Ustedes
ya conocen la historia, pero les voy a hacer un recordatorio a vuela
pluma. Según tomaron posesión, y tras una reunión entre el
Gobierno de Canarias y el Gobierno español, primero el consejero de
Industria canario, Pedro Ortega, y a continuación el presidente
Fernando Clavijo y, como no, el ministro español José Manuel Soria,
se lanzaron, en un ejercicio de gimnasia sincronizada, a defender las
bonanzas del gas para Canarias. Y para Gran Canaria, por supuesto,
donde el gas se tendría que imponer sí o sí. Y detrás, por
supuesto, los palmeros de siempre. Y los argumentos radicalmente
falsos o parcialmente falsos de que si es bueno para la industria y
para el turismo, que si es más barato, que si es menos contaminante,
que se trata de ampliar el mix energético y que su implantación es
transitoria… La misma historia de siempre que se repite
cíclicamente legislatura tras legislatura.
La
respuesta del Cabildo grancanario no se hizo esperar. De inmediato
expresé la necesidad de que se respetase la autonomía de la Isla
para afrontar su futuro energético y, días más tarde, el pleno de
la institución insular aprobó con rotundidad apostar por nuestra
soberanía energética basada en las renovables y el rechazo a un
modelo caduco sostenido en los combustibles fósiles. A pesar de que,
en un encuentro posterior en el Cabildo, el presidente Clavijo
mostrara su compromiso de respetar la decisión grancanaria, ninguna
de las partes que defienden el gas (el último en hacerlo fue José
Manuel Soria en una entrevista periodística) han desaprovechado la
ocasión para insistir en que vamos a perder una inversión de 300
millones, en que tendremos que traer el gas desde Tenerife, en que
perderemos competitividad… Y detrás, por supuesto, los palmeros de
siempre…
Ya
está bien. No es cierto que en Canarias el gas sea más barato que
las renovables, ni menos contaminante como valor absoluto que el
fuel, ni que nos garantice la independencia energética, ni que solo
sea una propuesta transitoria. Aquí está la trampa, la falacia
fabricada expresamente para salvar una inversión ruinosa de las
gasistas españolas que han invertido en los últimos años más de
27.000 millones en infraestructuras a las que no pueden dar salida.
Por su ambición desmedida se están viendo abocadas a cerrar plantas
en distintos lugares de la península o a mantener cerrada la
regasificadora de El Musel, en Gijón, que no se ha puesto en
funcionamiento desde su inauguración, porque en la mayor parte del
año la energía eólica produce más energía y más barata para
todo el sistema peninsular. Pero es más, como apunta Tomás Díaz en
el Confidencial.es, los ciclos combinados cobran el triple del
mercado eléctrico (un sobrecoste de 700 millones en 2014) a través
de un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico conocido como
“Resolución de restricciones técnicas al programa diario base de
funcionamiento”. Y después alegan que el déficit tarifario lo
producían las renovables.
Cuando
a finales de los noventa el Parlamento canario adoptó la decisión
de apostar por el gas para sustituir al carbón que tendría que
alimentar a los ciclos combinados, la medida tenía sentido. Casi
veinte años después la insistencia en mantener el modelo es un
auténtico despropósito. Hoy el gas ya no puede ser una alternativa.
Las innovaciones técnicas nos abren un sinfín de posibilidades para
apostar por un modelo renovable integral de un 60% al menos en una
década o poco más, apoyado en cualquier caso, en un sistema de
generación distribuida.
En
Canarias disponemos de las mejores condiciones del mundo para generar
energías limpias y las estamos desaprovechando. Desde la aprobación
del primer Pecan hasta hoy no ha habido sino incumplimientos y
aplazamientos de objetivos. La planificación ha sido caótica y
desastrosa. Con las renovables (éramos punteros y hoy estamos a la
cola en el conjunto del estado) y con el gas que llevan intentando
implantar desde hace dos décadas sin conseguirlo, mientras nos
cuesta más de 1.300 millones cada año producir la energía en
Canarias que en el territorio peninsular, aunque eso termina
pagándolo el conjunto de los consumidores españoles.
El
gas reduce muy poco los costes de producción de esta energía
(apenas 300 millones) frente a las renovables que prácticamente
anularían el sobrecoste de generación canario; el gas no nos
asegura nuestra independencia energética y menos en estos momentos
que procede de lugares geoestratégicamente inseguros; el gas libera
metano en su extracción y manipulación lo que provoca reacciones de
efecto invernadero veinte veces más potentes que el CO2; la fuerte
inversión a realizar (no solo son los 300 millones de la
regasificadora, sino los diques, contradiques, gaseoductos, la
cantidad enorme a invertir para obligarnos a utilizar el gas ciudad
en Las Palmas de Gran Canaria, Telde y el sur turístico…)
obligaría al Gobierno español a garantizar una retribución a largo
plazo a Enagás y a impedir, por tanto, la introducción de unas
energías limpias que obligarían a cerrar, como en la península,
las regasificadoras canarias y los ciclos combinados… Y no creo que
estén por eso, por hacer una inversión ruinosa. Y además, una
regasificadora supone un peligro tremendo para la población cercana.
Lo ha denunciado Roberto Centeno en numerosos artículos donde
compara los efectos de una explosión de una planta de estas
características al de una bomba nuclear. Y lo dice también la tabla
de cálculos del mismo ministerio: si se produjera una explosión en
una de las regasificadoras que nos quieren imponer en Canarias, donde
se almacenaría medio millón de metros cúbicos de gas licuado,
producto de la suma del contenido del barco más lo almacenado en los
depósitos, se produciría una bola de fuego de 3.700 metros de
altura y 2.500 de diámetro, en 126 segundos. Y eso sin contar con el
efecto dominó que se podría producir en un espacio como el polígono
industrial de Arinaga. En seis kilómetros quedaría todo arrasado.
Por
cierto, no es verdad que todo vaya bien en Tenerife y que la planta
se vaya a construir ya. Por lo pronto los tribunales han juzgado que
el estudio de impacto medioambiental de la regasificadora de
Granadilla no es válido y que tienen que volver a realizar un nuevo
estudio de impacto. Una chapuza, vamos. El presidente de la
Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), el tinerfeño
Enrique Rodríguez de Azero, elude entrar en la polémica del gas y
manifiesta que puede ser bueno si se evita que perjudique la
penetración de las renovables, dado que “en el resto de España
(…) ha hecho que se haya lastrado el déficit de tarifa así como
la posibilidad de un mayor avance de las renovables”. Blanco y en
botella… ¿Por qué vamos a presumir que va a ser distinto aquí
que en el resto de España?
Por
aquí tenemos muy clara la senda por la que queremos transitar. Vamos
a defender un nuevo modelo energético para Gran Canaria. Vamos a
pelear sin descanso para conseguir una Tamarán soberana en energía
(y en otras cosas). Vamos a convertir a nuestra Isla en una
referencia mundial en energías renovables. Por eso vamos a crear en
el Cabildo de Gran Canaria un Consejo Insular de la Energía que
sirva para dinamizar la implantación en la isla de un modelo
energético alternativo. Gran Canaria, con las tecnologías actuales
y los recursos de los que disponemos en fotovoltaica, eólica,
hidráulica, geotérmica, etc., podría atender el 60% y más de la
demanda de energía eléctrica y el 100% en la producción de agua,
con un abaratamiento de los costes del 35%, incluyendo las
amortizaciones necesarias para el establecimiento de sistemas
flexibles de generación. El Consejo Insular de la Energía de Gran
Canaria, va a centrar sus objetivos fundamentales en: Crear un
Consorcio público, participado por los 21 ayuntamientos de la isla,
para optar a la generación de energía limpia y pública a través
de los espacios destinados a la energía eólica o utilizando los
millones de metros cuadrados de las azoteas de los edificios públicos
para generar fotovoltaica; Profundizar en la I+D+i ligada a la eólica
marina, la geotermia, (la gran desconocida, la gran ninguneada) la
undimotriz, mareomotriz…; Fomentar y subvencionar las instalaciones
de energías renovables en hogares, industrias o instalaciones
hoteleras; Defender el autoconsumo como la fórmula ideal para
democratizar la energía; Alcanzar el 100% de la depuración o
desalación de aguas con energías renovables; Educar y crear
conciencia ciudadana para la búsqueda de la eficiencia y el ahorro
de energía; Propiciar la implantación del coche eléctrico con
ayudas para su adquisición, instalaciones de puntos de recargas y
asociando sus consumos a la producción de renovables. Como valor
añadido al turismo verde, se incidirá en fomentar la utilización
de coches eléctricos para alquiler; Promover la creación de
industrias ligadas al mantenimiento, fabricación de componentes,
montajes, etc., de las renovables…; Defender la potenciación de
las renovables en la isla tomando parte activa para desbloquear todos
los obstáculos que impiden hoy su penetración (como ha sucedido con
Chira-Soria, a la que salvamos in extremis porque casi dejan caducar
el expediente); Asesorar a hogares y a pymes en la utilización de
energías verdes, creando canales que faciliten la búsqueda de
recursos financieros y alternativas técnicas; denunciar los frenos y
los ataques a las renovables…
La
creación del Consorcio Insular de la Energía va a beneficiar a
todos los grancanarios y a las empresas locales, pues vamos a luchar
con uñas y dientes para abaratar los costes de producción de
energía, conseguir la creación de empleo y, en el caso de las
corporaciones locales, lograr la disponibilidad de fondos para
destinarlos al mantenimiento de los servicios públicos y a generar
infraestructuras y equipamientos.
Estamos
convencidos de que con la incorporación masiva de las energías
endógenas, donde las gestionables -hidráulica y geotérmica-
tendrán un importante papel, las energías renovables pasarán a ser
la fuente prioritaria de generación y las fósiles, residuales,
tendrán la función de energía de reserva. Y no hará falta ninguna
regasificadora, claro. Este es el camino que vamos a andar para
conseguir nuestra soberanía energética. Para ser referencia
mundial. Para generar puestos de trabajo, nuevos atractivos
turísticos, nuevos puentes con África, nueva economía…
Mientras,
ni comen ni dejan comer. Ni gas ni renovables, y Canarias con los
índices más altos de emisiones y con los costes más caros de
producción de energía.
Antonio
Morales Méndez
Presidente
del Cabildo de Gran Canaria
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