El
rescate con dinero de todos los españoles de los tramos no rentables
de las autopistas de peaje, ya decidido por el Gobierno de Mariano
Rajoy mediante la creación de una nueva empresa pública que asumirá
3.000 de los 5.000 millones de deuda pendiente de amortizar, supone
la renuncia a crear 180.000 empleos en sectores industriales y a
sacar de la pobreza a unas 700.000 personas. Son estimaciones de los
sindicatos y de Cáritas, respectivamente, a las que el Ejecutivo no
ha prestado mayor atención. Tampoco ha estimado los planteamientos
de la oposición contra la socialización de las pérdidas de las
grandes concesionarias. El Congreso votará una moción a finales de
este mes, pero la mayoría absoluta del PP respaldará la abusiva
operación gubernamental.
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