Ben Magec-Ecologistas en Acción hace público a través de su web un informe en el que se revelan los datos de siete expedientes abiertos contra Repsol en América Latina por vulneración de los derechos humanos, daño ambiental y empobrecimiento de las comunidades locales de los países afectados por las explotaciones petrolíferas y gasísticas. Este informe ha sido redactado por el técnico de Cooperación Internacional J.C. Díaz.
En este informe se relatan casos de contaminación de acuíferos y de suelos, pérdida de biodiversidad, y en general de vulneración de la normativa medioambiental y de los derechos humanos que está causando el empobrecimiento y el desplazamiento de pueblos en Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, aunque aún hay muchos expedientes más abiertos en América latina y en muchos otros países por todo el Planeta.
La Federación ecologista también denuncia que el gobierno, en lugar de intervenir contra estas atrocidades, está vinculando la marca de transnacionales de éxito como Repsol a las de la “marca España” para salvar el desprestigio internacional que están suponiendo tanto la crisis como los casos de corrupción que afloran cada día. Por supuesto, Repsol está utilizando esta misma solución como una estrategia de marketing. Según la organización ecologista: “nos quieren vender que confiar en Repsol es apoyar a España. Defender los intereses de Repsol es defender los intereses de España. Es lo que ocurrió cuando Argentina privatizó YPF: el Gobierno de España y los medios de comunicación a su servicio iniciaron una ofensiva ideológica que pretendía vender éste como un gesto hostil hacia España, no como una medida política y económica favorable a los intereses de las argentinas y los argentinos”.
Por último, señalan que “esta transnacional sigue en Canarias la misma línea de actuación que en Sudamérica, basada en la mentira sobre los efectos económicos y ambientales de su actividad, y cómo no, en la corrupción política, condición imprescindible para garantizar el éxito en sus gestiones”.
En el caso de Canarias, la región en la que se realizan las prospecciones petrolíferas posee una gran importancia biológica con una rica y diversificada fauna marina <>. Hablamos de rutas migratorias muy importantes de cetáceos – calderón boreal, delfín de diente rugoso, delfín de Fraser-, de atunes, de algunos mamíferos marinos –la foca monje, la ballena franca-, y de tortugas marinas –tortuga boba tortuga laúd, la tortuga carey, la tortuga verde y la tortuga golfina-. Además nos encontramos con una variedad de peces -la vieja, el abade, el mero o el atún rojo- que conforman pesquerías tradicionales canarias de gran importancia para la economía local de ambas islas, sin olvidarnos de la cercanía de la Resera de la Isla de la Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote inscritos como Reserva de la Biosfera.
Además de todo ello, un posible derrame afectará al abastecimiento de agua potable en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Señor Soria: no nos venda el cuento de que las exploraciones suponen progreso para las Islas Canarias. Le recordamos que usted es canario y gracias a una parte de esta población canaria consiguió en su día los votos necesarios para ostentar hoy su cargo. Deje pues de apoyar la destrucción de los recursos naturales que pertenecen a estas islas.
Visibilizando la cara oculta de Repsol
J. C. Díaz, Técnico de Cooperación Internacional.
La historia de Repsol es muy similar a la de cualquier transnacional de las que se dedican a extraer recursos naturales muy rentables en el mercado. El beneficio empresarial se antepone al respeto a/de los derechos de los pueblos que, paradójicamente para su desgracia, poseen grandes riquezas naturales. La ética y el sentido común nos dicen que los habitantes de un país son legítimos propietarios de sus recursos, pero la lógica capitalista ha establecido que quien obtenga el derecho sobre un suelo por compra o por concesión sea quien mande. Consecuentemente, los habitantes de esos países supuestamente ricos se convierten en mano de obra barata, o en una simple molestia anecdótica.
Sin embargo, Repsol tiene dos peculiaridades que nos hacen escribir este informe: por un lado, amenaza con convertir a Canarias en uno de esos países expoliados. Por el otro, se intenta equiparar su imagen a la de una empresa de titularidad pública española. Pero no es una empresa española, no es de capital público. Sin embargo, se quiere vender como tal, y tanto el Gobierno de España como el Rey Juan Carlos juegan un papel importante en la defensa y promoción de sus intereses económicos. Pues bien, si se quiere relacionar su imagen con la de España, España debería velar por que sus actuaciones respetaran pulcramente los derechos humanos y el medio ambiente.
A día de hoy existe un sinfín de sentencias condenatorias contra Repsol por violación, por torturas y por obligar a las distintas poblaciones a desplazarse de sus propios territorios debido a las prácticas extractivistas que llevan a cabo y que afectan a la salud de los pueblos que viven en estas regiones. Esta actividad genera una grave pobreza y miseria en estas comunidades y provoca desmanes medioambientales como la contaminación de ríos y del mar, y la destrucción de biodiversidad.
Actualmente en Centro América y Sudamérica la compañía Repsol tiene los siguientes expedientes abiertos contra la violación de diferentes derechos humanos <>:
- Caso Lomo de la Lata, que afecta a la comunidad Lonko Puran, perteneciente al pueblo Mapuche en la provincia del Neuquén, en Argentina. Repsol YPF es la principal empresa que opera en esta región con más de 150 pozos petrolíferos que funcionan las 24 horas al día durante los 365 días del año. Desde 1995 se ha podido certificar la contaminación de los acuíferos por condensados de gasolina, afectando a una población cercana a los 70.000 habitantes. La comunidad Lonko Puran ha denunciado a Repsol (entonces también YPF) por la desaparición de la biodiversidad de la zona, la pérdida de cultivos, la imposibilidad de beber agua subterránea, además de por ser causante de los elevados índices de mortandad entre niños y mayores por la aparición de leucemia, cáncer e hipertensión <>.
- También nos encontramos con El Caso del gasoducto Lateral Cuiabá que afecta a 24 comunidades con un total de 8.108 personas, desde Ipiás a San Matías, pertenecientes a los pueblos Chiquitano y Ayore en la región de Santa Cruz, Bolivia. La presencia de Repsol ha dado origen por un lado a un conflicto medioambiental centrado en el trazado del gaseoducto, que instala tuberías para el transporte del gas a 1,5 metros de profundidad, atravesando el bosque Chiquitano, y por otro lado un conflicto social por invadir las tierras que habitaban las comunidades chiquitanas y ayoreas. Repsol poseía el 49% de los activos de YPF y recientemente firmó un acuerdo con el gobierno boliviano adjudicándosele la explotación de gas a Cuiabá hasta el 2019, lo que supone la exportación del gas boliviano hasta la termoeléctrica brasileña <>.
- El Caso Tentayape se ubica en la provincia de Chuquisaca en la región del Chaco chuquisaqueño, afectando al pueblo Ava Guaraní de la comunidad Tentayape. Esta comunidad ha sido declarada Patrimonio Histórico Cultural y Natural de Bolivia (Ley Nº 2921 del 26 de noviembre de 2004). El ingreso de Repsol a través de YPF-Bolivia que posee el 37,5% como operador para la exploración y explotación de las reservas de gas en el Bloque Caipipendi, afectando este bloque petrolero a las tierras comunitarias de Tentayape supone la vulneración de los derechos humanos de los pueblos.
-Perú, caso Lote 57 que incide sobre 14 comunidades de la región del Distrito de Echarate, provincia de la Convención, región Cuzco, de la provincia Atalaya, región Ucayali y de Satipo, de la región Junin que afecta a los pueblos Asháninka, Yine Yami, Machiguenga y Kakinte. Hablamos de una población entre 25.000 y 64.000 habitantes, y de 20.866 km2 de superficie afectadas por su actividad extractiva. La población indígena ha rechazado de pleno la presencia de Repsol en sus territorios originarios por no haber cumplido con la normativa medioambiental y haber vulnerado los derechos de estos pueblos<informes>>.
- Otro caso en Perú, es el conocido como Caso Lote 109 que afecta al pueblo Awajún del Departamento de Loreto, provincia de Alto Amazonas, Distrito de San Lorenzo Cuenca del Marañón. La exploración petrolera incide sobre los acuíferos de la zona que provocan procesos de desplazamientos, genera narcotráfico y delincuencia <>, y no contribuye en nada a mejorar la calidad de vida de la población, sino más bien al contrario, ya que produce altas tasas de desnutrición crónica y la violación de sus derechos humanos colectivos e individuales. Repsol a través de Repsol Exploración Perú gestiona 4 lotes en fase de exploración de petróleo en la Amazonía peruana, que afecta a territorios indígenas, áreas protegidos y reservas <>.
- Colombia es otro de los países afectados por Repsol. Caso Limón. Afecta al pueblo Sikuani del Departamento de Arauca, municipio de Arauquita. Dicha región se conoce como la “Cuenca Petrolera de los Llanos Orientales”, la zona con más concentración hidrocarburífera <>. Repsol posee en propiedad parte de los territorios del Caño Limón además de los derechos mineros sobre 8 bloques para exploración.
- Y por último nos encontramos con el caso del bloque 16, en Ecuador, que afecta al pueblo Waorani en la provincia de Orellana, Parque Nacional Yasuní, caracterizado por tener una de las mayores biodiversidades del planeta por metro cuadrado, aunque desgraciadamente para su conservación, posee numerosas reservas petrolíferas. El gobierno ofrece concesiones a Repsol que vulneran su propia Constitución. El Parque nacional Yasuní está catalogado a nivel internacional por la UNESCO –Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Reserva de la Biosfera en 1989-. Repsol YPF extrajo en este bloque, de 1997 hasta 2006, unos 37.407 barriles diarios a través de un oleoducto subterráneo de 120 km de longitud que afecta de lleno a dicho Parque.
Repsol sigue en la actualidad vulnerando derechos en 7 casos concretos en distintos países de Sudamérica –Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina-, sin hacer mención de otros casos dispersos por otras partes del planeta.
Los derechos humanos que han sido vulnerados por esta compañía sobre los pueblos y las personas son:
- El derecho a las tierras, territorios y recursos;
- derecho al consentimiento libre, informado y previo;
- derecho al propio desarrollo;
- derecho a la salud;
- derecho a no ser desplazados por la fuerza;
- derecho a la vida, la integración física y mental, la libertad y la seguridad de la persona;
- derecho a disfrutar de un medio ambiente sano.
- derecho a la compensación e indemnización;
- y derecho a un trabajo digno.
Sin embargo, ninguna de estas causas abiertas ha supuesto un escándalo en España. Ni siquiera se le dedica una sola columna informativa en ningún medio de comunicación convencional.
Más bien al contrario, el gobierno actual, frente a la situación de desprestigio en la que se encuentra el Estado ante la gravedad de la crisis económico-financiera y las consecuencias que se están derivando de ella además de los recurrentes casos de corrupción que salen a la luz día a día, ha seguido una estrategia de lavado de cara para mejorar su posición en el exterior. Esta estrategia consiste en unir la imagen exitosa de las grandes marcas empresariales españolas que operan a nivel internacional y obtienen ingresos millonarios, con la fortaleza de España. De ahí que en muchas ocasiones den “barra libre” a ciertas transnacionales que han amasado grandes beneficios a costa de la vulneración de los derechos humanos en otros países. Éste es el caso de Repsol, que constituye una de las 15 petroleras más importantes del planeta gracias a la dependencia mundial del petróleo, el combustible que conforma la matriz energética sobre la que se mueven las sociedades modernas capitalistas actualmente. Repsol tiene aseguradas ganancias millonarias por los próximos años mientras no se cambie la matriz energética de dependencia febril de los combustibles fósiles, y la legislación de los 'corruptos años noventa' que perdura a día de hoy en la mayoría de los países.
Las transnacionales en general, aunque muy particularmente las extractivas, utilizan su estrategia de “responsabilidad corporativa” únicamente como un lavado de imagen, pero sin dejar de vulnerar los derechos humanos. Nos intentan vender que ellos siguen un plan anual sobre el que basan su crecimiento de forma sostenible que, sin embargo, no se refleja en el día a día de sus actuaciones en el mundo. Su único objetivo inmediato es la maximización de sus beneficios sin ningún tipo de ética a la hora de realizar su labor, y para ello evitan prevenir, mitigar, restaurar o compensar los impactos negativos que generan sus actividades en la sociedad y en el medio ambiente porque esto supondría un sobrecoste que afectaría a sus beneficios. Es el caso de la responsabilidad corporativa de Repsol, claramente maliciosa e irreal, y que únicamente intenta maquillar la realidad de sus actuaciones en los países menos desarrollados.
Por otra parte, en su publicidad vinculan su marca a un sentimiento de pertenencia nacional. Confiar en Repsol es apoyar a España.
Defender los intereses de Repsol es defender los intereses de España. Es lo que ocurrió cuando Argentina privatizó YPF: el Gobierno de España y los medios de comunicación a su servicio iniciaron una ofensiva ideológica que pretendía vender éste como un gesto hostil hacia España, no como una medida política y económica favorable a los intereses de las argentinas y los argentinos. Todo este entramado publicitario se encuentra apoyado por sus principales accionistas; Caixabank con un 12%; Sacyr con un 9,53%; Pemex con un 9,37%; Temasek con un 6,30%; y un 62% conformado por fondos de inversión privados dedicados a especular en los mercados bursátiles internacionales, sin ningún tipo de ética en sus inversiones en los países del tercer mundo.
La transnacional Repsol utiliza el mismo “modus operandi” que las grandes empresas multinacionales a la hora de evadir impuestos.
Su sede se encuentra en España, pero sus restantes 13 filiales están distribuidas por todo el mundo, lo que facilita que sus transacciones monetarias sean muy complicadas de controlar por los distintos gobiernos para evitar el pago de impuestos en España.
Las actividades que lleva a cabo Repsol necesitan un mínimo de personal muy especializado en el sector extractivo porque casi el 95% de ellas están controlados por maquinaria de última generación, muy poco intensiva en mano de obra. En definitiva, esta actividad no es generadora de empleo. Más bien al contrario, destruye empleos preexistentes e intenta maximizar sus ingresos con la mínima inversión posible.
Esta compañía ha conformado un entramado de negocios que ha extendido históricamente por todo el mundo, particularmente América, África y Asía, con la compra de acciones, intercambios de activos y privatizaciones agresivas que ha sido apoyado por los gobiernos neoliberales y corruptos que han legislado favoreciendo sus intereses corporativos.
A todo ello hay que añadir la fragilidad de los límites jurídicos a nivel internacional sobre la que se sustenta la mayoría de la actividad extractiva, que incluso llega a incumplir las legislaciones nacionales de los países de los que se obtienen las materias primas, así como los convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, violando reiteradamente los derechos de las comunidades indígenas y de los distintos pueblos afectados por el extractivismo. Los organismos jurídicos supranacionales donde llegan las denuncias de los pueblos, la Corte de Apelación Interamericana, están controlados por los mismos Estados que poseen intereses comerciales a través de sus transnacionales en estos países. Los gobiernos han dejado de controlar las políticas nacionales e internacionales de sus propios países debido a los intereses corporativos de estas transnacionales, que terminan ofreciendo puestos directivos a ministros y presidentes una vez terminada su vida política. Consecuentemente, la transnacional Repsol forma parte de las élites gobernantes de los países, y desde esa posición privilegiada diseña las políticas públicas de energía y transporte y convierte a la población en obligatorios consumidores de sus productos.
La vulneración de los derechos humanos por parte de Repsol está planeando sobre las Islas Canarias. La transnacional y sus facilitadores han encontrado un punto débil en el sistema judicial internacional sobre las aguas que ha servido para proyectar una actividad extractiva que rechaza frontalmente la mayoría del pueblo canario. Para ello dispone del apoyo del Gobierno de Estado, que facilitó la concesión de exploración a Repsol, auspiciada por el señor José Manuel Soria, Ministro de Industria y Turismo, aunque incumpla la normativa europea.
Esta transnacional sigue la misma línea de actuación que en Sudamérica, basada en la mentira sobre los efectos económicos y ambientales de su actividad, y cómo no, en la corrupción política, condición imprescindible para garantizar el éxito en sus gestiones.
Los efectos catastróficos asociados a la perforación petrolífera en aguas ultraprofundas (a partir de los 2.000 metros de profundidad) se manifestaron en casos como el del Golfo Pérsico en 1983 y 1991, el Golfo de México en 1980 y 2010, Trinidad y Tobago en 1979, Angola en 1991, etc.
Cada año se derraman al mar 3.000.000 millones de toneladas de crudo <>, siendo los vertidos las principales amenazas para los ecosistemas y cuyo impacto ambiental puede durar 100 años.
En el caso de Canarias, la región en la que se realizan las prospecciones petrolíferas posee una gran importancia biológica con una rica y diversificada fauna marina <>. Hablamos de rutas migratorias muy importantes de cetáceos – calderón boreal, delfín de diente rugoso, delfín de Fraser-, de atunes, de algunos mamíferos marinos –la foca monje, la ballena franca-, y de tortugas marinas –tortuga boba tortuga laúd, la tortuga carey, la tortuga verde y la tortuga golfina-. Además nos encontramos con una variedad de peces -la vieja, el abade, el mero o el atún rojo- que conforman pesquerías tradicionales canarias de gran importancia para la economía local de ambas islas, sin olvidarnos de la cercanía de la Resera de la Isla de la Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote inscritos como Reserva de la Biosfera.
Además de todo ello, un posible derrame afectará al abastecimiento de agua potable en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Señor Soria: no nos venda el cuento de que las exploraciones suponen progreso para las Islas Canarias. Le recordamos que usted es canario y gracias a una parte de esta población canaria consiguió en su día los votos necesarios para ostentar hoy su cargo. Deje pues de apoyar la destrucción de los recursos naturales que pertenecen a estas islas.
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