OBSERVACIONES AL «MODELO» DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (Planta de biogás), por Paco Vega

 

OBSERVACIONES AL «MODELO» DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (Planta de biogás)

Por Paco Vega

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Simplificado correspondiente al proyecto de planta de biogás previsto en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial Félix Santiago Melián, presenta, a mi juicio, importantes carencias técnicas y metodológicas que justifican la exigencia de una evaluación ambiental más exhaustiva, mediante un Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. Así lo aconsejan la naturaleza y las características específicas de la instalación proyectada, los riesgos potenciales asociados a su funcionamiento y, especialmente, la proximidad a los núcleos de población.

No soy técnico especialista, pero sí un lector y curioso impenitente al que le gusta informarse antes de opinar, sobre todo cuando se pretende instalar una actividad industrial potencialmente molesta y peligrosa en las proximidades de zonas habitadas. Por eso resulta difícil comprender que un proyecto de estas características pretenda tramitarse mediante un estudio simplificado, sin abordar con suficiente profundidad cuestiones esenciales para la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. También merece una explicación la elección de un emplazamiento tan próximo a espacios y recursos de especial interés para la población. La idoneidad del procedimiento ambiental elegido debe justificarse a la luz de la normativa aplicable y de las características concretas del proyecto, no darse por supuesta.

Entre las principales deficiencias y omisiones que, a mi entender, requieren un análisis riguroso, destacan las siguientes:

1. Deficiente evaluación atmosférica y de dispersión de contaminantes. El documento no parece abordar con el rigor necesario el estudio de los vientos dominantes, su intensidad y sus direcciones predominantes, pese a la imponente presencia de un aerogenerador de gran potencia en la misma parcela. Este análisis resulta especialmente relevante cuando se trata de una instalación que puede generar gases potencialmente peligrosos, olores y emisiones atmosféricas. Asimismo, sería necesario evaluar si la presencia del aerogenerador puede modificar localmente los patrones de circulación del aire y, en su caso, influir en la dispersión de los gases emitidos. Sin estos datos, resulta difícil valorar adecuadamente la posible exposición de las poblaciones cercanas.

2. Omisión de los impactos acumulativos y sinérgicos: el vertedero clausurado. Aproximadamente a 100 metros del emplazamiento se encuentra un antiguo vertedero municipal, clausurado hace 14 años. El Real Decreto 646/2020 contempla obligaciones de control y vigilancia durante la fase posterior a la clausura de los vertederos, con un periodo que, en los supuestos previstos por la normativa, puede alcanzar al menos 30 años. Por ello, resulta imprescindible conocer qué controles se han realizado y cuál es el estado actual de las instalaciones, especialmente en lo relativo a la posible generación y acumulación de metano y otros gases.

La proximidad entre ambas instalaciones obliga, además, a estudiar los posibles efectos acumulativos y sinérgicos, incluidos los escenarios de incendio, explosión o interacción entre las emisiones de una y otra. No basta con evaluar la planta de biogás de manera aislada: también es necesario determinar cómo puede afectar su funcionamiento a un entorno que ya presenta condicionantes ambientales y potenciales riesgos. Ignorar esta circunstancia supondría dejar sin respuesta una cuestión esencial para la seguridad del conjunto del área.

3. Riesgo hidrogeológico y posible afección a la costa y a los recursos hídricos. El documento tampoco parece incorporar un análisis suficientemente detallado de los riesgos derivados de posibles escapes, filtraciones o vertidos de lixiviados y digestato, ni de las vías por las que estas sustancias podrían alcanzar el subsuelo, las aguas o el medio marino. Esta carencia adquiere especial relevancia por la proximidad de la zona de baño de Roque Prieto y de los puntos de captación de agua de mar destinados a las plantas desaladoras, incluida la de titularidad municipal.

Un incidente de esta naturaleza podría comprometer la calidad del medio marino y, dependiendo de las vías de afección y de la eficacia de las medidas de protección, poner en riesgo infraestructuras esenciales para el abastecimiento de agua. La protección de la salud pública y de los recursos hídricos no puede descansar en meras previsiones teóricas ni en la confianza de que no se producirán accidentes.

Los vecinos hemos sido testigos, en varias ocasiones durante el pasado reciente, del cierre oficial de la zona de baño de Roque Prieto por parte del Ayuntamiento de Santa María de Guía, como consecuencia del vertido de lixiviados procedentes de los depósitos de estiércol de las fincas pertenecientes al mismo promotor, coincidiendo con episodios de lluvias abundantes en la zona.

Estos aspectos críticos parecen haber pasado desapercibidos o haber
recibido una atención insuficiente en los análisis previos, sin que hasta el momento se les haya otorgado la centralidad que merecen.

En definitiva, preocupa la falta de rigor con la que se han abordado los flancos más delicados del proyecto. Los ciudadanos no deberíamos tener que asumir la deficiente vigilancia por parte de las instituciones. Para eso existen las administraciones públicas: para velar por el interés general, garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que los intereses económicos particulares prevalezcan sobre la seguridad colectiva y la protección del territorio. La actividad empresarial no puede desarrollarse al margen de sus responsabilidades ni a costa de trasladar sus riesgos a quienes viven en el entorno.

Por ello, lo que se reclama es transparencia, rigor técnico, cumplimiento de la normativa y garantías efectivas. Antes de autorizar una instalación de esta naturaleza, deben despejarse las incertidumbres, evaluarse los riesgos acumulativos y estudiarse alternativas de ubicación menos comprometidas. Si el procedimiento simplificado no permite analizar adecuadamente todas estas cuestiones, debe exigirse una evaluación ordinaria. Las administraciones no pueden limitarse a tramitar expedientes de espaldas a la realidad: no es de recibo seguir dando vía libre a un proyecto que ya cuenta con el rechazo frontal de los vecinos y la negativa municipal a su construcción.

A Madrid pa'qué, por Paco Vega

 

Decir que «son todos iguales» o que «no se libra ni uno» solo sirve para alimentar la apatía y la abstención, algo que siempre beneficia a los mismos.

El verdadero problema es seguir votando a charlatanes que ven la política como un modus vivendi y a los que la gente les importa un bledo.

Es indignante que alguien que no ha movido un dedo ante un proyecto de ecocidio en su propia comarca se dedique hoy a gestionarle subvenciones millonarias al promotor de la proyectada agresión. ¡Y encima presume de ello públicamente! Trata a la gente como si fuera tonta creyendo que, haga lo que haga, le votará.

Si ahora se dedica a conseguirle dinero público al agresor de su comarca, ¿qué hará luego en Madrid?

Tiene poder político para abortar definitivamente esa peligrosa planta de biogás, pero prefiere aliarse con el agresor. Además de alcalde de Gáldar es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Sin embargo, no solo no lo ha hecho, sino que le gestiona subvenciones millonarias y se hace publicidad con el temerario Grupo FSM.

Mientras cursa escritos de oposición a la planta para lavar su imagen, se fotografía en actos de promoción de subvenciones para el agresor.

El descaro de Teodoro Sosa no tiene límites. Y ahora pretende seguir haciendo lo mismo pero a lo grande, desde Madrid.

Félix Santiago Melián, entre la propaganda y la realidad, por Paco Vega

 

Félix Santiago Melián, entre la propaganda y la realidad

Por Paco Vega

Durante los últimos años, el compromiso con los criterios de sostenibilidad y buen gobierno (ESG), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha convertido en uno de los pilares centrales de la comunicación corporativa del grupo Félix Santiago Melián (FSM), ampliamente difundida a través de sus canales oficiales. La entidad presenta públicamente una imagen empresarial comprometida con el respeto al entorno, las personas y la economía local.

Sin embargo, cuando se contrasta ese discurso con determinados proyectos concretos, surgen interrogantes difíciles de ignorar. Es el caso del proyecto de planta de biogás promovido en La Atalaya por su filial Conagrican, S.L.

El proyecto para la ubicación y construcción de esta planta constituye un claro ejemplo de la distancia que puede existir entre la imagen corporativa y la realidad sobre el terreno.

La ubicación elegida no solo genera serias dudas sobre su idoneidad ambiental y social, sino que plantea una cuestión especialmente delicada por su proximidad a instalaciones municipales destinadas al duelo y al descanso de los fallecidos. La planta se proyecta a escasos diez metros del velatorio municipal y a apenas treinta metros del cementerio.

No estamos hablando, por tanto, únicamente de la proximidad a viviendas o a un determinado equipamiento público. Estamos hablando de dos espacios cuyo uso tiene una naturaleza particularmente sensible: el velatorio es un lugar destinado al acompañamiento de las familias en momentos de duelo, mientras que el cementerio constituye un espacio de descanso, recogimiento y memoria colectiva.

¿Puede considerarse adecuada una instalación industrial de estas características junto a un velatorio y un cementerio?

La pregunta no es retórica. Merece una respuesta técnica, objetiva y documentada.

La eventual proximidad de una planta de biogás a estos equipamientos obliga, como mínimo, a analizar con especial rigor cuestiones como la generación y dispersión de olores, las emisiones atmosféricas, el ruido, el tránsito de vehículos pesados, las operaciones de carga y descarga, los riesgos asociados al almacenamiento y manejo del biogás y de otras sustancias, así como los posibles incidentes que pudieran producirse durante el funcionamiento ordinario o en situaciones accidentales.

Pero existe, además, una dimensión que no debería quedar relegada a un segundo plano: la compatibilidad funcional y social entre ambas actividades.

Un velatorio municipal no es una instalación cualquiera. Requiere unas condiciones ambientales y acústicas que permitan a las familias despedir a sus seres queridos con intimidad, tranquilidad y dignidad. La presencia prácticamente inmediata de una actividad industrial potencialmente generadora de olores, ruido, tráfico y operaciones continuas plantea, cuando menos, la necesidad de justificar de manera rigurosa que ambas actividades pueden coexistir sin menoscabo de ninguna de ellas.

Lo mismo cabe decir del cementerio. Un camposanto es, por su propia naturaleza, un espacio de recogimiento y respeto. Situar a escasos treinta metros una instalación industrial de estas características obliga a preguntarse si se ha realizado una verdadera evaluación de la convivencia entre ambos usos y, sobre todo, si se han estudiado adecuadamente las consecuencias que tendría para las personas que acuden allí.

No se trata de sostener, sin el correspondiente respaldo jurídico, que exista automáticamente una prohibición legal por el mero hecho de la proximidad. Se trata de exigir que una proximidad tan extraordinaria sea técnicamente justificada y que la compatibilidad entre los dos usos quede acreditada de forma expresa, objetiva y suficientemente rigurosa.

Porque una cosa es que dos actividades puedan coexistir formalmente sobre un plano y otra muy distinta que su convivencia resulte razonable desde el punto de vista ambiental, sanitario, funcional y social.

Resulta difícil entender que una instalación industrial que requiere el movimiento de materias orgánicas, procesos de digestión anaerobia, almacenamiento y tratamiento de biogás y circulación de vehículos pueda ubicarse prácticamente pegada a un espacio destinado al duelo sin que se haya realizado un análisis específico de esa circunstancia.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: ¿dónde está el estudio específico sobre el velatorio y el cementerio?

Si la documentación del proyecto no analiza de manera detallada la incidencia que la actividad puede tener sobre estos dos equipamientos municipales, estaríamos ante una carencia que debería ser subsanada antes de adoptar cualquier decisión definitiva. No basta con estudiar genéricamente el entorno. Una instalación situada a diez metros de un velatorio y a treinta de un cementerio exige una evaluación particularizada de esos usos sensibles.

Más aún cuando existen experiencias en distintos puntos del territorio peninsular en las que determinadas instalaciones vinculadas al tratamiento de residuos orgánicos o a la producción de biogás han generado controversias relacionadas con olores, tráfico, molestias y convivencia con núcleos habitados. Precisamente por ello, el principio de precaución debería desempeñar un papel central a la hora de determinar la idoneidad de la ubicación.

Y si esas experiencias han llevado en otros lugares a plantear distancias mucho mayores respecto de núcleos de población y determinados equipamientos, resulta legítimo preguntar qué criterios técnicos justifican en este caso una implantación tan próxima a instalaciones municipales especialmente sensibles.

Más llamativa aún resulta la falta de una explicación técnica suficientemente clara sobre algunos de estos aspectos. No consta, al menos de forma suficientemente clara, un análisis específico y exhaustivo de la presencia del velatorio y del cementerio ni una explicación convincente de cómo se garantizará que su funcionamiento pueda desarrollarse sin afecciones derivadas de la actividad industrial.

Tampoco parece suficientemente ponderado el impacto que la ubicación proyectada puede tener sobre las poblaciones del entorno. La instalación se encontraría a unos 500 metros del núcleo urbano conformado por La Atalaya y Becerril, a 1.100 metros de La Montaña de Gáldar, a 1.200 metros de Caleta de Arriba, a 1.400 metros de Llanos de Parra y a 2.100 metros de El Agujero, por poner solo algunos ejemplos.

Estamos, por tanto, ante una localización que no puede analizarse exclusivamente desde la parcela en la que pretende implantarse. Los impactos ambientales y las posibles molestias no se detienen en los límites catastrales de la instalación.

Un verdadero compromiso con la sostenibilidad y los principios ESG no consiste en lucir sellos, utilizar determinada terminología corporativa o redactar declaraciones de intenciones en una página web. Implica aplicar esos mismos principios cuando un proyecto concreto puede afectar directamente a una comunidad, especialmente cuando se plantea junto a viviendas y a equipamientos municipales de especial sensibilidad.

Si FSM sostiene que sus decisiones están guiadas por criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno, lo razonable es que esos principios sean comprobables también en este proyecto.

Quienes intervienen en la supervisión y evaluación de esta propuesta —técnicos, instituciones y responsables políticos— tienen la oportunidad y el deber de profundizar en el análisis técnico de las afecciones reales. No se trata de impedir por principio cualquier proyecto de aprovechamiento energético de residuos o producción de biogás. Se trata de determinar si este proyecto, en esta ubicación concreta y con estas distancias concretas, ofrece las suficientes garantías ambientales, sanitarias, de seguridad y de convivencia.

Exigir una evaluación ambiental seria, rigurosa y objetiva, que tenga en cuenta las características específicas del emplazamiento y los estándares aplicados en otros territorios, no significa oponerse al desarrollo. Significa reclamar que el desarrollo se produzca con garantías.

Resulta especialmente llamativo que, para una actividad industrial de esta naturaleza, la tramitación ambiental pueda quedar circunscrita a una evaluación ambiental simplificada, cuando lo que se pretende implantar no es una actividad inocua ni carente de riesgos o molestias potenciales. Una planta de estas características implica procesos industriales, tratamiento de materia orgánica, generación y gestión de biogás, almacenamiento, circulación de vehículos y la necesidad de controlar adecuadamente emisiones y olores.

Por ello, más que dar por supuesto que la actividad es compatible con su entorno, debería demostrarse técnicamente que lo es.

Y hay una cuestión que debería responderse con absoluta claridad: ¿qué medidas concretas impedirán que los olores, el ruido, el tráfico, las operaciones industriales o cualquier eventual incidente asociado a la planta interfieran en el funcionamiento del velatorio municipal y en el carácter de recogimiento del cementerio situado a escasos metros?

La respuesta a esa pregunta no puede descansar en declaraciones genéricas de compromiso ambiental. Debe figurar en estudios técnicos, informes independientes y medidas de prevención verificables.

Porque cuando una instalación industrial se sitúa a diez metros de un velatorio y a treinta de un cementerio, la cuestión deja de ser exclusivamente empresarial o energética. Se convierte también en una cuestión de ordenación del territorio, seguridad, salud ambiental, convivencia y respeto a un espacio que pertenece a toda la comunidad.

Y precisamente por eso resulta legítimo reclamar el máximo nivel de exigencia y transparencia.

Porque la sostenibilidad no se demuestra con publicidad corporativa. Se demuestra cuando llega el momento de decidir dónde se instala una industria, a qué distancia de las viviendas, de los espacios públicos y, en este caso, a qué distancia de un lugar de duelo y de un cementerio municipal.

Ahí es donde la propaganda deja paso a la realidad.

Alfredo y su circo de tres pistas, por Paco Vega

El Alcalde de Santa María de Guía lleva tiempo mostrando la debilidad de sus costuras y, sobre todo, su incapacidad de gestión.

​A Pedro Rodríguez, a quien he criticado durante años, se lo dije a la cara hace más de un año: «este te va a hacer bueno», refiriéndome al actual Alcalde de Guía.

​A Pipe (Felipe Pérez Reyes), expulsado del grupo de gobierno tras la moción de censura, le dije: «creo que te han hecho un favor», viendo la deriva y parálisis del actual Grupo de Gobierno.

​Ambos concejales fueron el apoyo clave para lograr el Pleno Extraordinario impulsado por la Plataforma Stop Plantas de Biogás, donde se consiguió la rotunda unanimidad municipal en contra de la planta.

​¿Y qué ha pasado desde entonces? Silencio absoluto.

​A pesar de la negativa del municipio, el Gobierno de Canarias sigue otorgando autorizaciones paso a paso, dando la espalda a la gente y favoreciendo al promotor. Por eso, es hora de hablar claro. Sin rodeos, sin medias tintas ni silencios.

​Ahora que recorren los barrios pidiendo la opinión de los vecinos, es la hora de alzar la voz en contra de la mayor amenaza para el futuro del pueblo. Los representantes públicos no pueden ser cómplices con su silencio mientras se pone en riesgo nuestra tierra, nuestra salud y nuestra calidad de vida.

​¡Es momento de dar la cara y posicionarse, como ya lo hacen otros!

Es el momento de gritar alto y claro ¡NO A LA PLANTA DE BIOGÁS! 

No a la agresión del grupo Félix Santiago Melián , por Paco Vega

No a la agresión del grupo Félix Santiago Melián

​Por Paco Vega

​La intención del grupo Félix Santiago Melián de instalar una planta de biogás en la comarca noroeste de Gran Canaria, a escasos 500 metros de la población, ha dejado claro un concepto fundamental: solo el pueblo salva al pueblo.

​Ante los intentos de enredar este asunto, conviene refrescar la memoria para que la opinión pública conozca con exactitud quién ha hecho qué en cada momento.

​La primera solicitud del proyecto, tramitada a través de Conagrican S.L. (del grupo F.S.M.), la recibió el anterior grupo de gobierno liderado por Pedro Rodríguez, en el que también participaba el actual alcalde, Alfredo Gonçalves. La respuesta institucional ante la solicitud fue positiva. Nadie pareció advertir en aquel momento el impacto ni la peligrosidad de ubicar una instalación industrial de estas características junto a las viviendas.

​La primera acción del actual equipo de gobierno consistió en fotografiarse junto a los representantes del grupo empresarial durante la presentación del proyecto, nada menos que en el salón de plenos del Ayuntamiento de Guía, acompañada de un comunicado oficial elogioso para el proyecto. Tampoco eran conscientes entonces del alcance y el daño del proyecto sobre la población. Tampoco los técnicos, parece ser, supervisaron convenientemente el proyecto.

​A partir de ahí, los vecinos, tras documentarse y reunirse alarmados por la gravedad del proyecto, iniciaron un peregrinaje por las distintas administraciones. La respuesta mayoritaria fue el silencio. En la primera reunión con el alcalde de Santa María de Guía, este llegó a manifestar que "él era un árbitro" y que "no podía hacer nada". La cita con el alcalde de Gáldar resultó igualmente frustrante: "Yo no puedo meterme en las cosas de Guía, tengo muchos calderos al fuego", argumentó.

​Ante el desamparo institucional y una oposición municipal que ni estaba ni se la esperaba, fuimos los propios vecinos quienes tuvimos que presionar para la convocatoria de un pleno extraordinario. Tras concentraciones de protesta frente al Ayuntamiento y el frontis de la iglesia, el pleno de Guía rechazó por unanimidad la instalación de la planta de biogás. Sin embargo, tras esa votación, ningún responsable político ha vuelto a mover un solo dedo en defensa de la población.

​Desde entonces, la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya ha asumido en solitario un trabajo titánico: revisión de expedientes, peticiones de documentación al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y a diversas consejerías del Gobierno de Canarias, casi siempre con el silencio como respuesta, además de coordinar asesoramiento técnico y legal.

​Mientras tanto, el promotor continúa trabajando para materializar su objetivo, impulsado por millonarias subvenciones europeas que alimentan este perjuicio colectivo, respaldado ahora de forma incomprensible por la Consejería de transición ecológica del Gobierno Canario, en manos del Partido Popular.

​Los vecinos ya han demostrado que son capaces de frenar este abuso, dejando al descubierto quiénes son serios y responsables, y quiénes intoxican y confunden. 

La Atalaya y la comarca noroeste no pueden convertirse en el vertedero de Gran Canaria. 

En vísperas electorales, la clase política deberá posicionarse con claridad (TODOS): defender la salud y la seguridad de los vecinos del Norte o alinearse con los intereses económicos del poderoso grupo empresarial.

El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA, por Paco Vega.

 

El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA

Por Paco Vega.

El 4 de enero de 1979, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar uno de los accidentes laborales más trágicos de la historia reciente de Canarias. En la fábrica de Hijos de Ángel Ojeda, en El Rincón, once trabajadores perdieron la vida en una fosa séptica cuando intentaban auxiliarse unos a otros.

La tragedia se produjo por la acumulación de gases peligrosos en un espacio confinado. Uno de los trabajadores descendió a la fosa y quedó intoxicado. Al comprobar lo sucedido, varios compañeros intentaron rescatarlo, sin disponer del equipo de protección adecuado y sin conocer la concentración de gases existente en aquel lugar. Uno tras otro, los intentos de auxilio acabaron convirtiéndose en una tragedia colectiva.

Un total de 11 trabajadores perdieron la vida de forma prácticamente instantánea debido a la anoxia y la inhalación de gases tóxicos. El heroísmo y la solidaridad de los trabajadores convirtieron la emergencia inicial en una tragedia múltiple, ya que cada intento de auxilio sumó una nueva víctima.

Entre los gases que pueden generarse durante la descomposición anaeróbica de materia orgánica se encuentran el sulfuro de hidrógeno (H2​S), el metano (CH4​), el dióxido de carbono (CO2​) y el amoniaco (NH3​), además de otros compuestos. En determinadas concentraciones, algunos de estos gases pueden resultar extremadamente tóxicos, desplazar el oxígeno o generar atmósferas inflamables, especialmente en espacios confinados.

Dos de los trabajadores fallecidos eran naturales de La Atalaya de Guía, de 18 y 21 años respectivamente.

Casi medio siglo después, aquella tragedia continúa formando parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Y precisamente por ello resulta inevitable preguntarse qué hemos aprendido de aquel accidente, de la prevención de riesgos laborales y de la protección a la vida humana cuando se plantea la instalación de determinadas actividades industriales en las proximidades de núcleos de población habitados.

Una preocupación que vuelve a La Atalaya

La cuestión adquiere especial relevancia ante el proyecto de instalación de una planta de biogás en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM), en una zona situada en la frontera municipal de Guía y Gáldar, muy próximo a la población (500 metros).

Una planta de biogás utiliza —de forma artificial— en sus procesos de digestión anaerobia y producción de biogás muchos de los elementos que intervinieron en aquel desgraciado accidente de 1979. Estos procesos contienen principalmente metano y dióxido de carbono y pueden contener, dependiendo de las materias primas y del proceso, otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno. El metano, además, es inflamable y puede generar riesgos de incendio o explosión.

Esto no significa, naturalmente, que una planta de biogás sea equivalente a una fosa séptica sin medidas de seguridad ni que vaya necesariamente a reproducirse un accidente como el de 1979, pero la coincidencia de gases implicados en el proceso hace inevitable retrotraernos a aquel fatídico suceso.

Los cuatro elementos citados (H2​S, CH4​, CO2​ y NH3​) forman parte del proceso de funcionamiento e interacción de las plantas de biogás como la que quieren instalar en La Atalaya que, a pesar de la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Santa María de Guía —por la fuerte oposición vecinal y por las numerosas irregularidades observadas—, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Canario sigue haciendo guiños incomprensibles y dando certificaciones al proyecto de instalación de la citada planta, poniendo en juego la vida, la salud y la calidad de vida de los vecinos del Norte de Gran Canaria.

¿Es razonable la ubicación?

Según las alegaciones y preocupaciones expresadas por los vecinos, no debe instalarse una planta tan próxima al núcleo poblacional, además de los numerosos “espacios y equipamientos sensibles” que forman parte de la vida cotidiana de la población.

También se ha señalado la proximidad de la instalación al antiguo vertedero (100 metros), que permanece sellado, así como las características del intenso viento de la zona y la posible afección derivada de los olores y del transporte de las materias primas necesarias para alimentar la planta. Circunstancias que quedaron fuera de la certificación de impacto ambiental, simplificada en lugar de ordinaria para una instalación industrial de estas características. Son cuestiones que, a mi juicio, no pueden despacharse afirmando que la instalación cumplirá la normativa. Cuando una actividad industrial se pretende ubicar cerca de una población, la pregunta no debe ser únicamente si puede autorizarse legalmente, sino también si es la ubicación más adecuada desde el punto de vista de la seguridad, la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Y, sobre todo, si existen alternativas de ubicación que permitan desarrollar la actividad con menores riesgos y molestias para la población.

La responsabilidad de las administraciones

El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha denegado la licencia municipal del proyecto, en un contexto marcado por una fuerte oposición vecinal y por las cuestiones e irregularidades que, según se ha denunciado, rodean al expediente. Sin embargo, la tramitación administrativa continúa generando preocupación entre los vecinos, que observan con inquietud determinadas actuaciones y pronunciamientos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

La Administración tiene la obligación de actuar con independencia, rigor y transparencia. No basta con decir que una instalación es legal o que cumple determinados parámetros técnicos. La población tiene derecho a ser escuchada.

La citada empresa FSM pretende acercar a La Atalaya de Guía —en la frontera municipal de Guía y Gáldar— una industria que trabaja con los mismos elementos tóxicos y peligrosos que causaron la muerte a once trabajadores en el año 1979 en la factoría de “Los Ojeda”, con al menos cuatro elementos químicos que son peligrosos en altas concentraciones, pero que incluso a bajas proporciones causan serios problemas para la salud de las personas.

No han tenido en cuenta, a pesar de conocer los riesgos, la proximidad al cercano núcleo de La Atalaya; la ventosidad de la zona, lo que agravaría las consecuencias de cualquier escape de gases y los malos olores; ni la proximidad -100 metros- al antiguo vertedero de la localidad (sellado desde hace 14 años, pero sin control ni supervisión alguna), lo que multiplicaría el riesgo en caso de cualquier fuga o explosión.

No queremos experimentos

Cuarenta y siete años después del accidente de Conservas Ojeda, dos de cuyas víctimas eran jóvenes de La Atalaya, resulta especialmente doloroso contemplar nuevamente un proyecto industrial que suscita preocupación entre los vecinos de la zona. No se trata de afirmar que una planta de biogás vaya necesariamente a provocar una tragedia como la de 1979. Sería irresponsable establecer una equivalencia automática entre ambas situaciones. Se trata de algo mucho más sencillo: no queremos que la seguridad de una población dependa de que nunca ocurra un accidente.

Una llamada a la responsabilidad

La empresa promotora debería escuchar las reivindicaciones de los vecinos y reconsiderar la ubicación del proyecto, existiendo alternativas razonables que reduzcan los riesgos y molestias para la población.

No se trata de estar en contra del desarrollo económico ni de la producción de energías. Se trata de defender un principio elemental: el desarrollo industrial debe ser compatible con la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven junto a las instalaciones.

Por eso también reclamamos al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos afectados —Guía y Gáldar— que escuchen a la ciudadanía y actúen con la máxima transparencia e independencia.

La Atalaya no quiere convertirse en un campo de pruebas. Y mucho menos quiere que, cuarenta y siete años después de una tragedia que costó la vida a once trabajadores, tengamos que preguntarnos si aprendimos algo de todo aquello. 

La seguridad de los vecinos no puede ser una cuestión secundaria frente a ningún interés económico.

Canarias en venta: pactos, sillones y abandono, por Paco Vega

 

Canarias en venta: pactos, sillones y abandono

Por Paco Vega

Las derechas canarias han vuelto a tomar las riendas del Gobierno de Canarias a pesar de haber perdido las elecciones por casi 47.000 votos. Una paradoja que vuelve a poner de manifiesto que, para algunos, la voluntad expresada en las urnas parece tener una importancia relativa cuando llega la hora de repartir poder y cargos. Y, sobre todo, cuando lo que está en juego es mantener un modelo que sigue beneficiando a quienes más tienen, mientras una parte cada vez mayor de la población canaria tiene dificultades para acceder a una vivienda, disfrutar de unos servicios públicos de calidad o, sencillamente, desarrollar su proyecto de vida en las islas.

Al mismo tiempo, las puertas de numerosos gobiernos municipales se han abierto a la extrema derecha. Una normalización que puede terminar sirviendo de antesala a futuros acuerdos autonómicos si las cuentas electorales lo permiten. Mientras tanto, los problemas que afectan directamente a la ciudadanía siguen esperando: la protección del territorio y del medio ambiente, la saturación de las islas, el crecimiento poblacional, la calidad de las aguas, la vivienda, los servicios públicos y un modelo turístico que muestra cada vez más síntomas de agotamiento.

Quienes han gobernado Canarias durante décadas no pueden desentenderse de las consecuencias de sus propias políticas. La situación actual no es fruto de la casualidad. Es el resultado de decisiones acumuladas durante años y de un modelo de desarrollo que, con demasiada frecuencia, ha colocado los intereses económicos por delante del bienestar de quienes vivimos aquí.

Pero el esperpento político no termina en la derecha. La llamada progresía nacionalista también atraviesa una profunda crisis, marcada por la aparición de una nueva formación surgida de una ruptura interna. Sus dirigentes reniegan de las siglas con las que concurrieron a las elecciones, pero mantienen los cargos y responsabilidades que obtuvieron gracias a ellas y a los votos de quienes las respaldaron.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede justificarse que unos candidatos concurran a unas elecciones bajo unas determinadas siglas, obtengan representación, gobiernos y cargos gracias a esos votos y, a mitad de legislatura, decidan cambiar de formación sin renunciar a las responsabilidades que adquirieron? Una cosa es cambiar de proyecto político de cara a unas nuevas elecciones; otra muy distinta es hacerlo durante el mandato y conservar intactos los cargos obtenidos bajo las siglas anteriores.

El esperpento aumenta cuando estos mismos dirigentes, que continúan presentándose como progresistas, anuncian acuerdos con la derecha nacionalista: la misma que gobierna Canarias junto a la derecha estatal y que ha alcanzado pactos de gobierno con la extrema derecha en varios municipios de las islas.

Resulta difícil entender semejante pirueta política si no se tienen en cuenta las expectativas personales de quienes la protagonizan. Mientras a sus nuevos compañeros y a la ciudadanía se les habla de la necesidad de unir el voto nacionalista, algunos movimientos parecen apuntar hacia un objetivo mucho más concreto: dar el salto a Madrid y alcanzar un escaño en el Congreso de los Diputados.

Si ese fuera el verdadero objetivo, el riesgo es evidente: que los intereses de Canarias vuelvan a convertirse en moneda de cambio de estrategias personales. Gran Canaria, y Canarias en su conjunto, no pueden quedar subordinadas a las aspiraciones electorales de ningún dirigente.

Mientras unos hacen cuentas para decidir dónde colocarse, Canarias sigue esperando soluciones. La vivienda continúa siendo uno de los grandes problemas de la ciudadanía; el territorio soporta una presión creciente; los servicios públicos necesitan respuestas y el modelo turístico exige un debate serio sobre sus límites y consecuencias.

Esa es quizá la verdadera paradoja. Se prometieron soluciones, progreso y defensa de los intereses de Canarias, pero demasiadas decisiones parecen responder antes a las necesidades de los partidos y de sus dirigentes que a las de la sociedad.

En este escenario, las grandes empresas con capacidad para condicionar el territorio y el modelo económico de las islas siguen teniendo una enorme influencia. Las decisiones adoptadas en los últimos años hablan por sí solas: decisiones que, demasiado a menudo, parecen hacerse en perjuicio de Canarias y de los canarios.

Canarias necesita dirigentes serios, responsables y comprometidos con el interés general. Personas para las que «Canarias sea lo primero» no sea un simple lema electoral, sino un principio de actuación.

Porque Canarias no puede seguir siendo la moneda de cambio de pactos, sillones e intereses particulares. No puede ser el territorio que unos negocian, otros abandonan y algunos utilizan como trampolín para sus ambiciones políticas.

Canarias merece algo tan sencillo como que quienes gobiernan sus islas gobiernen para sus ciudadanos. Que defiendan su territorio, su vivienda, sus servicios públicos y su futuro. Que los intereses de Canarias estén por encima de los intereses de partido y, sobre todo, por encima de las ambiciones personales.

Canarias no está en venta. Canarias no es un sillón, ni un pacto, ni un trampolín hacia Madrid. Canarias es nuestra tierra, nuestro presente y nuestro futuro. Y ya es hora de que quienes tienen la responsabilidad de gobernarla estén a la altura. 

¿De qué sirve hablar de sostenibilidad si se ignora a quienes viven al lado? por Paco Vega

¿De qué sirve hablar de sostenibilidad si se ignora a quienes viven al lado?

Hay algo que, como ciudadanos, cuesta entender.

Una gran empresa puede presentarse como abanderada de la sostenibilidad, participar en proyectos financiados con fondos europeos para el ahorro de agua y la modernización del sector agrícola y proyectar una imagen de compromiso medioambiental.

Pero, al mismo tiempo, mantener su apuesta por una planta de biogás a escasos metros de zonas residenciales, pese a la preocupación y el rechazo de los vecinos de La Atalaya y alrededores.

Olores, tráfico pesado, posibles molestias, preocupación por la calidad de vida y por el valor de las viviendas… ¿De verdad todo esto puede quedar relegado a un segundo plano en nombre de la transición ecológica?

La sostenibilidad no puede ser solamente producir energía renovable. También significa respetar a las personas y al territorio donde se implantan los proyectos.

Y las instituciones tampoco pueden mirar hacia otro lado.

Los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía. No basta con decir que un expediente es competencia de otra administración o refugiarse en la “neutralidad técnica”. Cuando existe una preocupación social tan evidente, los representantes públicos deberían escuchar, posicionarse y defender el interés general.

El conflicto de la planta de biogás promovida por Conagrican (Grupo Félix Santiago Melián), en el límite entre Santa María de Guía y Gáldar, pone sobre la mesa una cuestión muy sencilla:

¿Por qué no buscar una ubicación industrial o suficientemente alejada de los núcleos habitados?

La Plataforma Stop Biogás / La Atalaya está diciendo:

“Sí a la transición ecológica, pero no a cualquier precio y no en cualquier lugar.”

Porque una instalación puede ser sostenible desde el punto de vista energético y, sin embargo, convertirse en un problema social si se ubica junto a viviendas.

La ciudadanía tiene derecho a ser escuchada.

Y cuando las instituciones y las empresas no escuchan, la organización vecinal, la movilización y la presión social se convierten en la herramienta legítima para defender el territorio y la calidad de vida.

Tarazona, de residencia pública a negocio privado, por Paco Vega

 

La reciente licitación de la gestión integral del Centro Sociosanitario de Tarazona debería llevarnos a una reflexión que va más allá de la satisfacción por ver, por fin, avanzar un proyecto tan necesario para nuestros mayores. Especialmente porque hablamos de un servicio público que durante años formó parte de nuestro patrimonio social.

El Ayuntamiento de Guía ha sacado a concurso la gestión del centro por 8,5 millones de euros para sus dos primeros años, 2027 y 2028. Tarazona contará con 145 plazas: 94 residenciales y 51 de centro de día. La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral, incluyendo atención residencial, servicios asistenciales, sanitarios básicos, sociales, rehabilitación, terapia ocupacional, manutención, limpieza, lavandería, mantenimiento, administración y recepción.

Y ante esta decisión creo que los vecinos tenemos derecho a preguntarnos:

¿Era este el modelo que queríamos para Tarazona?

Una residencia pública

Tarazona no nació como un negocio privado. Fue concebida como un servicio público para nuestros mayores.

Durante años se trabajó para conseguir los terrenos, la financiación y la construcción de una nueva infraestructura. Según los datos difundidos ahora por Juntos por Guía, la inversión alcanzó 8,8 millones de euros, de los que unos 7,3 millones correspondieron al nuevo edificio y su equipamiento y 1,5 millones a la mejora e integración de la antigua residencia.

Después llegaron los retrasos y el edificio permaneció sin prestar el servicio para el que había sido construido.

Ahora, tras años de espera, conocemos el modelo elegido: el edificio sigue siendo público, pero su gestión integral se entrega a una empresa privada.

Y ahí es donde está mi discrepancia.

No cuestiono que la titularidad siga siendo municipal ni que el Ayuntamiento conserve las funciones de supervisión y control. Lo que cuestiono es que, después de invertir millones de euros públicos en construir y equipar un recurso destinado a nuestros mayores, la prestación cotidiana del servicio se externalice íntegramente.

Nuestros mayores no son un negocio

Estamos hablando de personas mayores, muchas de ellas dependientes. Personas que necesitan ayuda para comer, asearse, desplazarse, rehabilitarse o realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Por eso creo que el criterio fundamental debe ser siempre el bienestar de la persona.

No afirmo que una empresa privada vaya necesariamente a prestar un mal servicio. Pero sí considero legítimo preguntarnos si la atención a nuestros mayores debe estar sometida a una lógica empresarial o si, por el contrario, debe ser gestionada directamente por la Administración cuando la infraestructura y los recursos son públicos.

Una empresa tiene legítimamente una finalidad económica. La Administración tiene la obligación de garantizar derechos y servicios de interés general.

Y cuando hablamos de cuidados, creo que el beneficio económico nunca debería estar por delante del bienestar de las personas.

8,5 millones y una pregunta fundamental

Los 8,5 millones corresponden únicamente al período inicial de dos años. El expediente contempla además posibles prórrogas y modificaciones, por lo que estamos ante una contratación de una dimensión económica considerable.

Por eso hay una pregunta que considero imprescindible:

¿Se ha comparado realmente el coste de la gestión privada con el de una gestión pública directa?

El argumento de que actualmente el Ayuntamiento no dispone de los medios humanos y organizativos necesarios para gestionar directamente Tarazona puede explicar una dificultad, pero no responde a otra cuestión:

¿Por qué no crear esos medios públicos?

Si faltan gerocultores, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de limpieza o cocina, ¿la única alternativa posible es contratar una empresa privada?

Creo que esa es una decisión política y que los vecinos merecemos conocer las alternativas que se estudiaron antes de tomarla.

¿Qué ha cambiado?

Hay además una cuestión política que no debería olvidarse.

Alejandro Rivero, actual concejal de Política Social, y la mayoría de los concejales del actual grupo de gobierno estaban en la oposición cuando se criticaban determinadas externalizaciones de servicios municipales.

En mayo de 2024, Rivero participó, como representante del Partido Popular, en un documento conjunto de los grupos de la oposición que denunciaba el «abuso de la externalización o cesión de servicios públicos municipales» e incluía entre los asuntos señalados la Residencia de Mayores Tarazona.

Hoy, desde el Gobierno municipal, defiende la licitación y habla de un “modelo público” cuando no lo es.

¿Qué ha cambiado en la posición de quienes defendían determinados planteamientos desde la oposición y ahora los gestionan desde el Gobierno?

Porque una cosa es que Tarazona sea una infraestructura pública y otra que su gestión sea pública.

Tarazona la hemos pagado entre todos

Me alegro sinceramente de que Tarazona vaya a abrir. Me alegro por nuestros mayores, por sus familias y por quienes necesitan una plaza.

Pero alegrarse por la apertura no obliga a aceptar cualquier modelo de gestión.

Yo defiendo que Tarazona sea pública de verdad, también en su gestión.

Quiero que el dinero público destinado a nuestros mayores se traduzca fundamentalmente en más y mejores cuidados, mejores condiciones para los trabajadores, más atención y más calidad de vida.

Después de tantos años, tantos retrasos y tantos millones invertidos, creo que nuestros mayores merecen algo más que una buena infraestructura. Merecen un servicio público pensado fundamentalmente para ellos.

Porque Tarazona la hemos pagado entre todos.

Y si la hemos pagado entre todos, el principal beneficio debería ser también para todos: para nuestros mayores, para sus familias y para nuestra comunidad; no para convertir sus cuidados en una oportunidad de negocio.

¿Y qué pasó con ellos?

Y llegados a este punto, hay dos cuestiones que tampoco deberíamos olvidar:

1. ¿Qué pasó con los mayores que tuvieron que salir de Tarazona para poder acometer las obras de remodelación de la antigua residencia?

¿En qué condiciones se produjo su salida? ¿Cómo afectó a esas personas el traslado y la ruptura de su entorno habitual? Lamentablemente muchos ya no están para contarlo.

2. ¿Qué pasó con los trabajadores municipales de la antigua residencia?

¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué papel tendrán ahora en el nuevo centro? ¿Por qué no se habla de ellos?

Son preguntas que también forman parte de la historia de Tarazona y que merecen una respuesta.

Porque detrás de las obras, de los contratos y de las cifras hay personas.

Personas mayores que tuvieron que dejar su residencia.

Trabajadores que durante años prestaron un servicio público.

Y familias que llevan demasiado tiempo esperando.

Las sombras de la violencia machista: la mentira como arma de control y aislamiento, por Paco Vega

 

Por Paco Vega

Esta semana hemos vuelto a constatar la gravedad de la violencia machista cuando no se aborda con la urgencia y firmeza debidas. La muerte de una mujer Guardia Civil, víctima de su exmarido —también Guardia Civil y condenado previamente por violencia de género—, ha vuelto a llenar los medios de titulares y lamentos. La realidad se traduce con demasiada frecuencia en tragedias tangibles porque siguen existiendo lagunas legales en las que los agresores encuentran refugio.

​Sin embargo, antes de llegar a esos desenlaces trágicos, existe un largo historial de agresiones invisibles que suelen pasar desapercibidas para el entorno cercano y para los propios operadores jurídicos y policiales. La mentira, cuando se utiliza de manera sistemática y deliberada tras la ruptura, se convierte en una forma severa de maltrato psicológico. Su objetivo no es otro que alterar la percepción de la realidad de la víctima, minar su credibilidad ante la sociedad y mantener un vínculo perverso de control y castigo.

​Difamación y triangulación social

​En este proceso, el agresor recurre con frecuencia a la difamación ante la familia, las amistades, el entorno laboral o las redes sociales. El propósito es aislar a la víctima, destruir su reputación y posicionar a su círculo en su contra en una búsqueda ciega de venganza por su propio orgullo herido. Frente a esto, la función del entorno familiar y social debe ser siempre la de arropar a la víctima, aun cuando no se comprenda toda la complejidad del proceso. Mañana pueden ser nuestras madres, hermanas o hijas las afectadas.

​Lamentablemente, en ocasiones son otras mujeres las que colaboran de forma indirecta con esta violencia: personas que se creen a salvo de estos patrones y que juzgan a la víctima con displicencia, culpabilizándolas por «permitir» el maltrato. Esta incomprensión, nacida de la ignorancia sobre las dinámicas del abuso, termina multiplicando el daño. Y cuando finalmente se consuma el impacto irreversible sobre la vida o la salud mental de la víctima, la sociedad se lamenta y busca culpables.

​Para romper este ciclo, resulta imprescindible abordar el problema desde la raíz: falta implantar un tratamiento psicológico obligatorio para estos agresores —a menudo reincidentes— que permita desactivar la manipulación y el control coercitivo antes de que se traduzcan en una tragedia irreparable.

LA EXTREMA DERECHA QUE NUNCA SE FUE Por Paco Vega.

 

LA EXTREMA DERECHA QUE NUNCA SE FUE

Por Paco Vega.

La extrema derecha que nunca se fue ahora viene de la mano de «los nuestros», retorciendo mensajes y asumiendo pactos imposibles.

Cada día leo a personas de mi entorno compartiendo los bulos que inundan las redes. Como no puedo ir uno por uno a intentar que abran los ojos, escribo en general, sin dirigirme a nadie para no molestar... aunque sé bien que a los más manipulados se les revuelven las tripas. Ya lo decía la frase: «Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado». Da igual el nivel de estudios obtenido o el estatus de vida alcanzado, la manipulación se sirve en bandeja para que sea consumida masivamente.

Acercarse a la historia de este país exige rigor. Hacen falta muchas lecturas y contraste para que ni cuarenta años de dictadura ni otros cuarenta de equidistancia borren la verdad: fueron cuatro décadas de represión, adoctrinamiento y dolor. Lo grave es el retroceso que se avecina. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde la extrema derecha se ha hecho fuerte, en las que se desmantela el Estado y el estado de derecho, sin pudor.

Lo fácil es consumir la mentira enlatada de ciertos medios y redes que nos dictan qué pensar y a quién culpar. No se trata de dogmas ni de tomar partido, sino de buscar información rigurosa sobre lo que pasó y lo que pasa hoy. Algo difícil en el país del bulo.

El riesgo real es la pérdida de libertades. La clase trabajadora y los pensionistas no están blindados frente a esto. Hay sectores financiados por los grandes poderes económicos, cada vez más, que necesitan embaucar a la mayoría social para ganar las urnas y desmantelar derechos, con el único fin de concentrar más riqueza.

Debemos estar muy atentos. Si la historia se repite, no dudarán en pisar a quienes les estorben, incluidos los que hoy les aplauden entusiastas. 

Esto no es un pique deportivo entre cervezas; nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Canarias y el nacionalismo de cartón-piedra, por Paco Vega.

Canarias y el nacionalismo de cartón-piedra.

Por Paco Vega.

​Resulta contradictorio que Junts —antaño Convergència i Unió— (a quien la derecha española está beneficiando, al victimizarla en exceso) pretenda liderar una «independencia» de Cataluña mientras vota sistemáticamente en los parlamentos junto a las derechas, y por tanto, en contra de la mayoría social. Una aventura de esta envergadura jamás podría consolidarse sin el respaldo de una amplia base popular. En mi opinión, es un error estratégico que han cometido tanto Junts en Cataluña como el PNV en el País Vasco: formaciones marcadamente de derecha, cuyas políticas benefician única y exclusivamente a una minoría adinerada. ¿De verdad creen que van a convencer a la ciudadanía defendiendo los privilegios de las grandes empresas?

​Hablamos de Cataluña, una comunidad con una autonomía de primer nivel —perteneciente a las llamadas «nacionalidades históricas»—, con marcado carácter identitario.

​Si trasladamos este ejemplo a Canarias, vemos la otra cara de la moneda: una región que apenas ha reivindicado su especificidad, a pesar de que la lejanía, la condición archipiélagica y su más que evidente condición colonial le dan razones de peso para exigir el máximo grado de autogobierno. Sin embargo, nuestros representantes políticos de entonces —timoratos o fieles cipayos de los partidos nacionales, cuando no ocupados en los negocios de unos pocos— y los de ahora, nos vienen dejando a la cola de todo.

​Si alguien tiene motivos sobrados para estar, al menos, en ese primer nivel autonómico, es Canarias, para quien el autogobierno —en todos los sentidos— se ha convertido en una necesidad.

​Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿por dónde habría que empezar para conseguir un autogobierno real, habida cuenta del inmenso abismo que nos separa de los llamados territorios históricos? ¿Acaso beneficiando a esa minoría adinerada, como se ha venido haciendo en las islas durante los últimos 40 años, o empoderando a una mayoría social desencantada y habitualmente abstencionista?

«Los que mandan no se presentan a las elecciones» , por Paco Vega

 «Los que mandan no se presentan a las elecciones»

Por Paco Vega

​Es curioso cómo las ayudas sociales de subsistencia —las mal llamadas "paguitas"— desatan ríos de tinta y críticas feroces, mientras se mantiene un silencio sepulcral sobre los miles de millones de dinero público que van directos a los bolsillos de las grandes corporaciones. 🤫💸

​Va siendo hora de poner nombres, apellidos y cifras claras al dinero de todos que financia a los de siempre.

​El ejemplo perfecto lo sufrimos en Canarias con los fondos Next Generation. Bajo un sutil "maquillaje verde" de sostenibilidad, estas millonarias ayudas europeas terminan financiando macroproyectos que agreden directamente a nuestra tierra, nuestros pueblos y nuestro medioambiente. 🌍📉

​¿Y quién lo permite? La actual administración autonómica, en manos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que sigue respaldando industrias tóxicas para la población escudándose en informes técnicos "a la carta".

​Pero la cosa no acaba ahí. Mientras el territorio se ahoga, ya vemos a otros actores políticos frotándose las manos y firmando pactos de cara a las próximas elecciones con quienes hoy sostienen este modelo. Al final, todo cambia para que nada cambie.

​Seguimos atrapados en el eterno "andar de la perrita". Y es que, lamentablemente, se confirma la regla de oro: los que de verdad mandan en las islas... no se presentan a las elecciones.

​La situación se está poniendo muy fea para los canarios. La ciudadanía merece explicaciones y, sobre todo, memoria. 👇🏻

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