La reciente licitación de la gestión integral del Centro Sociosanitario de Tarazona debería llevarnos a una reflexión que va más allá de la satisfacción por ver, por fin, avanzar un proyecto tan necesario para nuestros mayores. Especialmente porque hablamos de un servicio público que durante años formó parte de nuestro patrimonio social.
El Ayuntamiento de Guía ha sacado a concurso la gestión del centro por 8,5 millones de euros para sus dos primeros años, 2027 y 2028. Tarazona contará con 145 plazas: 94 residenciales y 51 de centro de día. La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral, incluyendo atención residencial, servicios asistenciales, sanitarios básicos, sociales, rehabilitación, terapia ocupacional, manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y recepción.
Y ante esta decisión creo que los vecinos tenemos derecho a preguntarnos:
¿Era este el modelo que queríamos para Tarazona?
Una residencia pública
Tarazona no nació como un negocio privado. Fue concebida como un servicio público para nuestros mayores.
Durante años se trabajó para conseguir los terrenos, la financiación y la construcción de una nueva infraestructura. Según los datos difundidos ahora por Juntos por Guía, la inversión alcanzó 8,8 millones de euros, de los que unos 7,3 millones correspondieron al nuevo edificio y su equipamiento y 1,5 millones a la mejora e integración de la antigua residencia.
Después llegaron los retrasos y el edificio permaneció sin prestar el servicio para el que había sido construido.
Ahora, tras años de espera, conocemos el modelo elegido: el edificio sigue siendo público, pero su gestión integral se entrega a una empresa privada.
Y ahí es donde está mi discrepancia.
No cuestiono que la titularidad siga siendo municipal ni que el Ayuntamiento conserve las funciones de supervisión y control. Lo que cuestiono es que, después de invertir millones de euros públicos en construir y equipar un recurso destinado a nuestros mayores, la prestación cotidiana del servicio se externalice íntegramente.
Nuestros mayores no son un negocio
Estamos hablando de personas mayores, muchas de ellas dependientes. Personas que necesitan ayuda para comer, asearse, desplazarse, rehabilitarse o realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Por eso creo que el criterio fundamental debe ser siempre el bienestar de la persona.
No afirmo que una empresa privada vaya necesariamente a prestar un mal servicio. Pero sí considero legítimo preguntarnos si la atención a nuestros mayores debe estar sometida a una lógica empresarial o si, por el contrario, debe ser gestionada directamente por la Administración cuando la infraestructura y los recursos son públicos.
Una empresa tiene legítimamente una finalidad económica. La Administración tiene la obligación de garantizar derechos y servicios de interés general.
Y cuando hablamos de cuidados, creo que el beneficio económico nunca debería estar por delante del bienestar de las personas.
8,5 millones y una pregunta fundamental
Los 8,5 millones corresponden únicamente al período inicial de dos años. El expediente contempla además posibles prórrogas y modificaciones, por lo que estamos ante una contratación de una dimensión económica considerable.
Por eso hay una pregunta que considero imprescindible:
¿Se ha comparado realmente el coste de la gestión privada con el de una gestión pública directa?
El argumento de que actualmente el Ayuntamiento no dispone de los medios humanos y organizativos necesarios para gestionar directamente Tarazona puede explicar una dificultad, pero no responde a otra cuestión:
¿Por qué no crear esos medios públicos?
Si faltan gerocultores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de limpieza o cocina, ¿la única alternativa posible es contratar una empresa privada?
Creo que esa es una decisión política y que los vecinos merecemos conocer las alternativas que se estudiaron antes de tomarla.
¿Qué ha cambiado?
Hay además una cuestión política que no debería olvidarse.
Alejandro Rivero, actual concejal de Política Social, y la mayoría de los concejales del actual grupo de gobierno estaban en la oposición cuando se criticaban determinadas externalizaciones de servicios municipales.
En mayo de 2024, Rivero participó, como representante del Partido Popular, en un documento conjunto de los grupos de la oposición que denunciaba el «abuso de la externalización o cesión de servicios públicos municipales» e incluía entre los asuntos señalados la Residencia de Mayores Tarazona.
Hoy, desde el Gobierno municipal, defiende la licitación y habla de un “modelo público” cuando no lo es.
¿Qué ha cambiado en la posición de quienes defendían determinados planteamientos desde la oposición y ahora los gestionan desde el Gobierno?
Porque una cosa es que Tarazona sea una infraestructura pública y otra que su gestión sea pública.
Tarazona la hemos pagado entre todos
Me alegro sinceramente de que Tarazona vaya a abrir. Me alegro por nuestros mayores, por sus familias y por quienes necesitan una plaza.
Pero alegrarse por la apertura no obliga a aceptar cualquier modelo de gestión.
Yo defiendo que Tarazona sea pública de verdad, también en su gestión.
Quiero que el dinero público destinado a nuestros mayores se traduzca fundamentalmente en más y mejores cuidados, mejores condiciones para los trabajadores, más atención y más calidad de vida.
Después de tantos años, tantos retrasos y tantos millones invertidos, creo que nuestros mayores merecen algo más que una buena infraestructura. Merecen un servicio público pensado fundamentalmente para ellos.
Porque Tarazona la hemos pagado entre todos.
Y si la hemos pagado entre todos, el principal beneficio debería ser también para todos: para nuestros mayores, para sus familias y para nuestra comunidad; no para convertir sus cuidados en una oportunidad de negocio.
¿Y qué pasó con ellos?
Y llegados a este punto, hay dos cuestiones que tampoco deberíamos olvidar:
1. ¿Qué pasó con los mayores que tuvieron que salir de Tarazona para poder acometer las obras de remodelación de la antigua residencia?
¿En qué condiciones se produjo su salida? ¿Cómo afectó a esas personas el traslado y la ruptura de su entorno habitual? Lamentablemente muchos ya no están para contarlo.
2. ¿Qué pasó con los trabajadores municipales de la antigua residencia?
¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué papel tendrán ahora en el nuevo centro? ¿Por qué no se habla de ellos?
Son preguntas que también forman parte de la historia de Tarazona y que merecen una respuesta.
Porque detrás de las obras, de los contratos y de las cifras hay personas.
Personas mayores que tuvieron que dejar su residencia.
Trabajadores que durante años prestaron un servicio público.
Y familias que llevan demasiado tiempo esperando.








