Antonio Morales destaca en este artículo la incongruencia de la actuación del Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, en ejercer la presión fiscal sobre las pequeñas empresas, autónomos y asalariados, mientras mira para otro lado "silvando" respecto al GRAN FRAUDE FISCAL, según sus propios técnicos.
Hacienda va a proceder a enviar a agentes tributarios a los pequeños negocios de cercanías (restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.) para embargarles la caja del día si tienen deudas fiscales.
Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, el 17% a las pymes, el 9% a los autónomos y el 2% al resto de la población
LA GRAN EVASIÓN
Por Antonio Morales Méndez, Alcalde de Agüimes
El acoso a los trabajadores, a las clases medias, a las pymes, a los más débiles, sigue sin tocar fondo. Hace unos días, la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, hizo público que, dentro de un plan diseñado para luchar contra la economía sumergida, Hacienda va a proceder a enviar a agentes tributarios a los pequeños negocios de cercanías (restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.) para embargarles la caja del día si tienen deudas fiscales. Especificó, además, que las operaciones se realizarán en horario comercial y aún habiendo clientes en los locales. Este anuncio coincide en el tiempo con los datos del INE que apuntan que las pymes en su conjunto han perdido un tercio de sus ventas desde 2006. Desde el inicio de la crisis, una de cada tres empresas de estas características ha desaparecido del mapa. 500.000 negocios (200.000 pymes y 300.000 autónomos), con una facturación anual de más de 600.000 millones, se han visto obligadas a cerrar. Mientras esto sucede, el INE -que señala en el mismo informe que la renta disponible de los hogares españoles descendió el 3,2% en el segundo trimestre de este año y que un 21,8% de la población está por debajo del umbral de riesgo de pobreza- nos arroja el dato de que los millonarios españoles no dejan de engrosar sus fortunas.
Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, el 17% a las pymes, el 9% a los autónomos y el 2% al resto de la población, pero las medidas ejemplarizantes y rigurosas se aplican al sector más frágil. Es más, según los mismos funcionarios -que piden más medios humanos y materiales- el 80% de la plantilla de inspectores (uno por casi dos mil ciudadanos) se dedica al seguimiento de los pequeños fraudes e irregularidades de las pequeñas empresas, autónomos y de trabajadores que se olvidan de alguna partida en su declaración, en vez de perseguir “a los grupos empresariales, empresas transnacionales y grandes fortunas”. Es un dato más a la hora de evaluar el por qué las grandes fortunas y las grandes empresas de este país evadieron el año pasado más de 40.000 millones de euros impunemente.
A principios de este año, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una amnistía fiscal -que castigaba a los cumplidores y premiaba a los delincuentes- con el objetivo de atraer dinero líquido a las arcas del Estado. Visto el poco éxito obtenido, el verano pasado el ministro Montoro anunció mejoras a la amnistía inicial abriéndola al dinero en metálico, eliminando los controles sobre el origen del dinero y permitiendo pagar solo por los intereses de los activos evadidos antes de 2008 y, hace unos días, ha vuelto a insistir en lo mismo exonerando a los evasores de su responsabilidad penal. Pues bien, hasta este momento, el Estado solo ha podido recaudar un 2% de los miles de millones que se preveían recaudar con esta amnistía fiscal. Se calcula que han sido 52 millones de euros los recuperados hasta ahora y que se puede llegar a los 150 millones el 30 de noviembre, fecha en la que expira el plazo de la amnistía.
Un auténtico timo si nos atenemos a los datos que apuntan que entre 70.000 y 90.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente en las cuentas del Estado. España es el décimo país europeo en el ranking de un fraude fiscal que dobla la media del continente y que ha aumentado en un 3% durante la crisis, pero cada vez son más los estafadores que se llevan el dinero del país sin que se pongan en marcha los medios necesarios para evitarlo. Sería bueno saber qué doscientos empresarios eran los que operaban en la red del chino Gao Ping para lavar dinero oculto o conocer, como ha sucedido en Grecia, y sin que metan en la cárcel al periodista que lo denuncie, la lista de los miles de evasores españoles. Sería bueno que el Estado, los gobiernos de turno, dejaran de prestarles la seguridad jurídica necesaria para operar.
Claro que podrían decir que es que en este país pagan unos impuestos muy altos y que eso les impediría crear riqueza, invertir y bla, bla bla. Pero no parece ser el caso. En estos momentos el 40% de los asalariados españoles paga más impuestos que sus jefes. Según el periodista Daniel Montero (El club de los pringaos. Esfera de los libros), la OCDE mantiene que en 2010 España fue el segundo país del mundo donde más subió la presión fiscal sobre los asalariados (los que pagan a Hacienda por adelantado) mientras las multinacionales solo pagaban un 10% de sus ingresos en impuestos, muy por debajo de países considerados “balnearios fiscales” como Irlanda y Holanda. Los 17,8 millones de asalariados -23.000 euros brutos al año de nómina como media- aportan a Hacienda más del doble que todas las empresas españolas juntas. Mientras el sueldo de un trabajador se grava con hasta un 52% mensual, los millonarios que cobijan su dinero, propiedades e inversiones en sociedades patrimoniales, abonan un tope del 30% por sus ingresos y pueden además reducir la factura con sus gastos.
España es en la actualidad uno de los países con menor presión fiscal de toda Europa para los grupos económicos poderosos y las grandes fortunas. Mientras el país se empobrece y se ponen en peligro el Estado de bienestar, la cohesión social y el propio Estado, -y todo porque hemos asumido el pagar a intereses altísimos la deuda de la banca y las grandes empresas, porque hemos decidido trabajar para la élite económica mundial- resulta que las subidas de impuestos (el IVA o el IRPF, por ejemplo) la soportan los trabajadores y las clases medias. Se baja el impuesto de sucesiones, se elimina el de sociedades y se potencian las sicavs especulativas. Se hacen oídos sordos a las propuestas de los técnicos de Hacienda de que se aplique un tipo impositivo del 35% a bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios, a que se ponga en marcha cuanto antes un impuesto a las transacciones financieras, a que se combatan las prácticas abusivas para reducir su factura fiscal por parte de las grandes transnacionales (Google declara este año de nuevo pérdidas en España para no pagar), que se persigan realmente los paraísos fiscales (que ocultan según el FMI una cuarta parte de la riqueza mundial y que acogen al 69% de nuestras empresas que cotizan en el Ibex, como nuestro ejemplar Santander que mantiene 52 filiales en paraísos opacos) y que se implante un gravamen sobre la riqueza que supere los defectos y cierre la elusión del impuesto sobre el patrimonio.
Se calcula que en la actualidad entre 16 y 25 billones de euros se ocultan en los distintos paraísos fiscales sin que nadie ose poner fin a la desregulación neoliberal que se ha adueñado de la economía y la política a nivel planetario, en aras de esa libertad total de mercado que preconizan y que choca directamente con la redistribución de la riqueza que garantiza la justicia social imprescindible en una democracia. Ya lo decía F. A. Hayek: “la fe generalizada en la “justicia social” es probablemente en nuestros días la mayor amenaza para la mayor parte de los demás valores de una civilización libre”. Por eso, a perseguir a los trabajadores, a las clases medias, a las pymes y a los autónomos. Es lo más moderno.
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