Los Salesianos de Guía y sus misterios, por Paco Vega.

 

Los Salesianos de Guía y sus misterios, por Paco Vega.

A día de hoy no podemos evitar preguntarnos por "el interés" de la famosa “Plataforma Salvar los Salesianos”, que fue creada ex profeso para reivindicar la conversión de un EDIFICIO PRIVADO en RESIDENCIA DE MAYORES PRIVADA con DINERO PÚBLICO, la cual no para de “medrar” en la consecución de su millonario objetivo... Esta residencia será, si finalmente sale adelante, el gran negocio de una empresa privada, y la citada plataforma se desvive por ello como si no hubiese un mañana. Por otra parte sorprende que sean recibidos por las autoridades cabildicias y municipales como si de un lobbie empresarial se tratara, cuando la mayoría de personas y colectivos tienen vetada la palabra, y hasta el acceso, a estos centros de poder.

Insisto, no promueven nada que tenga que ver con la salud, ni calidad de vida de los mayores. Tampoco reivindican ningún otro fin social. Simplemente ejercen como “lobbie de presión” para la consecución de la millonaria inversión Cabildicia en este edificio privado para uso de una empresa privada. Las últimas cifras ya rondaban los diez millones de euros que, con el penoso estado del edificio probablemente acabe duplicando la citada cifra. Ni siquiera han abierto la boca en protesta por el sorprendente retraso en la apertura de una residencia pública y nueva a escasos mil metros de Los Salesianos. Sólo les interesa el edificio del obispado, y nada más...

Las residencias ya se han mostrado como la peor solución para los mayores, ya lo pudimos comprobar en la reciente pandemia, salvo para casos de grandes dependientes sin posibilidad de apoyo en sus domicilios, sin embargo, la mencionada plataforma sigue batallando por esta residencia privada, única y exclusivamente.

La pregunta es obligada: ¿por qué la obsesión de la citada Plataforma y del Cabildo de Gran Canaria en invertir diez millones de dinero público en un edificio viejo, privado y muy deteriorado, que habrá que devolver a su titular pasado un tiempo en perfectas condiciones, las que ahora no tiene, a escasos mil metros de una residencia pública nueva y moderna?

¿Por qué una plataforma que nunca reivindicó nada en favor de nadie, tiene tanto interés en este proyecto PRIVADO? ¿Quién está detrás de la Plataforma Salvar los Salesianos?

¿Por qué el Cabildo, está dispuesto a entregar tantos millones de dinero público a un centro privado propiedad del Obispado que recibió por donación y en el que nunca ha invertido un euro?

¿Por qué no se invierte ese dinero público, en caso de ser necesaria otra residencia (que no lo es), en una residencia pública?

¿Qué objetivo tiene esta plataforma, que parece ser tiene línea directa con Antonio Morales, Teodoro Sosa, el Obispado y la Universidad Fernando Pessoa de Guía…?

Entre tanto la residencia Pública de La Atalaya, con casi cien plazas de capacidad, a escasos mil metros de la anterior, permanece CERRADA; después de dos años de finalizada su construcción.

Fueron muchos los ciudadanos que en su momento, de buena fe, movidos por la nostalgia y el lamentable estado de abandono del edificio de Los Salesianos, colaboraron en aquella recogida de firmas, a iniciativa de la propia plataforma. No son pocos los firmantes de aquel manifiesto que, a día de hoy, confiesan sentirse estafados por la citada Plataforma.

El testamento, tras la muerte de la benefactora, ya generó bastante polémica en su día, convirtiéndose finalmente el Obispado en el único heredero de la millonaria fortuna de Doña Eusebia de Armas (dinero, joyas, acciones de agua en pozos, tierras de cultivo y el famoso edificio de Los Salesianos). El edificio en cuestión nunca vio una peseta por parte del Obispado, ni siquiera para la consecución de los fines testados por la benefactora y por los que recibió la herencia, “el sostenimiento de un colegio destinado a los niños pobres de Guía y su comarca”.

Lamentablemente, la herencia de Doña Eusebia, 65 años después, sigue generando polémica y ambiciones mal disimuladas; acrecentadas en este caso por una disparatada inversión millonaria por parte del Cabildo de Gran Canaria en un edificio propiedad del Obispado.