La ubicación real de un proyecto explosivo
(fotografía de Canarias7-edición de Paco Vega)
Biogás
sin cabeza: La tormenta perfecta de la irresponsabilidad ambiental
Por
Paco Vega
En
la urgente y necesaria transición hacia energías limpias, el biogás
se presenta a menudo como la panacea de la economía circular:
valorización de residuos, producción de metano renovable y
reducción de la huella de carbono. Sin embargo, cuando la
planificación técnica, la prudencia y el sentido común brillan por
su ausencia, un proyecto concebido como sostenible puede convertirse
rápidamente en un auténtico disparate ambiental, social e
industrial.
El
proyecto de planta de biogás que se pretende impulsar en nuestro
territorio, promovido por el grupo Félix Santiago Melián,
representa, desgraciadamente, un ejemplo preocupante de cómo no
deberían hacerse las cosas. Basta con analizar los factores que
convergen en una misma parcela para comprender la dimensión de las
dudas que suscita. Pero hay algo todavía más inquietante: la
cadena de decisiones, informes, autorizaciones y certificaciones que
ha permitido que esta iniciativa avance, incluso después de la
denegación de la licencia municipal.
Porque
un proyecto de esta naturaleza no llega hasta aquí por generación
espontánea. Detrás hay expedientes, informes, evaluaciones y
decisiones de responsables políticos y técnicos que deben poder
explicar qué han autorizado, sobre qué fundamentos y con qué
garantías.
1.
Vecinos a 500 metros y la ilusión del viento
Situar
una instalación de procesamiento de residuos orgánicos a tan solo
500 metros de un núcleo urbano y en las inmediaciones de poblaciones
próximas de alrededor de 20.000 habitantes constituye una decisión
que exige una justificación ambiental y sanitaria especialmente
rigurosa.
Las
emisiones de olor, el transporte de residuos, el ruido y las posibles
emisiones de compuestos como el ácido sulfhídrico (H₂S) no pueden
despacharse con una referencia genérica a los vientos dominantes. El
viento no elimina las emisiones: condiciona su dispersión,
concentración y recorrido, pudiendo trasladar las molestias y
afecciones a zonas habitadas, incluso a distancias considerables,
dependiendo de las condiciones meteorológicas, la topografía y las
características de la instalación.
Confiar
en que los fuertes vientos de la zona resolverán el problema no es
una garantía ambiental. Lo exigible es un estudio de dispersión de
olores y contaminantes, con escenarios desfavorables, datos
meteorológicos representativos y una evaluación realista de las
viviendas y poblaciones expuestas.
La
pregunta es inevitable: ¿se ha estudiado suficientemente lo que
sucederá cuando las condiciones de funcionamiento y la meteorología
no sean las ideales? ¿Quién ha comprobado que las molestias no
acabarán trasladándose a miles de vecinos?
2.
El peligro invisible: un vertedero a 100 metros
Por
si la proximidad a la población no fuera suficiente, la planta
pretende levantarse a escasos 100 metros de un antiguo vertedero,
sellado hace 14 años y cuya supervisión técnica posterior se
cuestiona.
Un
vertedero clausurado no es necesariamente un terreno ambientalmente
inerte. La descomposición de la materia orgánica puede continuar
generando biogás durante años, y la posible presencia de metano,
lixiviados, asentamientos diferenciales o migraciones de gases
requiere controles adecuados.
Si
no existe una supervisión acreditada, un sistema de vigilancia de
gases o información suficiente sobre la estabilidad del terreno,
¿con qué garantías se plantea construir una instalación
industrial de estas características a tan corta distancia?
No
se trata de afirmar, sin pruebas, que existe una migración de gases
o un riesgo inminente de explosión. Se trata de exigir que se
descarte mediante estudios geotécnicos, hidrogeológicos y de
control de gases, incluyendo la posible interacción entre ambas
instalaciones. Estudios que se han omitido del proyecto.
Lo
verdaderamente irresponsable sería convertir una incertidumbre
técnica relevante en un problema que solo se investigue cuando
aparezcan sus consecuencias.
3.
Coexistencia de alto riesgo: biogás y eólica en la misma parcela
El
remate a este escenario es la presencia de un aerogenerador de gran
potencia en la misma parcela. Sobre el papel, reunir fuentes
renovables puede parecer idílico. En la práctica, exige estudiar
cuidadosamente sus compatibilidades.
Efecto
estela y turbulencias:
el rotor de un aerogenerador modifica el flujo del aire en su
entorno. Esto obliga a analizar si las condiciones locales pueden
influir en la dispersión de olores y emisiones. No basta, sin
embargo, con atribuirle automáticamente un efecto de desplazamiento
hacia las viviendas: es necesario modelizarlo con datos específicos.
Seguridad
industrial y riesgo ATEX:
una planta de biogás puede presentar atmósferas explosivas en
determinadas zonas y condiciones de funcionamiento. La presencia de
metano exige clasificación de zonas, medidas de prevención,
equipos adecuados y sistemas de protección. La
proximidad de instalaciones eléctricas, estructuras metálicas y un
aerogenerador requiere un análisis conjunto de riesgos, incluyendo
descargas atmosféricas, incendios, emergencias y posibles efectos
dominó.
Distancias
y servidumbres de seguridad:
la implantación de depósitos de gas y equipos industriales
próximos a un aerogenerador debe justificarse mediante las
distancias y condiciones de seguridad aplicables, los estudios de
riesgos y las características reales de las instalaciones. No
puede darse por válida ni descartarse una separación concreta sin
esa documentación.
La
cuestión no es si ambas tecnologías pueden coexistir en abstracto.
La cuestión es si pueden hacerlo con seguridad en esta parcela
concreta, con sus condicionantes y sus receptores vulnerables.
4.
La paradoja administrativa: el Gobierno de Canarias sigue
certificando mientras el Ayuntamiento deniega la licencia
Uno
de los aspectos más desconcertantes de este proyecto es la actuación
de las propias administraciones públicas. El Ayuntamiento ha
denegado la licencia municipal y, sin embargo, el Gobierno de
Canarias ha seguido emitiendo certificaciones relacionadas con el
proyecto, incluso meses después de aquella negativa.
Este
hecho exige una explicación pública. ¿Qué se estaba certificando
exactamente? ¿Con qué finalidad? ¿Qué responsables políticos y
técnicos conocían la denegación municipal y qué valoración
hicieron de sus consecuencias?
No
hablamos de un detalle burocrático sin importancia. Hablamos de una
iniciativa industrial con posibles afecciones sobre la población, el
territorio y la seguridad, cuya tramitación ha contado con la
intervención de distintas administraciones.
Es
cierto que las certificaciones autonómicas y las licencias
municipales pueden responder a competencias, requisitos y finalidades
diferentes. La continuidad de determinados trámites no demuestra por
sí sola una ilegalidad ni significa necesariamente que el Gobierno
de Canarias haya ignorado la decisión municipal. Pero esa distinción
competencial tampoco puede servir de refugio para eludir
explicaciones.
La
cuestión es si esas certificaciones tenían un alcance meramente
técnico o administrativo, si permitían avanzar en otras fases de la
tramitación y, sobre todo, si se valoraron suficientemente los
efectos de la denegación municipal y las razones que la motivaron.
Y
aquí aparecen las responsabilidades políticas y técnicas. Los
responsables del Gobierno de Canarias que hayan impulsado,
supervisado o asumido estas actuaciones deben explicar los criterios
seguidos. Los técnicos que hayan intervenido deben poder fundamentar
sus informes y certificaciones en los datos, requisitos y normativa
aplicables.
No
se trata de anticipar culpabilidades, sino de exigir trazabilidad,
transparencia y rendición de cuentas. Las responsabilidades
políticas no desaparecen detrás de un expediente, y las decisiones
técnicas no pueden quedar exentas de justificación cuando sus
consecuencias afectan al interés general.
Si
el proyecto era compatible con los requisitos exigidos por la
Administración autonómica, que se explique. Si la negativa
municipal planteaba obstáculos determinantes, que se aclare cómo se
abordaron. Y si las certificaciones posteriores no resolvían ni
sustituían la necesidad de obtener la licencia municipal, que
también se diga con claridad.
La
ciudadanía no puede conformarse con una administración que se
limite a señalar que cada órgano ha cumplido su trámite sin
ofrecer una visión integral de las consecuencias de sus decisiones.
¿Quién
decidió, quién informó, qué se certificó y por qué se siguió
adelante?
Son preguntas perfectamente legítimas que merecen respuestas
concretas.
5.
La desconcertante evaluación ambiental simplificada
Otro
asunto que reclama explicaciones es que el proyecto haya seguido,
según la tramitación conocida, la vía de la evaluación de impacto
ambiental simplificada, en lugar de la ordinaria.
La
diferencia no es menor. La evaluación ordinaria ofrece un marco de
análisis ambiental más amplio y profundo, mientras que la
simplificada determina, conforme a los criterios legales, si el
proyecto debe someterse o no a aquella.
Ante
la proximidad de viviendas, la presencia de un antiguo vertedero, la
coexistencia con un aerogenerador y las posibles afecciones
acumulativas, la pregunta es evidente: ¿por qué se consideró
suficiente esta vía de evaluación?
La
legislación ambiental establece supuestos, umbrales y criterios para
determinar el procedimiento aplicable. Por tanto, no cabe afirmar que
la mera existencia de estos condicionantes obligue automáticamente a
una evaluación ordinaria. Pero tampoco cabe despachar la cuestión
como un simple formalismo.
Hay
que conocer el proyecto evaluado, sus dimensiones y capacidad, los
residuos previstos, la tecnología empleada, los informes
sectoriales, los efectos acumulativos y las razones expresadas en la
resolución ambiental.
Y
hay una cuestión fundamental: ¿se evaluó la realidad completa
del emplazamiento o se analizaron los impactos de la planta de forma
fragmentada, sin integrar suficientemente su relación con el
vertedero, el aerogenerador y la población cercana?
La
evaluación ambiental no puede convertirse en un trámite para
legitimar decisiones previamente tomadas. Su finalidad debe ser
identificar impactos, valorar alternativas y prevenir daños antes de
que sea demasiado tarde.
Si
existían razones para exigir una evaluación ordinaria, deberán
explicarse las decisiones que condujeron a optar por otra vía. Y si
se concluyó que la simplificada era legalmente suficiente, esa
conclusión debe poder defenderse con argumentos técnicos y
jurídicos transparentes.
Los
órganos ambientales y los responsables políticos que hayan
supervisado esta tramitación tienen, por tanto, una obligación
adicional: explicar por qué consideraron adecuada la evaluación
elegida y cómo se tuvieron en cuenta las particularidades del
emplazamiento.
Vista aérea de la parcela prevista para ubicación de la planta de biogás y la incidencia del viento en su entorno más próximo.
(fotografía de José María Aguiar-edición de Paco Vega)
Conclusión:
un proyecto que exige respuestas, garantías y una reconsideración
de su ubicación
Si
evaluamos esta ubicación desde el punto de vista de la prudencia
territorial, la seguridad y la convivencia, difícilmente puede
merecer una valoración favorable sin que antes se despejen todas las
dudas expuestas.
No
estamos ante un debate sobre si el biogás es o no una energía
necesaria. Lo es, y puede desempeñar un papel importante en la
valorización de residuos. Estamos ante una cuestión mucho más
concreta: dónde, cómo y bajo qué condiciones debe instalarse.
Las
energías renovables no pueden convertirse en un cheque en blanco
para promotores ni administraciones. La sostenibilidad no se
demuestra únicamente produciendo energía renovable; también se
demuestra eligiendo bien el emplazamiento, protegiendo a la
población, respetando el territorio y actuando con transparencia.
Por
eso, reclamamos la publicación y explicación de las autorizaciones
concedidas, las certificaciones emitidas por el Gobierno de Canarias,
sus fechas, sus fundamentos y sus efectos, así como los informes
técnicos determinantes, la resolución ambiental y las razones de la
denegación de la licencia municipal.
Reclamamos,
además, una evaluación integral de los riesgos y de las
alternativas de ubicación, con participación efectiva de los
vecinos.
Y
reclamamos algo que debería ser elemental en cualquier democracia:
que quienes han supervisado, informado, autorizado, certificado o
impulsado este proyecto den la cara y expliquen sus decisiones.
Porque
cuando una iniciativa acumula tantas dudas, la responsabilidad
pública no consiste en mirar hacia otro lado ni en escudarse en el
reparto de competencias. Consiste en ofrecer respuestas, corregir
errores si los hubiera y evitar que la ciudadanía termine pagando
las consecuencias de decisiones que nunca se explicaron
suficientemente.
Este
proyecto, en su emplazamiento actual, necesita una reconsideración
urgente y rigurosa. Y si no puede acreditarse su compatibilidad
ambiental, urbanística y de seguridad, debe descartarse esa
ubicación y buscarse otra alternativa.
La
transición energética, sí. La improvisación y la
irresponsabilidad, no.
Pido
disculpas por la extensión, pero cuando hay políticos que dan la
vida por pisar moqueta en Madrid mientras se ponen de perfil ante los
problemas de su propia tierra, hay que explicar las cosas con pelos y
señales: quién ha hecho qué y quién sigue guardando un miserable
silencio. Porque lo que algunos prefieren ocultar, otros tenemos la
obligación de contarlo.
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