Tenemos que apostar por lo cercano en sus acepciones humanas y económicas; porque los medios de producción no pueden estar en manos de unos pocos que condicionan nuestra existencia; porque lo público debe ser garante de una redistribución justa y ambientalmente sostenible de los recursos; porque la eficiencia, el ahorro y el cambio de modelo energético son imprescindibles; porque no podemos renunciar a la justicia social. Y esto no se debe quedar en una propuesta de trabajo de una comarca. Debe tener vocación insular y archipielágica. Esta experiencia de trabajo en el sureste grancanario nos reafirma en la convicción de que otra Gran Canaria es posible.
El sistema capitalista, que ha mostrado su cara más depredadora en los últimos años bajo el paraguas del neoliberalismo, ha impuesto a nivel planetario un modelo desmedido de desequilibrios, desigualdades y sobreexplotación de los recursos. Las crisis (social, climática, económica, alimentaria…) provocadas por su ambición y actuaciones sin escrúpulos, han puesto al mundo, en lo económico y en lo social, al borde del abismo. Indicadores como la Encuesta Mundial de Valores son tajantes a la hora de afirmar que el ritmo de consumo desenfrenado no solo pone en riesgo la salud de la Tierra sino que separa al 28% de la población pudiente mundial de las otras tres cuartas partes cuyo máximo objetivo es sobrevivir.
En noviembre del pasado año la ONU lanzaba una dura advertencia a la humanidad sobre el deterioro del planeta a causa del cambio climático. Casi un millar de científicos han elaborado un extenso informe preparatorio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el que concluyen que si no se toman las medidas adecuadas “no hay un plan B, porque no existe un planeta B”. Como señala el responsable de la Organización Meteorológica Mundial, “con este informe en las manos, la ignorancia ya no puede ser un argumento para justificar la inacción”.
El Informe de Sostenibilidad en España de 2009 certificaba que, de 165 indicadores utilizados como referencia para medir su sostenibilidad ambiental, este país mostraba resultados negativos en 95 de ellos y en otros 29 se encontraba en “situación no definida o difícil de evaluar”. Según los datos de este estudio, Canarias se situaba muy por debajo de la media de las comunidades autónomas a la hora de cumplir con estos indicadores.
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