La reciente licitación de la gestión
integral del Centro Sociosanitario de Tarazona debería llevarnos a
una reflexión que va más allá de la satisfacción por ver, por
fin, avanzar un proyecto tan necesario para nuestros mayores.
Especialmente porque hablamos de un servicio público que durante
años formó parte de nuestro patrimonio social.
El Ayuntamiento de
Guía ha sacado a concurso la gestión del centro por 8,5
millones de euros para sus dos primeros años, 2027 y 2028.
Tarazona contará con 145 plazas: 94 residenciales y 51 de centro de
día. La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral,
incluyendo atención residencial, servicios asistenciales, sanitarios
básicos, sociales, rehabilitación, terapia ocupacional,
manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y
recepción.
Y ante esta
decisión creo que los vecinos tenemos derecho a preguntarnos:
¿Era este
el modelo que queríamos para Tarazona?
Una
residencia pública
Tarazona no nació
como un negocio privado. Fue concebida como un servicio público para
nuestros mayores.
Durante años se
trabajó para conseguir los terrenos, la financiación y la
construcción de una nueva infraestructura. Según los datos
difundidos ahora por Juntos por Guía, la inversión alcanzó 8,8
millones de euros, de los que unos 7,3 millones
correspondieron al nuevo edificio y su equipamiento y 1,5 millones a
la mejora e integración de la antigua residencia.
Después llegaron
los retrasos y el edificio permaneció sin prestar el servicio para
el que había sido construido.
Ahora, tras años
de espera, conocemos el modelo elegido: el edificio sigue
siendo público, pero su gestión integral se entrega a una empresa
privada.
Y ahí es donde
está mi discrepancia.
No cuestiono que la
titularidad siga siendo municipal ni que el Ayuntamiento conserve las
funciones de supervisión y control. Lo que cuestiono es que, después
de invertir millones de euros públicos en construir y equipar un
recurso destinado a nuestros mayores, la prestación cotidiana del
servicio se externalice íntegramente.
Nuestros
mayores no son un negocio
Estamos hablando de
personas mayores, muchas de ellas dependientes. Personas que
necesitan ayuda para comer, asearse, desplazarse, rehabilitarse o
realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Por eso creo que el
criterio fundamental debe ser siempre el bienestar de la persona.
No afirmo que una
empresa privada vaya necesariamente a prestar un mal servicio. Pero
sí considero legítimo preguntarnos si la atención a nuestros
mayores debe estar sometida a una lógica empresarial o si, por el
contrario, debe ser gestionada directamente por la Administración
cuando la infraestructura y los recursos son públicos.
Una empresa tiene
legítimamente una finalidad económica. La Administración tiene la
obligación de garantizar derechos y servicios de interés general.
Y cuando hablamos
de cuidados, creo que el beneficio económico nunca debería
estar por delante del bienestar de las personas.
8,5
millones y una pregunta fundamental
Los 8,5 millones
corresponden únicamente al período inicial de dos años. El
expediente contempla además posibles prórrogas y modificaciones,
por lo que estamos ante una contratación de una dimensión económica
considerable.
Por eso hay una
pregunta que considero imprescindible:
¿Se ha
comparado realmente el coste de la gestión privada con el de una
gestión pública directa?
El argumento de que
actualmente el Ayuntamiento no dispone de los medios humanos y
organizativos necesarios para gestionar directamente Tarazona puede
explicar una dificultad, pero no responde a otra cuestión:
¿Por qué
no crear esos medios públicos?
Si faltan
gerocultores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
personal de limpieza o cocina, ¿la única alternativa posible es
contratar una empresa privada?
Creo que esa es una
decisión política y que los vecinos merecemos conocer las
alternativas que se estudiaron antes de tomarla.
¿Qué
ha cambiado?
Hay además una
cuestión política que no debería olvidarse.
Alejandro Rivero,
actual concejal de Política Social, y la mayoría de los concejales
del actual grupo de gobierno estaban en la oposición cuando se
criticaban determinadas externalizaciones de servicios municipales.
En mayo de 2024,
Rivero participó, como representante del Partido Popular, en un
documento conjunto de los grupos de la oposición que denunciaba el
«abuso de la externalización o cesión de servicios
públicos municipales» e incluía entre los asuntos
señalados la Residencia de Mayores Tarazona.
Hoy, desde el
Gobierno municipal, defiende la licitación y habla de un “modelo
público” cuando
no lo es.
¿Qué ha cambiado
en la posición de quienes defendían determinados planteamientos
desde la oposición y ahora los gestionan desde el Gobierno?
Porque una cosa es
que Tarazona sea una infraestructura pública y otra que su gestión
sea pública.
Tarazona
la hemos pagado entre todos
Me alegro
sinceramente de que Tarazona vaya a abrir. Me alegro por nuestros
mayores, por sus familias y por quienes necesitan una plaza.
Pero alegrarse por
la apertura no obliga a aceptar cualquier modelo de gestión.
Yo defiendo que
Tarazona sea pública de verdad, también en su
gestión.
Quiero que el
dinero público destinado a nuestros mayores se traduzca
fundamentalmente en más y mejores cuidados, mejores condiciones para
los trabajadores, más atención y más calidad de vida.
Después de tantos
años, tantos retrasos y tantos millones invertidos, creo que
nuestros mayores merecen algo más que una buena infraestructura.
Merecen un servicio público pensado fundamentalmente para ellos.
Porque Tarazona la
hemos pagado entre todos.
Y si la hemos
pagado entre todos, el principal beneficio debería ser
también para todos: para nuestros mayores, para sus familias y para
nuestra comunidad; no para convertir sus cuidados en una oportunidad
de negocio.
¿Y
qué pasó con ellos?
Y llegados a este
punto, hay dos cuestiones que tampoco deberíamos olvidar:
1. ¿Qué
pasó con los mayores que tuvieron que salir de Tarazona para poder
acometer las obras de remodelación de la antigua residencia?
¿En qué
condiciones se produjo su salida? ¿Cómo afectó a esas personas el
traslado y la ruptura de su entorno habitual? Lamentablemente muchos
ya no están para contarlo.
2. ¿Qué
pasó con los trabajadores municipales de la antigua residencia?
¿Qué ha sido de
ellos? ¿Qué papel tendrán ahora en el nuevo centro? ¿Por qué no
se habla de ellos?
Son preguntas que
también forman parte de la historia de Tarazona y que merecen una
respuesta.
Porque detrás de
las obras, de los contratos y de las cifras hay personas.
Personas mayores
que tuvieron que dejar su residencia.
Trabajadores que
durante años prestaron un servicio público.
Y familias que
llevan demasiado tiempo esperando.