Aparte
de leyendas diversas sobre ausencias diarias de su puesto de trabajo
o conductas laxas en el cumplimiento de su cometido, existe una mala
fama sobre los funcionarios públicos a mi juicio inmerecida
(excepciones aparte). Esta mala fama está siendo azuzada en los
últimos años de forma exagerada y malintencionada -al calor de la
crisis- desde determinados sectores políticos muy interesados en la
privatización de todo lo público, menoscabando de paso al
funcionariado honrado y profesional, sin el cual probablemente este
país sería un coto de caza sin control, una jungla sin ley para el
más fuerte (diferenciamos aquí los funcionarios de carrera y
personal laboral con los puestos de confianza y designaciones a dedo
que a veces se presta a confusiones interesadas).
Malos
profesionales los hay en todos los sectores y la administración no
iba a ser una excepción. Pero quizás el problema no esté en los
propios trabajadores “en relax permanente” sino de los superiores
encargados de la supervisión de estos que no cumplen con su función,
como ocurre en la empresa privada. Nadie en su trabajo hace lo que no
debe si su jefe cumple su cometido de supervisión y control.
¿Se
imaginan que todo fuese privado? La Sanidad, la Seguridad, la
Educación... ¿Quién tendría entonces esos servicios? Creo que
está claro; el que pudiera pagárselos... De hecho, ya está
sucediendo poco a poco, casi sin que nos demos cuenta; los últimos
recortes, así como las leyes de Seguridad privada, Educación y por
último la modificación de diciembre pasado de la extinta Ley de
Bases de Régimen Local, van precisamente en esa dirección, la
aniquilación de todo lo público, incluidos los puestos de trabajo
de la administración. A nadie se le esconde que un adelgazamiento de
la Administración significa irremediablemente la supresión de miles
de puestos de trabajo, es decir, que mandará al paro a miles de
funcionarios, sin contar con la merma que ello significará para
todos los ciudadanos que hoy se ven beneficiados por estos servicios
que se privatizan.
El
problema en este asunto complejo, del que sólo pretendo dar unas
pinceladas, es que se confunde a la población bajo el subterfugio
del ahorro económico con la nítida intención de adelgazar -hasta
hacer desaparecer- a la administración pública. Privatizar,
privatizar y privatizar. De hecho, algunos servicios públicos se les
hace perecer entre llamativas pérdidas económicas para luego tener
vía libre a su privatización. En algunos lugares ya se privatiza
hasta el alumbrado público, en lo que parece una caricatura grotesca
de una nefasta gestión municipal. Ya se ha hecho anteriormente con
el agua y las pérdidas crecen al mismo ritmo que el recibo.
Los
servicios públicos deberían funcionar como una máquina
perfectamente engrasada al servicio de los ciudadanos, al margen del
color político del gobierno de la institución, los ciudadanos lo
agradecerían y los funcionarios también, y para que esto ocurra es
imprescindible la presencia de trabajadores públicos eficientes y
competentes al frente de los mismos. ¿Quiénes mejor que ellos
conocen sus necesidades? ¿Quiénes mejor que ellos para conocer el
día a día de su trabajo y sus carencias operativas de personal o
material?
Por
otra parte, debe ser estresante para en honesto funcionario tener que
soportar cada cuatro años el cambio de gobernantes, con los nuevos
políticos electos que en muchos casos entran en las administraciones
como elefantes en una cacharrería. Antes de tomar una decisión que
afecta a un servicio público es imprescindible contar con la opinión
con el funcionario experto conocedor de su trabajo y sus funciones, y
no siempre se hace.
Pidamos
a los políticos que no apliquen el ideario de Groucho Marx y dejen
trabajar a los técnicos y funcionarios: La
política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.
Es
imprescindible valorar al funcionario y tomarlo como referente
inexcusable en la toma de decisiones que a su departamento concierne.
NO
a la privatización de los servicios públicos. SÍ el mancomunarlos
en las comarcas que sea viable operativa y económicamente. La
política de los hermanos Marx, a través de la reciente modificación
de la Ley de Bases, va justo en sentido contrario, la supresión de
competencias municipales, eliminando algunas de las mancomunadas,
como paso previo a la privatización. Esta Ley no busca la viabilidad
operativa y económica, evitando duplicidades -que sería lo lógico-
es un paso previo a la privatización de servicios públicos.
La
estabilidad en el empleo de un funcionario no es un capricho, es una
necesidad democrática, garantía de continuidad y objetividad en la
aplicación de las leyes.
Paco
Vega.-
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