La política se concibe como un medio de participación ciudadana, como una forma de regir los asuntos públicos y la disputa pacífica por el poder, y sirve para expresar las distintas voces de quienes participan en una sociedad.
Esto parece ser así al menos en teoría. Lamentablemente la triste realidad nos ofrece ejemplos de todo lo contrario, de políticas públicas que operan de espaldas al ciudadano y al interés público en general.
La democracia se ausenta incluso del seno de lo propios partidos. La realidad es que en muy pocos partidos rige la democracia interna. Los que llegan a puestos de responsabilidad o posiciones que ellos consideran de fuerza, intentan torcer el brazo al resto, forzando la expulsión o dimisión de unos, o generando divisiones internas que ellos consideran les puede favorecer. En ningún caso el interés del pueblo al que prometieron defender está en el centro de esos debates. Los políticos se suelen dividir en dos grupos: los más ambiciosos, que luchan y hacen “lo que sea menester” por su promoción personal; y los más conformistas, que sólo aspiran a conservar su estatus actual. De los casos citados hay otra derivada que, al mismo tiempo, aspira a enriquecerse de manera irregular, sin duda la más perniciosa.
Lógicamente sobra decir que no habría corrupción de no existir corruptores con mucho dinero y poder.
Con esos mimbres podemos observar la aplicación de la Ley con estricta rigurosidad sobre el ciudadano medio que se extralimita en cualquier acción, por leve que sea; mientras que los autores de auténticos desmanes legales, consiguen salir prácticamente impunes cuando se trata de determinadas élites de poder. La razón es simple; el ciudadano suele ir “a pecho descubierto”, sin conocimiento ni asesoría que le permita “esquivar” los obstáculos legales; mientras que las grandes corporaciones tienen amplios equipos de asesores legales, técnicos y económicos que le aconsejan sobre los atajos y los tiempos (nada menor en estos casos). Suelen además, en este último caso, apoyarse en grupos de poder económico que presionan a las administraciones para la consecución de sus objetivos. Y además, con sobrado dinero para abonar multas si fuera menester, en el peor de los casos.
En ocasiones, incluso observamos auténticos dispendios económicos por parte de determinadas administraciones, como por ejemplo inversiones públicas millonarias en bienes privados de interés privado, con elaboradas campañas de marketing y con el “disfraz de interés social”. Otras no tan graves económicamente, pero igualmente dañinas para las arcas públicas, como los generosos “regalos” en forma de actuaciones municipales a particulares (como el pintado de fachadas, arreglo de caminos, etc.), normalmente coincidentes con campañas electorales. Sin embargo, en otros casos, las solicitudes de ayuda municipal para acometer actuaciones de grave riesgo para la vida de las personas, que se escapan al poder adquisitivo de los vecinos, son desoídas, alegando pertenecer al ámbito privado, aunque sean carreteras de tránsito frecuente en peligro de derrumbe. La vara de medir nunca es la misma, imponiéndose entonces una extraña discrecionalidad.
Hace algunos años, ocho concretamente (hay que ver cómo se nos va el tiempo), escribía un artículo titulado “La política en dos brochazos”, en el que hablaba de las mentiras y los intereses podridos de políticos corruptos. De política he escrito mucho y no para bien. En alguna ocasión incluso he piropeado a algún político, creyendo entonces que era una “rara avis”, para acabar descubriendo decepcionado -tiempo después- que se trataba de un simple “cuervo común”…
Algunos toman el poder pregonando que quieren cambiar las cosas cuando en realidad se trata de un “quítate tu pa’ponerme yo” o de un simple trampolín político.
La mayor parte de los políticos siguen de espaldas a los ciudadanos y lo saben. Otros se aprovechan de la indignación de los desinformados para medrar con bulos.
