La
semana pasada decía en este mismo medio que, hasta ahora, la reforma
energética aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy sólo nos había
aportado un incremento del precio de la luz en un 3,1% y el aumento
del déficit -la deuda contraída con las eléctricas a través de un
sistema tramposo- en 3.000 millones de euros. Esto, y además la
certeza de que se pretende dar un hachazo mortal a las renovables
para impedir la democratización energética y la desaparición del
oligopolio que controla, desde UNESA, la energía del país.
Pero
la cosa no se queda aquí. En la propuesta de los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año, presentada el lunes 30 de
octubre en el Parlamento, se prevé un incremento de recaudación de
un 7% a través de la electricidad, frente a un 3,6% reseñado en
2013. Se trata a todas luces de un reconocimiento explícito de que
el recibo de la luz volverá a subir en los próximos meses y de que
lo hará en unos porcentajes mayores a los sufridos en este
ejercicio, a pesar de que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa,
Gas Natural…) han ganado en el primer semestre de este año casi
4.000 millones de euros (3.621,5 millones) y de que han subido el
sueldo a sus consejeros y vocales (efectivamente, muchos son
expresidentes y exministros) en una media de un 3%, el equivalente a
más de 19 millones de euros.
Increíblemente,
la factura de la luz en España ha aumentado, desde el inicio de la
crisis, en un 63,5%. No ha habido incremento de las inversiones ni
mejora de los servicios, pero la factura ha crecido en ese porcentaje
sin que haya dejado de engordar el déficit que se reconoce a la
patronal eléctrica que se sitúa al día de hoy en 29.000 millones.
La luz en España es la más cara de la Europa continental y
probablemente una de las más caras del mundo. Solo Malta y Chipre
-sistemas insulares más costosos- tienen tarifas más elevadas que
las aprobadas por el Gobierno español y el precio de un KW/h en
España es un 40% más alto que en la media de los países
industrializados. Los números son así de duros y de escalofriantes,
pero el trust no ceja y sigue presionando y ejerciendo su poder sobre
los gobiernos de turno, presos de una codicia insaciable.
Están
perdiendo la batalla ante la opinión pública y las instituciones no
mediatizadas, a pesar de las costosas campañas publicitarias con las
que se empeñan en atacar a las renovables culpabilizándolas de la
carestía de la luz. Su único objetivo es incrementar la cuenta de
resultados a costa de la ciudadanía y de eliminar las energías
limpias y plurales que ponen en riesgo su monopolio. Pero lo cierto
es que cada vez tienen menos credibilidad. El rechazo unánime a la
reforma de la Ley del Sector Eléctrico nos da buena fe de ello.
Bruselas
ha puesto desde el principio el grito en el cielo. No le gusta las
medidas adoptadas por el ministerio de Industria y piensa incluso
acudir al Tribunal de Justicia Europeo para combatirlas. Es
consciente de que se trata de propinar un revés brutal a las
renovables y de atacar directamente al autoconsumo -una de las
políticas más nítidas de la UE en los últimos años- y sabe
además que con estas prácticas España se aleja del cumplimiento
del mandato según el cual, para el 2020, el 20% de las energías de
los países miembros deben ser limpias; tampoco parecen muy contentos
los industriales que afirman una y otra vez que el alto coste de la
electricidad española ha mermado considerablemente la competitividad
de las empresas al gravar el precio de esta materia prima fundamental
entre un 10% y un 45% y ha contribuido a que la industria española
haya pasado en menos de 20 años de un 20% a un 13%. Denuncian que de
mantenerse la situación “no habrá inversor industrial que apueste
por el país, el déficit tarifario permanecerá porque “no habrá
industria que pueda financiarlo”, la recuperación de la economía
será inviable y se institucionalizará la crisis”; no lo han visto
con buenos ojos los organismos reguladores: la Comisión Nacional de
Competencia (CNC) afirma que la reforma energética no repara “la
competencia claramente insuficiente en el sector energético”, lo
que “ha contribuido a la constitución del déficit de tarifa
puesto que compensa de forma excesiva a algunas infraestructuras de
producción tales como centrales nucleares e hidroeléctricas ya
amortizadas”, hace dejación sobre el control del precio de la
energía y resulta arbitraria y desproporcionalmente restrictiva para
el autoconsumo, “una fuente importante de presión competitiva en
el sistema y para el resto de suministros convencionales” y la
Comisión Nacional de Energía (CNE) opina otro tanto de lo mismo:
critica la urgencia del procedimiento para aprobar la reforma, “lo
que no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes
involucrados”, se muestra especialmente dura con el ataque a las
renovables y a los autoconsumos y afirma que se improvisa un modelo
retributivo que no existe “en ninguna jurisdicción de la UE, así
como tampoco en otros países de cuyos sistemas se tiene conocimiento
a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”;
por supuesto que no lo entienden las asociaciones eólicas y
fotovoltaicas, que amenazan con acudir a los tribunales, ni la
mayoría de las comunidades autónomas que denuncian vulneraciones de
principios de seguridad jurídica y que ven como, según nos cuenta
Bloomberg, una empresa como IKEA está comercializando en todos sus
centros de Inglaterra un kit solar para generar energía de
autoconsumo en las viviendas; no lo ve la responsable de la
Secretaría ejecutiva sobre Cambio Climático de la ONU que advierte
que la “Agencia Internacional de la Energía dice que el 75% de la
generación solar del mundo ya no va a necesitar incentivos”. Y que
“no se puede pasar de la ayuda al castigo”, como ha sucedido en
España…
Y
no lo entienden los ciudadanos que se están rearmando y poniendo en
marcha distintas acciones de reivindicación y denuncias valientes e
imprescindibles: así ha nacido un movimiento ciudadano en torno a
una Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (en la que participan
organizaciones sociales, políticas, sindicales, etc, que ya tiene
presencia en Tenerife y se está constituyendo en Gran Canaria) que
ha presentado una demanda en la Fiscalía Anticorrupción mostrando
la connivencia de determinadas organizaciones políticas con el
lobbie energético y que la ha ampliado estos días para demostrar
que se está dejando prescribir un “cobro indebido”, por parte de
las eléctricas, como señala la Abogacía del Estado, de 3.400
millones de euros y que deben al Estado de un total de casi 9.000
millones de euros que les “regaló” para ayudarles a hacer frente
a los Costes de Transición a la Competencia y facilitarles el acceso
al mercado competitivo; y también ha salido a la palestra la OCU que
ha puesto en marcha una acción ciudadana -que ha denominado “Quiero
pagar menos luz” y que está abierta hasta el 14 de octubre- que
hasta la fecha en que escribo ha conseguido sumar a más de
trescientas mil personas con el objetivo de fomentar la
transparencia, la participación activa de los consumidores y la
libre competencia. Se trata de una idea similar a la que están
trabajando en estos momentos la Asociación Nacional de Ahorro y
Eficiencia Energética. Según una encuesta de Gaylin, el 97,5% de la
población española apuesta por las renovables y el 54% estaría
dispuesta a pagar más por ello. El 95% considera que el Gobierno es
mucho o bastante culpable del alto precio de la electricidad.
El
único camino que va quedando para hacer frente a esta situación es
el de una ciudadanía organizada que obligue al Estado a recuperar la
soberanía sobre un servicio esencial para la independencia y el
desarrollo económico del país. La solución no pasa por el
Parlamento ni los partidos mayoritarios a tenor de lo que está
sucediendo. A finales de agosto de este año Izquierda Plural
presentó en las Cortes españolas una iniciativa -pasó casi
desapercibida- para demandar la realización de una auditoría
energética a las eléctricas que han ejercido un secuestro sobre los
gobiernos y que hoy remunera generosamente a casi todos los
expresidentes y exministros que han tomado decisiones sobre energía:
pedían analizar las decisiones tomadas, qué costes supusieron y a
quién han beneficiado… Pues bien, solo votaron a favor 23
congresistas. De los 323 diputados presentes votaron en contra 195 y
105 se abstuvieron. Exactamente 300 votaron en contra o se
abstuvieron sin mostrar oposición. No queda otra. Solo la ciudadanía
organizada puede romper este oligopolio incrustado en un sistema
servil.
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