No a la agresión del grupo Félix Santiago Melián , por Paco Vega

No a la agresión del grupo Félix Santiago Melián

​Por Paco Vega

​La intención del grupo Félix Santiago Melián de instalar una planta de biogás en la comarca noroeste de Gran Canaria, a escasos 500 metros de la población, ha dejado claro un concepto fundamental: solo el pueblo salva al pueblo.

​Ante los intentos de enredar este asunto, conviene refrescar la memoria para que la opinión pública conozca con exactitud quién ha hecho qué en cada momento.

​La primera solicitud del proyecto, tramitada a través de Conagrican S.L. (del grupo F.S.M.), la recibió el anterior grupo de gobierno liderado por Pedro Rodríguez, en el que también participaba el actual alcalde, Alfredo Gonçalves. La respuesta institucional ante la solicitud fue positiva. Nadie pareció advertir en aquel momento el impacto ni la peligrosidad de ubicar una instalación industrial de estas características junto a las viviendas.

​La primera acción del actual equipo de gobierno consistió en fotografiarse junto a los representantes del grupo empresarial durante la presentación del proyecto, nada menos que en el salón de plenos del Ayuntamiento de Guía, acompañada de un comunicado oficial elogioso para el proyecto. Tampoco eran conscientes entonces del alcance y el daño del proyecto sobre la población. Tampoco los técnicos, parece ser, supervisaron convenientemente el proyecto.

​A partir de ahí, los vecinos, tras documentarse y reunirse alarmados por la gravedad del proyecto, iniciaron un peregrinaje por las distintas administraciones. La respuesta mayoritaria fue el silencio. En la primera reunión con el alcalde de Santa María de Guía, este llegó a manifestar que "él era un árbitro" y que "no podía hacer nada". La cita con el alcalde de Gáldar resultó igualmente frustrante: "Yo no puedo meterme en las cosas de Guía, tengo muchos calderos al fuego", argumentó.

​Ante el desamparo institucional y una oposición municipal que ni estaba ni se la esperaba, fuimos los propios vecinos quienes tuvimos que presionar para la convocatoria de un pleno extraordinario. Tras concentraciones de protesta frente al Ayuntamiento y el frontis de la iglesia, el pleno de Guía rechazó por unanimidad la instalación de la planta de biogás. Sin embargo, tras esa votación, ningún responsable político ha vuelto a mover un solo dedo en defensa de la población.

​Desde entonces, la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya ha asumido en solitario un trabajo titánico: revisión de expedientes, peticiones de documentación al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y a diversas consejerías del Gobierno de Canarias, casi siempre con el silencio como respuesta, además de coordinar asesoramiento técnico y legal.

​Mientras tanto, el promotor continúa trabajando para materializar su objetivo, impulsado por millonarias subvenciones europeas que alimentan este perjuicio colectivo, respaldado ahora de forma incomprensible por la Consejería de transición ecológica del Gobierno Canario, en manos del Partido Popular.

​Los vecinos ya han demostrado que son capaces de frenar este abuso, dejando al descubierto quiénes son serios y responsables, y quiénes intoxican y confunden. 

La Atalaya y la comarca noroeste no pueden convertirse en el vertedero de Gran Canaria. 

En vísperas electorales, la clase política deberá posicionarse con claridad (TODOS): defender la salud y la seguridad de los vecinos del Norte o alinearse con los intereses económicos del poderoso grupo empresarial.

El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA, por Paco Vega.

 

El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA

Por Paco Vega.

El 4 de enero de 1979, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar uno de los accidentes laborales más trágicos de la historia reciente de Canarias. En la fábrica de Hijos de Ángel Ojeda, en El Rincón, once trabajadores perdieron la vida en una fosa séptica cuando intentaban auxiliarse unos a otros.

La tragedia se produjo por la acumulación de gases peligrosos en un espacio confinado. Uno de los trabajadores descendió a la fosa y quedó intoxicado. Al comprobar lo sucedido, varios compañeros intentaron rescatarlo, sin disponer del equipo de protección adecuado y sin conocer la concentración de gases existente en aquel lugar. Uno tras otro, los intentos de auxilio acabaron convirtiéndose en una tragedia colectiva.

Un total de 11 trabajadores perdieron la vida de forma prácticamente instantánea debido a la anoxia y la inhalación de gases tóxicos. El heroísmo y la solidaridad de los trabajadores convirtieron la emergencia inicial en una tragedia múltiple, ya que cada intento de auxilio sumó una nueva víctima.

Entre los gases que pueden generarse durante la descomposición anaeróbica de materia orgánica se encuentran el sulfuro de hidrógeno (H2​S), el metano (CH4​), el dióxido de carbono (CO2​) y el amoniaco (NH3​), además de otros compuestos. En determinadas concentraciones, algunos de estos gases pueden resultar extremadamente tóxicos, desplazar el oxígeno o generar atmósferas inflamables, especialmente en espacios confinados.

Dos de los trabajadores fallecidos eran naturales de La Atalaya de Guía, de 18 y 21 años respectivamente.

Casi medio siglo después, aquella tragedia continúa formando parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Y precisamente por ello resulta inevitable preguntarse qué hemos aprendido de aquel accidente, de la prevención de riesgos laborales y de la protección a la vida humana cuando se plantea la instalación de determinadas actividades industriales en las proximidades de núcleos de población habitados.

Una preocupación que vuelve a La Atalaya

La cuestión adquiere especial relevancia ante el proyecto de instalación de una planta de biogás en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM), en una zona situada en la frontera municipal de Guía y Gáldar, muy próximo a la población (500 metros).

Una planta de biogás utiliza —de forma artificial— en sus procesos de digestión anaerobia y producción de biogás muchos de los elementos que intervinieron en aquel desgraciado accidente de 1979. Estos procesos contienen principalmente metano y dióxido de carbono y pueden contener, dependiendo de las materias primas y del proceso, otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno. El metano, además, es inflamable y puede generar riesgos de incendio o explosión.

Esto no significa, naturalmente, que una planta de biogás sea equivalente a una fosa séptica sin medidas de seguridad ni que vaya necesariamente a reproducirse un accidente como el de 1979, pero la coincidencia de gases implicados en el proceso hace inevitable retrotraernos a aquel fatídico suceso.

Los cuatro elementos citados (H2​S, CH4​, CO2​ y NH3​) forman parte del proceso de funcionamiento e interacción de las plantas de biogás como la que quieren instalar en La Atalaya que, a pesar de la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Santa María de Guía —por la fuerte oposición vecinal y por las numerosas irregularidades observadas—, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Canario sigue haciendo guiños incomprensibles y dando certificaciones al proyecto de instalación de la citada planta, poniendo en juego la vida, la salud y la calidad de vida de los vecinos del Norte de Gran Canaria.

¿Es razonable la ubicación?

Según las alegaciones y preocupaciones expresadas por los vecinos, no debe instalarse una planta tan próxima al núcleo poblacional, además de los numerosos “espacios y equipamientos sensibles” que forman parte de la vida cotidiana de la población.

También se ha señalado la proximidad de la instalación al antiguo vertedero (100 metros), que permanece sellado, así como las características del intenso viento de la zona y la posible afección derivada de los olores y del transporte de las materias primas necesarias para alimentar la planta. Circunstancias que quedaron fuera de la certificación de impacto ambiental, simplificada en lugar de ordinaria para una instalación industrial de estas características. Son cuestiones que, a mi juicio, no pueden despacharse afirmando que la instalación cumplirá la normativa. Cuando una actividad industrial se pretende ubicar cerca de una población, la pregunta no debe ser únicamente si puede autorizarse legalmente, sino también si es la ubicación más adecuada desde el punto de vista de la seguridad, la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Y, sobre todo, si existen alternativas de ubicación que permitan desarrollar la actividad con menores riesgos y molestias para la población.

La responsabilidad de las administraciones

El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha denegado la licencia municipal del proyecto, en un contexto marcado por una fuerte oposición vecinal y por las cuestiones e irregularidades que, según se ha denunciado, rodean al expediente. Sin embargo, la tramitación administrativa continúa generando preocupación entre los vecinos, que observan con inquietud determinadas actuaciones y pronunciamientos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

La Administración tiene la obligación de actuar con independencia, rigor y transparencia. No basta con decir que una instalación es legal o que cumple determinados parámetros técnicos. La población tiene derecho a ser escuchada.

La citada empresa FSM pretende acercar a La Atalaya de Guía —en la frontera municipal de Guía y Gáldar— una industria que trabaja con los mismos elementos tóxicos y peligrosos que causaron la muerte a once trabajadores en el año 1979 en la factoría de “Los Ojeda”, con al menos cuatro elementos químicos que son peligrosos en altas concentraciones, pero que incluso a bajas proporciones causan serios problemas para la salud de las personas.

No han tenido en cuenta, a pesar de conocer los riesgos, la proximidad al cercano núcleo de La Atalaya; la ventosidad de la zona, lo que agravaría las consecuencias de cualquier escape de gases y los malos olores; ni la proximidad -100 metros- al antiguo vertedero de la localidad (sellado desde hace 14 años, pero sin control ni supervisión alguna), lo que multiplicaría el riesgo en caso de cualquier fuga o explosión.

No queremos experimentos

Cuarenta y siete años después del accidente de Conservas Ojeda, dos de cuyas víctimas eran jóvenes de La Atalaya, resulta especialmente doloroso contemplar nuevamente un proyecto industrial que suscita preocupación entre los vecinos de la zona. No se trata de afirmar que una planta de biogás vaya necesariamente a provocar una tragedia como la de 1979. Sería irresponsable establecer una equivalencia automática entre ambas situaciones. Se trata de algo mucho más sencillo: no queremos que la seguridad de una población dependa de que nunca ocurra un accidente.

Una llamada a la responsabilidad

La empresa promotora debería escuchar las reivindicaciones de los vecinos y reconsiderar la ubicación del proyecto, existiendo alternativas razonables que reduzcan los riesgos y molestias para la población.

No se trata de estar en contra del desarrollo económico ni de la producción de energías. Se trata de defender un principio elemental: el desarrollo industrial debe ser compatible con la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven junto a las instalaciones.

Por eso también reclamamos al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos afectados —Guía y Gáldar— que escuchen a la ciudadanía y actúen con la máxima transparencia e independencia.

La Atalaya no quiere convertirse en un campo de pruebas. Y mucho menos quiere que, cuarenta y siete años después de una tragedia que costó la vida a once trabajadores, tengamos que preguntarnos si aprendimos algo de todo aquello. 

La seguridad de los vecinos no puede ser una cuestión secundaria frente a ningún interés económico.

Canarias en venta: pactos, sillones y abandono, por Paco Vega

 

Canarias en venta: pactos, sillones y abandono

Por Paco Vega

Las derechas canarias han vuelto a tomar las riendas del Gobierno de Canarias a pesar de haber perdido las elecciones por casi 47.000 votos. Una paradoja que vuelve a poner de manifiesto que, para algunos, la voluntad expresada en las urnas parece tener una importancia relativa cuando llega la hora de repartir poder y cargos. Y, sobre todo, cuando lo que está en juego es mantener un modelo que sigue beneficiando a quienes más tienen, mientras una parte cada vez mayor de la población canaria tiene dificultades para acceder a una vivienda, disfrutar de unos servicios públicos de calidad o, sencillamente, desarrollar su proyecto de vida en las islas.

Al mismo tiempo, las puertas de numerosos gobiernos municipales se han abierto a la extrema derecha. Una normalización que puede terminar sirviendo de antesala a futuros acuerdos autonómicos si las cuentas electorales lo permiten. Mientras tanto, los problemas que afectan directamente a la ciudadanía siguen esperando: la protección del territorio y del medio ambiente, la saturación de las islas, el crecimiento poblacional, la calidad de las aguas, la vivienda, los servicios públicos y un modelo turístico que muestra cada vez más síntomas de agotamiento.

Quienes han gobernado Canarias durante décadas no pueden desentenderse de las consecuencias de sus propias políticas. La situación actual no es fruto de la casualidad. Es el resultado de decisiones acumuladas durante años y de un modelo de desarrollo que, con demasiada frecuencia, ha colocado los intereses económicos por delante del bienestar de quienes vivimos aquí.

Pero el esperpento político no termina en la derecha. La llamada progresía nacionalista también atraviesa una profunda crisis, marcada por la aparición de una nueva formación surgida de una ruptura interna. Sus dirigentes reniegan de las siglas con las que concurrieron a las elecciones, pero mantienen los cargos y responsabilidades que obtuvieron gracias a ellas y a los votos de quienes las respaldaron.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede justificarse que unos candidatos concurran a unas elecciones bajo unas determinadas siglas, obtengan representación, gobiernos y cargos gracias a esos votos y, a mitad de legislatura, decidan cambiar de formación sin renunciar a las responsabilidades que adquirieron? Una cosa es cambiar de proyecto político de cara a unas nuevas elecciones; otra muy distinta es hacerlo durante el mandato y conservar intactos los cargos obtenidos bajo las siglas anteriores.

El esperpento aumenta cuando estos mismos dirigentes, que continúan presentándose como progresistas, anuncian acuerdos con la derecha nacionalista: la misma que gobierna Canarias junto a la derecha estatal y que ha alcanzado pactos de gobierno con la extrema derecha en varios municipios de las islas.

Resulta difícil entender semejante pirueta política si no se tienen en cuenta las expectativas personales de quienes la protagonizan. Mientras a sus nuevos compañeros y a la ciudadanía se les habla de la necesidad de unir el voto nacionalista, algunos movimientos parecen apuntar hacia un objetivo mucho más concreto: dar el salto a Madrid y alcanzar un escaño en el Congreso de los Diputados.

Si ese fuera el verdadero objetivo, el riesgo es evidente: que los intereses de Canarias vuelvan a convertirse en moneda de cambio de estrategias personales. Gran Canaria, y Canarias en su conjunto, no pueden quedar subordinadas a las aspiraciones electorales de ningún dirigente.

Mientras unos hacen cuentas para decidir dónde colocarse, Canarias sigue esperando soluciones. La vivienda continúa siendo uno de los grandes problemas de la ciudadanía; el territorio soporta una presión creciente; los servicios públicos necesitan respuestas y el modelo turístico exige un debate serio sobre sus límites y consecuencias.

Esa es quizá la verdadera paradoja. Se prometieron soluciones, progreso y defensa de los intereses de Canarias, pero demasiadas decisiones parecen responder antes a las necesidades de los partidos y de sus dirigentes que a las de la sociedad.

En este escenario, las grandes empresas con capacidad para condicionar el territorio y el modelo económico de las islas siguen teniendo una enorme influencia. Las decisiones adoptadas en los últimos años hablan por sí solas: decisiones que, demasiado a menudo, parecen hacerse en perjuicio de Canarias y de los canarios.

Canarias necesita dirigentes serios, responsables y comprometidos con el interés general. Personas para las que «Canarias sea lo primero» no sea un simple lema electoral, sino un principio de actuación.

Porque Canarias no puede seguir siendo la moneda de cambio de pactos, sillones e intereses particulares. No puede ser el territorio que unos negocian, otros abandonan y algunos utilizan como trampolín para sus ambiciones políticas.

Canarias merece algo tan sencillo como que quienes gobiernan sus islas gobiernen para sus ciudadanos. Que defiendan su territorio, su vivienda, sus servicios públicos y su futuro. Que los intereses de Canarias estén por encima de los intereses de partido y, sobre todo, por encima de las ambiciones personales.

Canarias no está en venta. Canarias no es un sillón, ni un pacto, ni un trampolín hacia Madrid. Canarias es nuestra tierra, nuestro presente y nuestro futuro. Y ya es hora de que quienes tienen la responsabilidad de gobernarla estén a la altura. 

¿De qué sirve hablar de sostenibilidad si se ignora a quienes viven al lado? por Paco Vega

¿De qué sirve hablar de sostenibilidad si se ignora a quienes viven al lado?

Hay algo que, como ciudadanos, cuesta entender.

Una gran empresa puede presentarse como abanderada de la sostenibilidad, participar en proyectos financiados con fondos europeos para el ahorro de agua y la modernización del sector agrícola y proyectar una imagen de compromiso medioambiental.

Pero, al mismo tiempo, mantener su apuesta por una planta de biogás a escasos metros de zonas residenciales, pese a la preocupación y el rechazo de los vecinos de La Atalaya y alrededores.

Olores, tráfico pesado, posibles molestias, preocupación por la calidad de vida y por el valor de las viviendas… ¿De verdad todo esto puede quedar relegado a un segundo plano en nombre de la transición ecológica?

La sostenibilidad no puede ser solamente producir energía renovable. También significa respetar a las personas y al territorio donde se implantan los proyectos.

Y las instituciones tampoco pueden mirar hacia otro lado.

Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía. No basta con decir que un expediente es competencia de otra administración o refugiarse en la “neutralidad técnica”. Cuando existe una preocupación social tan evidente, los representantes públicos deberían escuchar, posicionarse y defender el interés general.

El conflicto de la planta de biogás promovida por Conagrican (Grupo Félix Santiago Melián), en el límite entre Santa María de Guía y Gáldar, pone sobre la mesa una cuestión muy sencilla:

¿Por qué no buscar una ubicación industrial o suficientemente alejada de los núcleos habitados?

La Plataforma Stop Biogás / La Atalaya está diciendo:

“Sí a la transición ecológica, pero no a cualquier precio y no en cualquier lugar.”

Porque una instalación puede ser sostenible desde el punto de vista energético y, sin embargo, convertirse en un problema social si se ubica junto a viviendas.

La ciudadanía tiene derecho a ser escuchada.

Y cuando las instituciones y las empresas no escuchan, la organización vecinal, la movilización y la presión social se convierten en la herramienta legítima para defender el territorio y la calidad de vida.

Tarazona, de residencia pública a negocio privado, por Paco Vega

 

La reciente licitación de la gestión integral del Centro Sociosanitario de Tarazona debería llevarnos a una reflexión que va más allá de la satisfacción por ver, por fin, avanzar un proyecto tan necesario para nuestros mayores. Especialmente porque hablamos de un servicio público que durante años formó parte de nuestro patrimonio social.

El Ayuntamiento de Guía ha sacado a concurso la gestión del centro por 8,5 millones de euros para sus dos primeros años, 2027 y 2028. Tarazona contará con 145 plazas: 94 residenciales y 51 de centro de día. La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral, incluyendo atención residencial, servicios asistenciales, sanitarios básicos, sociales, rehabilitación, terapia ocupacional, manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y recepción.

Y ante esta decisión creo que los vecinos tenemos derecho a preguntarnos:

¿Era este el modelo que queríamos para Tarazona?

Una residencia pública

Tarazona no nació como un negocio privado. Fue concebida como un servicio público para nuestros mayores.

Durante años se trabajó para conseguir los terrenos, la financiación y la construcción de una nueva infraestructura. Según los datos difundidos ahora por Juntos por Guía, la inversión alcanzó 8,8 millones de euros, de los que unos 7,3 millones correspondieron al nuevo edificio y su equipamiento y 1,5 millones a la mejora e integración de la antigua residencia.

Después llegaron los retrasos y el edificio permaneció sin prestar el servicio para el que había sido construido.

Ahora, tras años de espera, conocemos el modelo elegido: el edificio sigue siendo público, pero su gestión integral se entrega a una empresa privada.

Y ahí es donde está mi discrepancia.

No cuestiono que la titularidad siga siendo municipal ni que el Ayuntamiento conserve las funciones de supervisión y control. Lo que cuestiono es que, después de invertir millones de euros públicos en construir y equipar un recurso destinado a nuestros mayores, la prestación cotidiana del servicio se externalice íntegramente.

Nuestros mayores no son un negocio

Estamos hablando de personas mayores, muchas de ellas dependientes. Personas que necesitan ayuda para comer, asearse, desplazarse, rehabilitarse o realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Por eso creo que el criterio fundamental debe ser siempre el bienestar de la persona.

No afirmo que una empresa privada vaya necesariamente a prestar un mal servicio. Pero sí considero legítimo preguntarnos si la atención a nuestros mayores debe estar sometida a una lógica empresarial o si, por el contrario, debe ser gestionada directamente por la Administración cuando la infraestructura y los recursos son públicos.

Una empresa tiene legítimamente una finalidad económica. La Administración tiene la obligación de garantizar derechos y servicios de interés general.

Y cuando hablamos de cuidados, creo que el beneficio económico nunca debería estar por delante del bienestar de las personas.

8,5 millones y una pregunta fundamental

Los 8,5 millones corresponden únicamente al período inicial de dos años. El expediente contempla además posibles prórrogas y modificaciones, por lo que estamos ante una contratación de una dimensión económica considerable.

Por eso hay una pregunta que considero imprescindible:

¿Se ha comparado realmente el coste de la gestión privada con el de una gestión pública directa?

El argumento de que actualmente el Ayuntamiento no dispone de los medios humanos y organizativos necesarios para gestionar directamente Tarazona puede explicar una dificultad, pero no responde a otra cuestión:

¿Por qué no crear esos medios públicos?

Si faltan gerocultores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de limpieza o cocina, ¿la única alternativa posible es contratar una empresa privada?

Creo que esa es una decisión política y que los vecinos merecemos conocer las alternativas que se estudiaron antes de tomarla.

¿Qué ha cambiado?

Hay además una cuestión política que no debería olvidarse.

Alejandro Rivero, actual concejal de Política Social, y la mayoría de los concejales del actual grupo de gobierno estaban en la oposición cuando se criticaban determinadas externalizaciones de servicios municipales.

En mayo de 2024, Rivero participó, como representante del Partido Popular, en un documento conjunto de los grupos de la oposición que denunciaba el «abuso de la externalización o cesión de servicios públicos municipales» e incluía entre los asuntos señalados la Residencia de Mayores Tarazona.

Hoy, desde el Gobierno municipal, defiende la licitación y habla de un “modelo público” cuando no lo es.

¿Qué ha cambiado en la posición de quienes defendían determinados planteamientos desde la oposición y ahora los gestionan desde el Gobierno?

Porque una cosa es que Tarazona sea una infraestructura pública y otra que su gestión sea pública.

Tarazona la hemos pagado entre todos

Me alegro sinceramente de que Tarazona vaya a abrir. Me alegro por nuestros mayores, por sus familias y por quienes necesitan una plaza.

Pero alegrarse por la apertura no obliga a aceptar cualquier modelo de gestión.

Yo defiendo que Tarazona sea pública de verdad, también en su gestión.

Quiero que el dinero público destinado a nuestros mayores se traduzca fundamentalmente en más y mejores cuidados, mejores condiciones para los trabajadores, más atención y más calidad de vida.

Después de tantos años, tantos retrasos y tantos millones invertidos, creo que nuestros mayores merecen algo más que una buena infraestructura. Merecen un servicio público pensado fundamentalmente para ellos.

Porque Tarazona la hemos pagado entre todos.

Y si la hemos pagado entre todos, el principal beneficio debería ser también para todos: para nuestros mayores, para sus familias y para nuestra comunidad; no para convertir sus cuidados en una oportunidad de negocio.

¿Y qué pasó con ellos?

Y llegados a este punto, hay dos cuestiones que tampoco deberíamos olvidar:

1. ¿Qué pasó con los mayores que tuvieron que salir de Tarazona para poder acometer las obras de remodelación de la antigua residencia?

¿En qué condiciones se produjo su salida? ¿Cómo afectó a esas personas el traslado y la ruptura de su entorno habitual? Lamentablemente muchos ya no están para contarlo.

2. ¿Qué pasó con los trabajadores municipales de la antigua residencia?

¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué papel tendrán ahora en el nuevo centro? ¿Por qué no se habla de ellos?

Son preguntas que también forman parte de la historia de Tarazona y que merecen una respuesta.

Porque detrás de las obras, de los contratos y de las cifras hay personas.

Personas mayores que tuvieron que dejar su residencia.

Trabajadores que durante años prestaron un servicio público.

Y familias que llevan demasiado tiempo esperando.

Las sombras de la violencia machista: la mentira como arma de control y aislamiento, por Paco Vega

 

Por Paco Vega

Esta semana hemos vuelto a constatar la gravedad de la violencia machista cuando no se aborda con la urgencia y firmeza debidas. La muerte de una mujer Guardia Civil, víctima de su exmarido —también Guardia Civil y condenado previamente por violencia de género—, ha vuelto a llenar los medios de titulares y lamentos. La realidad se traduce con demasiada frecuencia en tragedias tangibles porque siguen existiendo lagunas legales en las que los agresores encuentran refugio.

​Sin embargo, antes de llegar a esos desenlaces trágicos, existe un largo historial de agresiones invisibles que suelen pasar desapercibidas para el entorno cercano y para los propios operadores jurídicos y policiales. La mentira, cuando se utiliza de manera sistemática y deliberada tras la ruptura, se convierte en una forma severa de maltrato psicológico. Su objetivo no es otro que alterar la percepción de la realidad de la víctima, minar su credibilidad ante la sociedad y mantener un vínculo perverso de control y castigo.

​Difamación y triangulación social

​En este proceso, el agresor recurre con frecuencia a la difamación ante la familia, las amistades, el entorno laboral o las redes sociales. El propósito es aislar a la víctima, destruir su reputación y posicionar a su círculo en su contra en una búsqueda ciega de venganza por su propio orgullo herido. Frente a esto, la función del entorno familiar y social debe ser siempre la de arropar a la víctima, aun cuando no se comprenda toda la complejidad del proceso. Mañana pueden ser nuestras madres, hermanas o hijas las afectadas.

​Lamentablemente, en ocasiones son otras mujeres las que colaboran de forma indirecta con esta violencia: personas que se creen a salvo de estos patrones y que juzgan a la víctima con displicencia, culpabilizándolas por «permitir» el maltrato. Esta incomprensión, nacida de la ignorancia sobre las dinámicas del abuso, termina multiplicando el daño. Y cuando finalmente se consuma el impacto irreversible sobre la vida o la salud mental de la víctima, la sociedad se lamenta y busca culpables.

​Para romper este ciclo, resulta imprescindible abordar el problema desde la raíz: falta implantar un tratamiento psicológico obligatorio para estos agresores —a menudo reincidentes— que permita desactivar la manipulación y el control coercitivo antes de que se traduzcan en una tragedia irreparable.

LA EXTREMA DERECHA QUE NUNCA SE FUE Por Paco Vega.

 

LA EXTREMA DERECHA QUE NUNCA SE FUE

Por Paco Vega.

La extrema derecha que nunca se fue ahora viene de la mano de «los nuestros», retorciendo mensajes y asumiendo pactos imposibles.

Cada día leo a personas de mi entorno compartiendo los bulos que inundan las redes. Como no puedo ir uno por uno a intentar que abran los ojos, escribo en general, sin dirigirme a nadie para no molestar... aunque sé bien que a los más manipulados se les revuelven las tripas. Ya lo decía la frase: «Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado». Da igual el nivel de estudios obtenido o el estatus de vida alcanzado, la manipulación se sirve en bandeja para que sea consumida masivamente.

Acercarse a la historia de este país exige rigor. Hacen falta muchas lecturas y contraste para que ni cuarenta años de dictadura ni otros cuarenta de equidistancia borren la verdad: fueron cuatro décadas de represión, adoctrinamiento y dolor. Lo grave es el retroceso que se avecina. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde la extrema derecha se ha hecho fuerte, en las que se desmantela el Estado y el estado de derecho, sin pudor.

Lo fácil es consumir la mentira enlatada de ciertos medios y redes que nos dictan qué pensar y a quién culpar. No se trata de dogmas ni de tomar partido, sino de buscar información rigurosa sobre lo que pasó y lo que pasa hoy. Algo difícil en el país del bulo.

El riesgo real es la pérdida de libertades. La clase trabajadora y los pensionistas no están blindados frente a esto. Hay sectores financiados por los grandes poderes económicos, cada vez más, que necesitan embaucar a la mayoría social para ganar las urnas y desmantelar derechos, con el único fin de concentrar más riqueza.

Debemos estar muy atentos. Si la historia se repite, no dudarán en pisar a quienes les estorben, incluidos los que hoy les aplauden entusiastas. 

Esto no es un pique deportivo entre cervezas; nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Canarias y el nacionalismo de cartón-piedra, por Paco Vega.

Canarias y el nacionalismo de cartón-piedra.

Por Paco Vega.

​Resulta contradictorio que Junts —antaño Convergència i Unió— (a quien la derecha española está beneficiando, al victimizarla en exceso) pretenda liderar una «independencia» de Cataluña mientras vota sistemáticamente en los parlamentos junto a las derechas, y por tanto, en contra de la mayoría social. Una aventura de esta envergadura jamás podría consolidarse sin el respaldo de una amplia base popular. En mi opinión, es un error estratégico que han cometido tanto Junts en Cataluña como el PNV en el País Vasco: formaciones marcadamente de derecha, cuyas políticas benefician única y exclusivamente a una minoría adinerada. ¿De verdad creen que van a convencer a la ciudadanía defendiendo los privilegios de las grandes empresas?

​Hablamos de Cataluña, una comunidad con una autonomía de primer nivel —perteneciente a las llamadas «nacionalidades históricas»—, con marcado carácter identitario.

​Si trasladamos este ejemplo a Canarias, vemos la otra cara de la moneda: una región que apenas ha reivindicado su especificidad, a pesar de que la lejanía, la condición archipiélagica y su más que evidente condición colonial le dan razones de peso para exigir el máximo grado de autogobierno. Sin embargo, nuestros representantes políticos de entonces —timoratos o fieles cipayos de los partidos nacionales, cuando no ocupados en los negocios de unos pocos— y los de ahora, nos vienen dejando a la cola de todo.

​Si alguien tiene motivos sobrados para estar, al menos, en ese primer nivel autonómico, es Canarias, para quien el autogobierno —en todos los sentidos— se ha convertido en una necesidad.

​Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿por dónde habría que empezar para conseguir un autogobierno real, habida cuenta del inmenso abismo que nos separa de los llamados territorios históricos? ¿Acaso beneficiando a esa minoría adinerada, como se ha venido haciendo en las islas durante los últimos 40 años, o empoderando a una mayoría social desencantada y habitualmente abstencionista?

«Los que mandan no se presentan a las elecciones» , por Paco Vega

 «Los que mandan no se presentan a las elecciones»

Por Paco Vega

​Es curioso cómo las ayudas sociales de subsistencia —las mal llamadas "paguitas"— desatan ríos de tinta y críticas feroces, mientras se mantiene un silencio sepulcral sobre los miles de millones de dinero público que van directos a los bolsillos de las grandes corporaciones. 🤫💸

​Va siendo hora de poner nombres, apellidos y cifras claras al dinero de todos que financia a los de siempre.

​El ejemplo perfecto lo sufrimos en Canarias con los fondos Next Generation. Bajo un sutil "maquillaje verde" de sostenibilidad, estas millonarias ayudas europeas terminan financiando macroproyectos que agreden directamente a nuestra tierra, nuestros pueblos y nuestro medioambiente. 🌍📉

​¿Y quién lo permite? La actual administración autonómica, en manos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que sigue respaldando industrias tóxicas para la población escudándose en informes técnicos "a la carta".

​Pero la cosa no acaba ahí. Mientras el territorio se ahoga, ya vemos a otros actores políticos frotándose las manos y firmando pactos de cara a las próximas elecciones con quienes hoy sostienen este modelo. Al final, todo cambia para que nada cambie.

​Seguimos atrapados en el eterno "andar de la perrita". Y es que, lamentablemente, se confirma la regla de oro: los que de verdad mandan en las islas... no se presentan a las elecciones.

​La situación se está poniendo muy fea para los canarios. La ciudadanía merece explicaciones y, sobre todo, memoria. 👇🏻

​#Canarias #Medioambiente #Transparencia #FondosEuropeos #Opinión #PolíticaCanaria #Tenerife #GranCanaria

Canarias y el bucle de las políticas vacías, por Paco Vega.

 

Canarias y el bucle de las políticas vacías.

Por Paco Vega.

A Teodoro Sosa se le ha quedado pequeña Gran Canaria e, incluso, el archipiélago entero. Su hiper-ego le conduce ahora a postularse como diputado nacional en el Congreso de los Diputados en Madrid. Su sueño húmedo es verse de portavoz en las Cortes al estilo de Gabriel Rufián, salvando las distancias. Las elecciones generales de principios del próximo año son su único y verdadero objetivo en este estrambótico acuerdo con Coalición Canaria; en caso de fracasar, su plan B ya está fijado en la lista regional de este conglomerado.

​No se presentará al Cabildo porque su ambición es demasiada para continuar de segundón, y Antonio Morales aún no ha terminado de "deshojar la margarita" en su deriva última de sorber y soplar al mismo tiempo. Tampoco competirá por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como ha intentado hacer creer; sabe perfectamente que no obtendría el respaldo suficiente y, además, la isla ya le aporta muy poco para tanto ego.

​Él aspira a volar alto y, por el camino, no dudará en entregar las islas a la derecha nacional y a la nacionalista tinerfeña. Se encuentra en un punto de no retorno, dispuesto a quemar las naves y a toda Canarias si hiciese falta, mientras se jacta de proclamar su falso progresismo a los cuatro vientos. Todos aquellos que hoy hacen seguidismo de sus exabruptos y disparates verbales pasarán a ser prescindibles una vez que él consiga su objetivo, terminando engullidos por la derecha nacionalista.

​El escenario para la próxima legislatura autonómica ya está diseñado bajo un pacto entre CC, PP y Vox, cuyo ensayo general ya estamos viendo en los Ayuntamientos de Granadilla de Abona, Arona y Teguise.

​Los canarios deberíamos, de una buena vez, dar un puñetazo en la mesa para que esta clase política —que solo atiende a su ego y a su ascenso personal— desaparezca definitivamente del tablero político. Deberíamos dar un giro de 180° a la política canaria. Treinta años más de políticas vacías de la mano de Coalición Canaria no van a cambiar el atraso histórico que soportamos, ahora agravado por el tándem PP-Vox y los juegos florales de Primero Canarias.

Debemos aspirar a una clase política que deje de gobernar para los de siempre y comience a mirar por los canarios y su futuro. Estamos cansados de políticas vacías, promesas y mentiras. Los canarios tenemos problemas exclusivos que requieren de respuestas urgentes. Lo que no necesitamos son actitudes prepotentes ni genuflexas; prepotentes charlatanes elevados al olimpo de la arrogancia y genuflexos de mano tendida. El autogobierno de políticas reales se ha convertido en una necesidad urgente.

El descrédito del Grupo Félix Santiago Melián, por Paco Vega

 

Fotografía publicada originalmente en InfonorteDigital

El descrédito del Grupo Félix Santiago Melián

Por Paco Vega.

​El Grupo Félix Santiago Melián está demostrando una preocupante paradoja: la posesión de ingentes recursos económicos combinada con una alarmante miopía estratégica. Mientras la compañía invierte millones de euros en campañas de publicidad y patrocinios para lavar su imagen pública, sus acciones sobre el terreno reflejan una soberbia y una falta de sensibilidad social que dinamitan cualquier intento de construir una reputación sólida. De haberse manejado con un mínimo de humanidad y perspectiva, estas cuestiones elementales habrían reportado a la empresa un valioso respaldo comunitario; un activo que ellos mismos se han encargado de destruir.

​Es evidente que el dinero y las redes de influencia abren muchas puertas, pero la pura sensatez empresarial dicta que el prestigio social no se compra con talonario. En el norte de Gran Canaria, la firma acumula actualmente dos conflictos abiertos que resultan social y éticamente insostenibles:

​Por un lado, asistimos al desahucio de unos almacenes abandonados propiedad de la empresa, una medida ejecutada de forma inflexible y sin ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables que allí se refugiaban. Por otro, se mantiene el empecinamiento en construir una planta de biogás colindante a uno de los núcleos más poblados de Santa María de Guía. Este último proyecto cuenta no solo con el rechazo frontal y masivo de los vecinos, sino con la oposición unánime de la corporación municipal, que ya denegó la preceptiva licencia administrativa.

​La dirección de la empresa parece atrapada en la vieja creencia de que el capital y las conexiones políticas bastan para doblegar voluntades. Sin embargo, no parecen calibrar el profundo reguero de indignación que están sembrando en la comarca norteña, un malestar que ya amenaza con extenderse al resto del archipiélago. El descrédito reputacional que están sufriendo no se soluciona con parches de marketing ni patrocinios de lavado de cara.

​Félix Santiago Melián tiene la oportunidad de dar un giro de 180 grados en ambos frentes. Rectificar, escuchar a la ciudadanía y respetar los entornos habitados les reportaría el respeto y la admiración de la población; un reconocimiento legítimo que, además, no cuesta dinero. Cabe esperar que en las altas esferas de la compañía se imponga finalmente la cordura y la responsabilidad social, puesto que la empatía, hasta la fecha, ha brillado por su ausencia.

Fondos europeos y territorio: un verano para estar atentos, por Paco Vega.

 

¡Cuidado! La época estival, sinónimo de descanso y fiestas, es también el momento perfecto para que nos metan un "gol por la escuadra". Y no hablo del Mundial, precisamente.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, acaba de celebrar la IX Mesa de Energías Renovables. Según la nota oficial, fue un "encuentro de trabajo" para analizar el estado de los proyectos energéticos, la ejecución de los fondos europeos y las medidas para acelerar la implantación de renovables. Pero, ¿qué se está cocinando realmente ahí?

La experiencia de los últimos años invita a mantenerse en guardia ante la posible fragua de una "Declaración de Interés Público o Social". Este acto administrativo es la herramienta legal mediante la cual la administración reconoce que una obra aporta un beneficio prioritario para la colectividad. No es una etiqueta de "buenas intenciones"; tiene consecuencias legales y urbanísticas de gran calado:

• 1.- Puerta abierta al suelo prohibido: Permite otorgar licencias en terrenos donde el plan urbanístico normalmente no contempla ese uso.

  2.- Vía libre a la expropiación: Es el paso previo obligatorio para que la administración pueda obligar a un propietario a vender sus terrenos para, por ejemplo, una línea de alta tensión o una planta de biogás. Sin esta declaración, las leyes de protección del territorio serían un obstáculo insalvable.

  3.- Blindaje y rapidez: Justifica el gasto de dinero público y, a menudo, acelera los plazos burocráticos apelando a la urgencia.

En resumen, es la herramienta perfecta para decir: "Esta obra es tan importante que está justificado saltarse las leyes de protección del suelo". Una maniobra con la que se sortearía, además, cualquier denegación de licencias previa a dicha declaración.

Ante esta hipótesis, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué la tan nombrada descarbonización se ejecuta de espaldas a la protección del paisaje y de los ciudadanos? ¿Por qué el Gobierno de Canarias se echa en brazos de las eléctricas y promotores —agresores habituales del territorio— en lugar de proteger nuestra tierra? ¿Por qué este pacto de gobierno actúa más como un lobby empresarial que como una administración seria y defensora del interés general?

Los grandes poderes económicos no están por la labor de dejar escapar los actuales fondos Next Generation, el mayor paquete de estímulo de la Unión Europea, aunque sea a costa de destrozar Canarias. No es casualidad que estas decisiones dependan de la Consejería de Mariano Hernández Zapata, responsable de la tramitación de buena parte de estos proyectos. Nuestra experiencia indica que estos acuerdos suelen favorecer a las grandes empresas energéticas, mientras que los intereses territoriales quedan relegados a un segundo plano o, directamente, desaparecen.

Canarias necesita una transición energética, sí, pero no cualquier transición. La lucha contra el cambio climático no puede ser la coartada para degradar el territorio, sacrificar el paisaje o pisotear los derechos de las comunidades afectadas. Si hablamos de interés público, este debe medirse por el beneficio real de la sociedad canaria, no por la rentabilidad de unos pocos.

Conviene permanecer muy atentos porque, como dice el refrán: los veranos los carga el diablo.

El extraño amancebamiento nacionalista, por Paco Vega.

 

El extraño amancebamiento nacionalista.

Por Paco Vega.

El panorama político preelectoral debería invitarnos a la polarización, a la creación de trincheras de ideologías incompatibles, especialmente cuando la comparativa es con la extrema derecha. Sin embargo, vemos un peligroso acercamiento de determinadas formaciones nacionalistas canarias a los mensajes y las formas de aquellos, así como la naturalidad con la que se asume el comportamiento contradictorio de determinados seguidores nacionalistas, entusiastas de unos y de otros. El blanqueamiento y naturalización de la “antidemocracia”, que ya asoma la cabeza, es algo que debería preocuparnos. Sin embargo, parece ser que todo lo que pueda auparles o mantenerles en el poder les es válido en esta perversión de los más elementales valores democráticos. Lo que estamos presenciando en las islas con la confluencia de viejos y nuevos nacionalismos, de derechas y de “supuesto progresismo”, no es solo una coincidencia; es un peligroso síntoma de una misma afección política.

A primera vista, cualquier observador podría pensar que un movimiento que se autodenomina “nacionalista canario” debería situarse en las antípodas de la extrema derecha antidemocrática. Pero la realidad digital y sociológica pulveriza en Canarias los más elementales manuales de ciencia política. Resulta, cuanto menos, desconcertante comprobar cómo una masa significativa de seguidores transita con total naturalidad de la defensa de las esencias canarias a los postulados más extremos del fascismo. Los mismos perfiles, las mismas voces que ayer se proclaman guardianes del progreso identitario, comparten hoy el ecosistema digital de la derecha más rancia. ¿Cómo se explica que el "nacionalismo" y la extrema derecha compartan seguidores?

La respuesta no está en los programas electorales, sino en las vísceras. Ambos movimientos se alimentan de la misma materia prima: la fidelidad fanática y la renuncia al matiz. No se busca el debate de ideas, sino la adhesión incondicional. Esta fe ciega explica por qué esta flagrante contradicción ideológica no les genera el más mínimo cortocircuito mental.

Esta devoción casi mística nos lleva a otra de sus grandes coincidencias: la querencia por la religiosidad y el tradicionalismo. Ya sea bajo el manto de un catolicismo militante y nostálgico, o mediante la sacralización de la identidad local elevada a dogma de fe, ambas formaciones apelan a un sustrato espiritual e identitario que busca refugio en el pasado frente a las incertidumbres del presente. La política se convierte así en una experiencia de fe, donde los líderes no proponen soluciones técnicas, sino que actúan como sumos sacerdotes de una causa sagrada, algo que vemos con total descaro en las extremas derechas internacionales.

Y es precisamente ahí, en la sacralización de la política, donde se camufla su mayor carencia: el contenido real. Si uno rasca la superficie de la retórica inflamada de estos partidos, lo que encuentra es un vacío alarmante. Ambos comparten la ausencia de propuestas concretas para los problemas de la ciudadanía: la vivienda, el empleo, la sanidad, el medio ambiente, etc. Su discurso se reduce a consignas vacías, consignas que caben en un tuit o en un vídeo de pocos segundos enfocado en buscar culpables externos. Son expertos en canalizar el malestar, pero incapaces de gestionarlo. A fin de cuentas, ya empiezan a amancebarse en algunos ayuntamientos como preámbulo de la gran orgía política que se avecina en Canarias; “si Dios no lo remedia”.

No importa que uno agite la bandera de las islas y el otro la del centralismo antidemocrático; ambos operan bajo la misma lógica del populismo identitario, la vacuidad programática y el fervor dogmático. La pregunta que nos queda por hacernos es ¿por qué los seguidores más fervorosos de estos nacionalismos se sienten igualmente cómodos con las derechas extremas y sus postulados?

PARA HACÉRNOSLO MIRAR, por Paco Vega.

 

Lo más triste que he podido leer en estos días son los cuestionamientos de una mujer a la violación de otra. Las críticas o dudas sobre el "cómo" y el "por qué" de la víctima, en lugar del "qué", remarcan el machismo profundo asumido por una parte de nuestra sociedad, que cuestiona a la víctima en lugar del victimario... siempre que no sean ellas o las suyas, claro.

​Es una cuestión que toma especial relevancia cuando el agresor es un personaje famoso, situación en la que la víctima debe —además— asumir la agresión y "los tiempos" para no levantar las suspicacias de quienes, desde la falta de empatía, la señalarán siempre a ella en vez de al culpable.

Barrio a barrio, por Paco Vega

 

Barrio a Barrio.

Por Paco Vega.

Acudimos ojipláticos a una precampaña electoral insólita: precoz, desproporcionada y, sobre todo, llena de imposturas. Resulta llamativo ver a determinados partidos anunciar ahora visitas a los barrios a los que dieron la espalda durante años mientras gobernaban; barrios cuyos vecinos fueron ignorados, cuando no despreciados, desde la prepotencia y la altanería institucional.

Ahora dicen querer escuchar a la ciudadanía y conocer de cerca la realidad de los barrios, como si acabaran de aterrizar de otro planeta y no hubiesen gobernado durante décadas “manu militari”, con absoluto desdén hacia aquello que hoy pretenden reivindicar.

Hablan de necesidades vecinales, de participación y de proyectos de futuro; aseguran que ningún municipio puede construirse sin mirar a sus barrios. Sin embargo, cuando tuvieron responsabilidad de gobierno hicieron exactamente lo contrario.

El histórico ombliguismo político que todos practican, especialmente en este Norte grancanario, resulta tremendamente enfermizo. En pocas partes de Canarias se ha visto un abandono tan evidente de los barrios mientras las quejas vecinales eran recibidas con arrogancia, indiferencia y desdén.

Ahora intentan rellenar con discursos grandilocuentes lo que no supieron —o no quisieron— hacer cuando tuvieron poder. Descubren de repente que “los barrios tienen identidad, historia y sentimiento de pertenencia”; que merecen “respeto, cercanía y compromiso”; que “los vecinos deben formar parte de las decisiones que marquen el futuro”. Cuesta escuchar semejantes proclamas sin pensar en la enorme dosis de hipocresía que contienen.

Porque la realidad ha sido otra: servicios públicos deficientes, abandono cotidiano y precariedad permanente en muchos barrios. Eso sí, para recaudar impuestos nunca hubo diferencias ni olvidos.

Ahora prometen cercanía, escucha y compromiso. Dicen querer convertir las preocupaciones vecinales en propuestas útiles y realistas para que los ciudadanos vuelvan a sentirse tenidos en cuenta. ¿De verdad pretenden que olvidemos tan fácilmente?

Se creyeron intocables hasta que las urnas los devolvieron a la vulnerabilidad y, finalmente, a la oposición. Y ahora regresan con el viejo manual de promesas recicladas.

Incluso en asuntos especialmente graves para el futuro de todos, solo han actuado a base de la presión de los vecinos, nunca por iniciativa propia. Ninguno.

La triste realidad es que el refranero, a veces, termina cumpliéndose con una crudeza implacable: más vale malo conocido que bueno por conocer.

Aunque, sinceramente, dan ganas de mandarlos a todos a la gran puñeta.