La Reforma Constitucional de 2011 impuso siete palabras que han cambiado el rumbo de la política económica de España.
Entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2011, el Gobierno de José Luis Zapatero, con el apoyo del Partido Popular, aprobó por el procedimiento de urgencia en las Cortes Generales una modificación del artículo 135 de la Constitución Española.
Entre otras cosas, en ese texto se impusieron siete palabras que han cambiado el rumbo de la política económica de España.
Asimismo se ha provocado una enorme pérdida en la soberanía de nuestro país y todo ello sin que el pueblo español pudiera intervenir para dar su opinión sobre esa modificación constitucional.
"Y su pago gozará de prioridad absoluta". Son las siete palabras que ha otorgado a los bancos un mayor poder para cobrar sus créditos por delante de todos los demás gastos del Estado.
Prioridad por encima del pago de pensiones, subsidios por desempleo, salud, educación, investigación y cultura. Antes incluso que las infraestructuras, justicia, vivienda, medio ambiente, seguridad, crecimiento económico, empleo, nóminas de empleados públicos o de cualquier otra obligación de pago que tengan las Administraciones Públicas para el ejercicio de nuestros derechos constitucionales.
Todo ha quedado relegado a un segundo plano a favor de los poderes financieros. Nada es ahora preferente y todo puede quedar marginado o ignorado ante la prioridad absoluta del pago a la banca de los intereses y el capital de la deuda pública.
La Reforma Constitucional de 2011, realizada con precipitación y de espalda al pueblo español, tiene y tendrá consecuencias para el presente y futuro de nuestro país.
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Para comprenderlo sólo hay que leer los Presupuestos Generales del Estado para este año 2013. Según nuestra información se establece que para pagar a los bancos (Deuda Pública) se dedica la asombrosa cifra de 100.909 millones de euros, el 40% del Presupuesto del Estado, cuatro veces más que en 2012.
Esta "prioridad absoluta" provoca que para atender todos los servicios públicos y el propio funcionamiento del Estado; es decir sanidad, educación, cultura, investigación, infraestructuras, defensa, justicia, vivienda, medio ambiente, agricultura, industria, turismo, empleo, dependencia, autonomías, ayuntamientos, etc., sólo hayan quedado 159.583 millones de euros, el 60% del Presupuesto del Estado.
Por eso hay que seguir recortando derechos y prestaciones sociales, a la vez que hay que seguir subiendo los impuestos, porque la deuda pública crece año tras año por culpa de las masivas ayudas que el generoso Estado está dando precisamente a los bancos.
Entre 2008 y 2009 el Banco Central Europeo dio luz verde al Gobierno español para que canalizara a la banca privada ayudas de hasta 210.000 millones de euros.
Y en 2012, sumó a esta cantidad otros 100.000 millones, un total de 310.000 millones de euros. Muchas voces se alzaron contra aquella reforma que quebró el consenso constitucional alcanzado en la transición a la democracia.
Hoy hay que seguir alzando la voz y la exigencia social para seguir reivindicando que esas siete palabras sean borradas del artículo 135 de nuestra Constitución. La dignidad y la soberanía del pueblo español están en juego junto a nuestro Estado de Bienestar.
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