Lo habrá, tarde o temprano lo habrá. Habrá un estallido social. El mundo que prometía un bienestar sostenido está roto. Los políticos no lo ven, o no lo saben o quizá sea que han llegado a ese estado de ceguera, necedad y estupidez que les impide salir de su discurso hueco, repetido y refractario. Es el bloqueo del poder partitocrático tal como lo conocemos. E intuyo que lo que se prepara es el control del estallido.
En 1982 Joaquín Almunia habló de un concepto económico de actualidad, la Tasa de Paro Insoportable. Entonces responsable económico del PSOE y hoy Comisario de la UE, discutía con José María Linde, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía en aquel momento y hoy gobernador del Banco de España, sobre la idoneidad de la tasa de desempleo como indicador de la política de empleo implementada por un gobierno. Más allá de aquella ortodoxa discusión de hace más de 3 décadas (que entre otras cosas sirve para advertir hasta dónde han llegado aquellos que comulgan con una visión ortodoxa de las cosas), es evidente lo apropiado de una reflexión que intenta dilucidar qué tasa de desempleo puede soportar una sociedad. La historia económica de los últimos 30 años nos enseña que gobiernos de uno y otro signo han logrado sobrevivir con tasas de paro de 2 dígitos sin que exista una revolución o un potente estallido social. En España la tasa de desempleo supera el 26% y en Canarias la situación es aún más dramática. El desempleo alcanza a más de un tercio de la población, es decir el 33%.
Sin embargo, la cuestión fundamental ya no parece ser cuál es el nivel de desempleo insoportable. Cualquier nivel de desempleo de dos dígitos tiene consecuencias catastróficas para la cohesión social, la desigualdad y las posibilidades de desarrollo de un país o una región. Esta crisis no es una excepción. Frente a esa reflexión y las interesadas críticas sobre las presuntas deficiencias de indicadores de desempleo tipo la EPA o el Paro Registrado, parece pertinente saber cuáles son las razones que explican por qué no se ha producido un estallido social de gran alcance ante una situación tan grave.
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Un diagnóstico equivocado: Muchos economistas, sociólogos o filósofos se encargaron de explicar de forma convincente las verdaderas causas de esta crisis, incluso de pronosticarla. Sus argumentos no tienen nada que ver con las causas apuntadas desde las instancias políticas y financieras, por eso se les ha silenciado o estigmatizado con la ayuda inestimable de unos medios de comunicación escasamente plurales en el tratamiento de la crisis. De forma deshonesta se nos ha hecho creer que la presente crisis era coyuntural, cuando es un problema estructural que afecta a un sistema capitalista que ya no da más de sí. Un diagnóstico equivocado añade confusión y retarda cualquier intento de movilización.
No hay alternativas: El mensaje del no hay alternativas promovido por los dos últimos gobiernos, también ha hecho mucho daño. Hábilmente nos han vendido que para superar esta situación eran necesarias las políticas de recortes que están aplicando de forma unánime en Europa. Este ideológico discurso, que no está refrendado empíricamente si no es para certificar su fracaso, ha calado en la sociedad de forma muy honda porque se presenta como el único posible. Además, se trata de un discurso que en modo alguno es neutro. Se lanza con objetivos muy concretos; al tiempo que se ocultan otras opciones de salida, es extremadamente efectivo para imponer determinados cambios en el modelo de sociedad vigente; desmantelamiento del Estado del Bienestar, abaratar el trabajo, conservar intactos los privilegios de los agentes que han provocado esta crisis-estafa, y abrir nuevos mercados a un sistema capitalista en colapso. Nos han vendido que las cosas solo funcionan dentro del sistema capitalista y no es así. Existen otras formas de organización de la sociedad en base a criterios ecológicos, solidarios, cooperativos, participativos y democráticos que pueden ayudar a superar el actual cisma.
Un discurso tergiversado: Al diagnóstico equivocado hay que sumar un discurso avieso y claramente interesado que se promueve por parte de los principales representantes políticos y económicos de este país. Un discurso apoyado en un lenguaje eufemístico que intenta ocultar la realidad al tiempo que permite dirigir la munición hacia las instituciones que molestan a esa élite; según esos discursos tenemos un Estado sobredimensionado, un nivel de protección social que no podemos financiar, un rígido mercado laboral que evita el ajuste y un sector público ineficiente. Todas las proclamas a cuenta de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y alegatos similares que ahondan en la tesis de que tenemos que purgar nuestros excesos, entrarían en este enfoque. Un enfoque interesado que persigue un objetivo claro; difuminar las responsabilidades de los causantes de esta crisis-estafa y ocultar a los verdaderos promotores de la misma. Si se oculta a los responsables se evitan las críticas.
El miedo es el mensaje decía el artista Juan José Martín Andrés en una interesante exposición organizada en Madrid a finales de 2012. A través de una amplia sucesión de titulares de diversos periódicos durante los últimos 20 años, el autor muestra cómo se propaga mediáticamente el miedo, mediante un enfoque basado en reforzar la zozobra y la catástrofe del sistema frente a una perspectiva que potencie las posibilidades de regeneración o superación del mismo que podría traer la crisis. En la exposición podíamos advertir, además, un inquietante efecto; con independencia del contexto crítico que ha jalonado el capitalismo mundial, se repite el planteamiento de los titulares por toda la geografía mundial incidiendo en la congoja y el desasosiego. El miedo inmoviliza porque resquebraja nuestra seguridad individual y colectiva para la rebeldía. Es, ante todo, útil para quebrar la capacidad de contestación de la sociedad a la injusticia y el crimen masivo que se perpetra desde las instancias financieras con la connivencia política. La utilización del miedo como herramienta de dominación y contención de la reacción social no es nueva, se conoce desde tiempo inmemorial. En los últimos cinco años el miedo ha sido utilizado en mayor o menor medida por todos aquellos que han pretendido inocular reformas impopulares que tienen una dirección muy clara.
La incapacidad de asociación: La tremenda incapacidad de gran parte de la ciudadanía para relacionar que el nivel de desempleo actual es la consecuencia del modelo económico desarrollado en España durante la fase de expansión, es otra razón. Una incapacidad lógica cuando deliberadamente se subvierte el lenguaje y se tergiversan los discursos. En el periodo 1996 – 2007 la economía española creció gracias a que irresponsablemente se cebó una descomunal burbuja inmobiliaria y del crédito. De ella se ha beneficiado un sector muy concreto de la sociedad española frente a la gran mayoría. Ni los reguladores hicieron correctamente su trabajo de supervisión, ni los políticos supieron defender los intereses de la ciudadanía, ni el sector financiero supo o quiso valorar correctamente los riesgos a los que se exponía, inmersos en la demencial dinámica de maximizar sus beneficios. Si fuéramos capaces de establecer esta relación de causa-efecto comprenderíamos que ineludiblemente caeremos en los mismos errores si no somos capaces de exigir, firmemente, un cambio en el actual modelo económico.
La situación límite de un sector de la sociedad y del Estado: La gran mayoría de personas está más pendiente de sobrevivir cada día en un contexto de creciente deterioro social que de invertir el tiempo en denunciar lo que está ocurriendo. Ante una tasa de paro inadmisible, existe un clima de depresión social que disuade la capacidad de reacción de las personas. Sobre todo la de aquellos que llevan más de 2 años inmersos en la lacra del desempleo. Además, el desgaste y destrozo del Estado como impulsor de programas de protección social, por la vía de mermar su capacidad de recaudación, obstaculiza que se pueda afrontar esta crisis desde una perspectiva colectiva.
El crecimiento de la economía sumergida: En España se estima que la economía sumergida alcanza el 22-25% y en Canarias incluso más. Cuando el modelo que organiza la sociedad no proporciona otras opciones de supervivencia salvo el deterioro de las relaciones, la gente se refugia progresivamente en actividades que se desarrollan al margen de los cauces normales. La perentoria necesidad de seguir viviendo así lo exige. Un círculo vicioso perjudicial para el conjunto de la sociedad puesto que el fraude y la economía sumergida también dinamitan las posibilidades de afrontar esta crisis desde lo colectivo.
La histórica fragmentación de la clase trabajadora: A la creciente e histórica fragmentación de la clase trabajadora se añade la incapacidad de las pymes y autónomos de reconocer que su situación es idéntica a la de los trabajadores. Todos ellos son víctimas y damnificados de una misma política económica. Su quiebra es la misma que la de la clase trabajadora. La asociación de trabajadores, responsables de pymes desaparecidas y autónomos fracasados crearía un frente de resistencia colectivo de fuerza indudable.
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