en esta legislatura. La semana pasada describía
los tres embates durísimos que ha tenido que soportar el sector
hasta quedar al borde de la extinción. La eliminación de las primas
a las futuras instalaciones junto con una radical moratoria primero,
el diseño de un impuesto al sol para suprimir de un tajo el
autoconsumo más tarde, para, finalmente, acabar eliminando las
subvenciones a los aerogeneradores anteriores a 2005, ha puesto a las
energías verdes en una situación de precariedad muy peligrosa.
Desde
que José María Aznar iniciara en 1996 la privatización de las
eléctricas públicas hasta la fecha -en realidad el proceso lo
empezó antes, con cierto comedimiento, Felipe González- las
compañías han ido tejiendo sin recato un oligopolio energético que
ha despreciado la liberalización de las prestaciones y el precio de
los suministros de la energía. Y no ha dudado para conseguirlo en
untar a muchísimos políticos de primera fila con generosos puestos
en sus consejos de administración y en contribuir a sustentar los
aparatos de los grandes partidos políticos españoles. El diseño de
Aznar (hoy en Endesa, por 200.000 euros anuales), Rato y Folgado (hoy
en Red Eléctrica, por 55.000 euros al mes) de un déficit tarifario,
para que la factura de la luz no subiera nunca más que el IPC, nos
ha llevado a una deuda con las eléctricas de 30.000 millones de
euros sin visos de que se detenga (en 2013 se incrementó en 4.098
millones).
Al
principio de esta legislatura, el ministro de Industria prometió una
reforma energética capaz de corregir algunas de estas anomalías.
Tras dos años de trabajo, la reforma aprobada por el Parlamento
resultó un fiasco. Solo consiguió, “casualmente”, dar un
hachazo a las renovables. Una subida brutal de la luz en un 11%,
aprovechando la coyuntura, asustó al PP que anuló la subasta de
manera inmediata argumentando ante la opinión pública que se había
manipulado y que los mecanismos que se emplean para fijar los precios
son muy poco transparentes. Incluso llegó a reconocer que se nos ha
estado cobrando de más en los últimos años (1.160 millones en los
últimos cuatro años nada más y nada menos) aunque, por supuesto,
sin osar proponer que entonces se nos debería devolver lo cobrado
indebidamente, sin plantear sanciones para los infractores y sin
llevar las presuntas estafas a los tribunales.
Acogotado
por las circunstancias, José Manuel Soria decide mantener los
recortes a las renovables y anular las subastas que siempre, siempre,
habían sido cuestionadas por todos los expertos y que han propiciado
una gran parte del déficit y del aumento de más de un 80% de los
precios de la electricidad en los últimos años, hasta convertirla
en la tercera más cara de Europa. Pero nos pone de nuevo en manos
del mercado y las eléctricas que han propiciado esta situación. Nos
presenta el ministro entonces, precipitadamente, improvisadamente, un
nuevo sistema que nos permitirá pagar un precio fijo bimensual,
anual o lo que valga la luz cada hora, sin que haga ningún amago de
fomentar la competencia y la liberalización real de los precios. Y
aunque apunta que esta medida va a beneficiar a los consumidores, y
que se producirá un ahorro anual de un 3% (otro intento de
confundir, se trata de una falacia), lo cierto es que la propuesta
tiene trampa y la luz seguirá subiendo y seguirá aumentando el
déficit. Tiene en realidad muchas trampas que terminan, como
siempre, beneficiando a las eléctricas y perjudicando a la
ciudadanía y a las industrias.
De
entrada se sube la parte fija de la tarifa en un 18%, lo que penaliza
el ahorro y garantiza un beneficio sin cuestionamiento a las
eléctricas. Y por otra parte permite que los que disponen en sus
casas de un contador “inteligente” (apenas el 20% de los hogares)
puedan acogerse a un precio que varía cada hora en función de las
energías que prevalezcan en ese momento y que, como sucede con las
subastas, se prestará a la manipulación por las eléctricas. En
realidad no resuelve el problema de la subasta ya que el precio lo
seguirá marcando cada instante la energía más cara. Como plantean
las asociaciones de consumidores, se trata de una auténtica
aberración ya que se nos obliga a comprar la electricidad sin
conocer el precio anteriormente y sin que después tengamos la
posibilidad, por lo complicado del sistema, de saber cuánto nos
cobraron, por qué y a qué hora (el recibo nos puede marcar en el
bimestre hasta 1.500 tarifas distintas). Bueno, no es del todo cierto
lo que digo, usted podrá determinar la nueva tarifa si aplica, según
ABC, la fórmula TPU=TPA+TCF+MCF para el término de potencia y
TEUp=TEAp+TCVp+CPp para el de energía consumida. De coña.
Por
supuesto el resto de los catorce millones de empresas y hogares
tendrán que seguir pasando por el aro de los precios anuales que
fijen las empresas y sobra decir que se pondrán de acuerdo como
hasta ahora para establecer las tarifas que más les convengan. El
Gobierno se ahorra el problema de anunciar una subida cada tres meses
y los consumidores nos llevaremos cada vez la sorpresa de subidas a
la carta, plurales, variadas, incontroladas, con periodos de
facturación distintos y con precios medios diferentes. Se les deja
las manos libres a las eléctricas para que sigan controlando la
fijación de los precios y la opacidad de los recibos y la
información.
Y
encima lo del dichoso contador “inteligente”. Por cierto, si
quieren saber cómo nace y cómo se ponen de acuerdo las eléctricas
para pactar un modelo y fijar precios sin competencia para venderlos,
acudan a la web “Estafa luz”, del ingeniero Antonio Moreno
Alfaro, que lleva años denunciando los fraudes eléctricos y que fue
represaliado por negarse a participar en ese entramado. Según
establece la legislación vigente, los contadores actuales deberán
ser sustituidos antes de del final de 2018 por el nuevo sistema
inteligente. Aunque se han incumplido todos los plazos, se calcula
que para final de este año ya se deben haber instalado el 30% del
nuevo modelo, aunque en muchos lugares las redes no permiten la
trasmisión de datos. Frente a un alquiler que pagamos actualmente
por el contador de siempre de 0,5 euros, el nuevo nos obligará a
soportar un alquiler de 0,8 euros y aunque nos podría permitir
acceder a cada momento que nos interese para conocer el precio en
vigor, por ejemplo o administrar el autoconsumo, eso nos está vedado
por las eléctricas. Se los pagamos pero no podemos acceder a los
datos. Eso sí, las compañías dispondrán de toda la información
que quieran sobre nosotros: nuestros usos horarios, la potencia que
utilizamos a lo largo del día, lo que consumimos en distintas épocas
del año, etc… Un precioso instrumento para comercializar y vender
nuestra intimidad. Como siempre, con la sartén por el mango. Como
siempre haciendo lo que quieren con nosotros. Como siempre con el
Gobierno de su lado, aunque escenifiquen que se pelean.
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