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1).- Comencemos por el primero que es el que ha generado mayor polémica. Tanta que, por mor de esta Ley, ya están enfrentadas algunas de las principales organizaciones empresariales canarias. Por su parte, y como es lógico, las empresas afectadas (Endesa, Red Eléctrica Española, aunque Enagas todavía no ha saltado a la palestra) están tomando sus correspondientes posiciones rivales. Desde el ámbito institucional, el Cabildo de Tenerife salta por su cuenta. Por último y como estaba cantado, las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se han vuelto más agrias si cabe. Hay que reconocer que, para empezar, no está nada mal la salida.
Pero retengamos algo, esencial a mi juicio, ¿no se privatizó el monopolio público Unelco y se liberalizó el mercado eléctrico canario por el Gobierno de Aznar en 1998? ¿No es cierto que hace 15 años, muchos nos opusimos a esa decisión y alegábamos que los distintos mercados eléctricos canarios, por sus propias características estructurales constituían auténticos monopolios naturales? ¿No adelantábamos que esa privatización lo único que iba a conseguir era cambiar un monopolio público (Unelco) por otro privado (Endesa-Enel)?
Y, como si no fuera con él, el ministro de Industria, con grandilocuencia y solemnidad impostada, acusa a Endesa nada menos que de “monopolio de facto” ¡Pero si fueron ellos mismos los que se lo regalaron!
Y como hoy dice abominar de lo que creó ayer, tiene que cambiarlo otra vez y la forma que ha utilizado es este Proyecto de Ley. Y “¡ahora, dice, sí vamos a crear competencia eléctrica!” ¡Aunque sea a cañonazos!
Porque ¿qué otra cosa es expulsar a Endesa de las infraestructuras hidroeléctricas y gasistas de generación eléctrica en las Islas (Chira, Gorona y Gascan)? ¿Qué otra cosa es prohibirle a Endesa que acceda a las subvenciones (las del Régimen Especial Canario) si pretenden ampliar o crear nuevas infraestructuras de generación eléctrica? Y esto es así porque en la nueva ley se quiere excluir a aquellos operadores que tengan más del 40% de la potencia de generación en cada sistema eléctrico. Y recordemos que, en la actualidad, Endesa tiene alrededor del 93% del total del Archipiélago.
Sé que todo esto parece el cuento de nunca acabar. Porque, primero se liberalizó el sistema y se privatizó Unelco. Y así se montó el monopolio privado de Endesa. Y como no apareció competencia por ningún lado, ahora se quiere conseguir la competencia, expulsando a Endesa de la mitad del negocio eléctrico canario. ¡Así de sencillo, con las manos en los bolsillos y silbando!
¿No es todo esto un atropello a la razón y a los más elementales principios de la eficiencia económica y social?
Porque, si en quince años... ¡Y qué quince años! Los del mayor boom del crecimiento de la historia económica de Canarias. Cuando, sin apenas enterarnos, pasamos de ser una sociedad de emigrantes a tener que llamar y traer a más de 300.000 personas para que nos ayudasen a mantener elturbocrecimiento de la burbuja inmobiliaria y turística. Repito, si en esos mismos quince años, y pudiendo hacerlo porque se liberalizó el mercado eléctrico, no ha habido otras empresas privadas que entraran a competir (el 47% de Gascan es de Endesa), ¿cómo es que ahora mismo lo van a hacer? ¿Cómo se atreve el Ministro a asegurar con rotundidad que hay empresas “a punta pala” deseosas de entrar? ¿Con la que está cayendo?
Seamos serios. Reconozcamos lo que la misma realidad nos está diciendo. La estrategia de forzar las cosas, incluso al máximo de lo irrazonable, para crear competencia no funciona. Porque el Archipiélago, sus distintos sistemas eléctricos (si obviamos la arbitraria, interesada y puramente administrativa diferenciación legal entre generación-transporte-distribución y comercialización) son auténticos monopolios naturales. Se trata de lo que los manuales conocen como "fallos del mercado". Y estos, dejados a la libre iniciativa particular, pueden llevarnos con toda facilidad a situaciones tan aberrantes como la que estamos atravesando.
2).- Pasemos a comentar el otro eje fundamental del proyecto de ley. La seguridad del sistema eléctrico canario. En este aspecto, ilustra resaltar lo que, con toda lógica en el contexto, señala Endesa; “Si no me dejan invertir lo que estaba y tenía previsto y, de otra parte, no aparece ninguna otra empresa que quiera hacerlo, no puedo garantizar la seguridad del suministro. Porque, al menos en las islas periféricas, resulta inimaginable la aparición de nuevas empresas”. Ante esta evidencia, el Ministro de Industria se sube a la palma y truena algo así como que “las empresas que no garanticen el suministro serán sancionadas y arrojadas al abismo”.
Pero si les prohíbe invertir, ¿cómo les va a exigir garantizar la seguridad del suministro? Cosas de la inconsistencia del planteamiento. De la futilidad de las bravuconadas.
El nuevo modelo
Pero no es ese el camino para explicar lo que aquí se quiere defender. Para nuestro intento hay que situarse en la perspectiva del largo plazo. No se trata de imponer competencia donde esta no funciona, ni pensar que la competencia es la llave de todas las eficiencias posibles. En todos los momentos y en todos los lugares.
Lo razonable en el caso canario es apostar, como objetivo primero y estratégico, por la eficiencia económica y social de los sistemas eléctricos. Y esta eficiencia es imposible de conseguir con el esquema propuesto por la Ley. Es decir, que una institución, Red Eléctrica de España (REE), pueda dirigir, coordinar y funcionar al óptimo, teniendo que coordinar y acoplar todos los modos y fuentes de energía, producidas a su vez por cuantas más empresas mejor y que compitan entre sí, haciendo con todo eso un sistema inteligente y eficiente. Eso es pedir la cuadratura del círculo en la estructura territorial canaria.
Lo que necesita la estructura energética de las Islas es, de una parte, una propuesta científica y técnica de aprovechamiento conjunto de todas las fuentes energéticas existentes. Y, de otra parte, una gestión a escala insular (suprainsular ya en algún caso), que facilite la gestión global y eficiente de lo complejo.
Además, hay otra cuestión estratégica que se ha obviado hasta ahora. Creo que lo que Canarias necesita hoy no es emperrarse en “crear” competencia a cañonazos, en un sistema eléctrico basado en la quema de combustibles fósiles. Y por lo tanto, dependiente de unas importaciones de bienes cada vez más caros y escasos. Pero, por encima de todo, contaminantes.
Ante este camino sin recorrido, creo que lo que Canarias necesita es otra cosa. Una Estrategia para la implantación de un nuevo modelo energético limpio y renovable. Y, lo más y mucho a tiro de una generación, podemos aspirar a la soberanía energética. La dotación excepcional de recursos energéticos renovables en Canarias es lo que marca la diferencia. Al tiempo que, hablando de verdad de sostenibilidad, es la que mejor puede garantizarnos la seguridad a largo plazo del suministro energético.
Por último y aunque solo sea mencionarlo, en mi opinión, resulta esencial que los grandes parques de generación y almacenamiento de las energías limpias, deberían ser de propiedad pública. Y deberían encaminarse, entre otras múltiples funciones, a mejorar la lamentable financiación de los municipios canarios.
En esa perspectiva y en la práctica social y política, la nueva Ley Eléctrica, a mi juicio, tiene que entenderse como un último intento, para facilitar que los más poderosos agentes del viejo modelo energético, por medio de sus principales arietes (prospecciones, desgasificadoras…) sean capaces de impedir que el pueblo canario pueda acceder al aprovechamiento de nuestros excepcionales recursos energéticos limpios y renovables.
Recordemos que las renovables son canarias. Su aprovechamiento y su uso van a realizarse aquí mismo. Son energías locales. Que, además, el nuevo mModelo va a generar actividades productivas que podrán ser el núcleo de un nuevo sector, con enorme potencial de creación de empleo cualificado.
Por eso, intenta derogar la legislación actual según la cual, se obliga al Ministerio a tener en cuenta las especificidades isleñas en la planificación energética y a llegar a acuerdos previos con la Comunidad Autónoma de Canarias. De este modo, de aquí en adelante y con la nueva Ley, el Gobierno de España, aludiendo al “interés general español” podría hacer lo que quisiera.
No sería malo que el Gobierno de España dejara de entender Canarias solo a través y por medio de su ministro de Industria, y tuviera cuidado de no plantear nunca situaciones en las que el interés español y el interés canario pudieran entrar en conflicto.
También Chema Tante en La Casa de Mi Tía comenta el asunto con un certero comentario:
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