El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA
versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA
Por
Paco Vega.
El 4 de enero de
1979, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar uno de los accidentes
laborales más trágicos de la historia reciente de Canarias. En la
fábrica de Hijos de Ángel Ojeda, en El Rincón, once
trabajadores perdieron la vida en una fosa séptica cuando intentaban
auxiliarse unos a otros.
La tragedia se
produjo por la acumulación de gases peligrosos en un espacio
confinado. Uno de los trabajadores descendió a la fosa y quedó
intoxicado. Al comprobar lo sucedido, varios compañeros intentaron
rescatarlo, sin disponer del equipo de protección adecuado y sin
conocer la concentración de gases existente en aquel lugar. Uno tras
otro, los intentos de auxilio acabaron convirtiéndose en una
tragedia colectiva.
Un total de 11
trabajadores perdieron la vida de forma prácticamente instantánea
debido a la anoxia y la inhalación de gases tóxicos. El heroísmo y
la solidaridad de los trabajadores convirtieron la emergencia inicial
en una tragedia múltiple, ya que cada intento de auxilio sumó una
nueva víctima.
Entre los gases que
pueden generarse durante la descomposición anaeróbica de materia
orgánica se encuentran el sulfuro de hidrógeno (H2S), el
metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2) y el
amoniaco (NH3), además de otros compuestos. En
determinadas concentraciones, algunos de estos gases pueden resultar
extremadamente tóxicos, desplazar el oxígeno o generar atmósferas
inflamables, especialmente en espacios confinados.
Dos de los
trabajadores fallecidos eran naturales de La Atalaya de Guía, de 18
y 21 años respectivamente.
Casi medio siglo
después, aquella tragedia continúa formando parte de la memoria
colectiva de nuestra sociedad. Y precisamente por ello resulta
inevitable preguntarse qué hemos aprendido de aquel accidente, de la
prevención de riesgos laborales y de la protección a la vida humana
cuando se plantea la instalación de determinadas actividades
industriales en las proximidades de núcleos de población habitados.
Una
preocupación que vuelve a La Atalaya
La cuestión
adquiere especial relevancia ante el proyecto de instalación de una
planta de biogás en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial
Félix Santiago Melián (FSM), en una zona situada en la frontera
municipal de Guía y Gáldar, muy próximo a la población (500
metros).
Una planta de
biogás utiliza —de forma artificial— en sus procesos de
digestión anaerobia y producción de biogás muchos de los elementos
que intervinieron en aquel desgraciado accidente de 1979. Estos
procesos contienen principalmente metano y dióxido de carbono y
pueden contener, dependiendo de las materias primas y del proceso,
otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno. El metano, además,
es inflamable y puede generar riesgos de incendio o explosión.
Esto no significa,
naturalmente, que una planta de biogás sea equivalente a una fosa
séptica sin medidas de seguridad ni que vaya necesariamente a
reproducirse un accidente como el de 1979, pero la coincidencia de
gases implicados en el proceso hace inevitable retrotraernos a aquel
fatídico suceso.
Los cuatro
elementos citados (H2S, CH4, CO2 y NH3) forman parte del
proceso de funcionamiento e interacción de las plantas de biogás
como la que quieren instalar en La Atalaya que, a pesar de la
denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Santa
María de Guía —por la fuerte oposición vecinal y por las
numerosas irregularidades observadas—, la Consejería de
Transición Ecológica del Gobierno Canario sigue haciendo guiños
incomprensibles y dando certificaciones al proyecto de instalación
de la citada planta, poniendo en juego la vida, la salud y la
calidad de vida de los vecinos del Norte de Gran Canaria.
¿Es
razonable la ubicación?
Según las
alegaciones y preocupaciones expresadas por los vecinos, no debe
instalarse una planta tan próxima al núcleo poblacional, además
de los numerosos “espacios y equipamientos sensibles” que forman
parte de la vida cotidiana de la población.
También se ha
señalado la proximidad de la instalación al antiguo vertedero
(100 metros), que
permanece sellado, así como las características del intenso
viento de la zona y la posible afección derivada de los olores y
del transporte de las materias primas necesarias para alimentar la
planta. Circunstancias que quedaron fuera de la certificación de
impacto ambiental, simplificada
en lugar de ordinaria para
una instalación industrial de estas características. Son
cuestiones que, a mi juicio, no pueden despacharse afirmando que la
instalación cumplirá la normativa. Cuando una actividad industrial
se pretende ubicar cerca de una población, la pregunta no debe ser
únicamente si puede autorizarse legalmente, sino también si es la
ubicación más adecuada desde el punto de vista de la seguridad, la
salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los
vecinos. Y, sobre todo, si existen alternativas de ubicación que
permitan desarrollar la actividad con menores riesgos y molestias
para la población.
La
responsabilidad de las administraciones
El Ayuntamiento
de Santa María de Guía ha denegado la licencia municipal del
proyecto, en un contexto marcado por una fuerte oposición
vecinal y por las cuestiones e irregularidades que, según se ha
denunciado, rodean al expediente. Sin embargo, la tramitación
administrativa continúa generando preocupación entre los vecinos,
que observan con inquietud determinadas actuaciones y
pronunciamientos de la Consejería de Transición Ecológica del
Gobierno de Canarias.
La Administración
tiene la obligación de actuar con independencia, rigor y
transparencia. No basta con decir que una instalación es legal o que
cumple determinados parámetros técnicos. La población tiene
derecho a ser escuchada.
La citada empresa
FSM pretende acercar a La Atalaya de Guía —en la frontera
municipal de Guía y Gáldar— una industria que trabaja con los
mismos elementos tóxicos y peligrosos que causaron la muerte a once
trabajadores en el año 1979 en la factoría de “Los Ojeda”,
con al menos cuatro elementos químicos que son peligrosos en altas
concentraciones, pero que incluso a bajas proporciones causan serios
problemas para la salud de las personas.
No han tenido en
cuenta, a pesar de conocer los riesgos, la proximidad al cercano
núcleo de La Atalaya; la ventosidad de la zona, lo que
agravaría las consecuencias de cualquier escape de gases y los malos
olores; ni la proximidad -100 metros- al antiguo vertedero de la
localidad (sellado desde hace 14 años, pero sin control ni
supervisión alguna), lo que multiplicaría el riesgo en caso de
cualquier fuga o explosión.
No
queremos experimentos
Cuarenta y siete
años después del accidente de Conservas Ojeda, dos de cuyas
víctimas eran jóvenes de La Atalaya, resulta especialmente doloroso
contemplar nuevamente un proyecto industrial que suscita preocupación
entre los vecinos de la zona. No se trata de afirmar que una planta
de biogás vaya necesariamente a provocar una tragedia como la de
1979. Sería irresponsable establecer una equivalencia automática
entre ambas situaciones. Se trata de algo mucho más sencillo: no
queremos que la seguridad de una población dependa de que nunca
ocurra un accidente.
Una
llamada a la responsabilidad
La empresa
promotora debería escuchar las reivindicaciones de los vecinos y
reconsiderar la ubicación del proyecto, existiendo alternativas
razonables que reduzcan los riesgos y molestias para la población.
No se trata de
estar en contra del desarrollo económico ni de la producción de
energías. Se trata de defender un principio elemental: el
desarrollo industrial debe ser compatible con la seguridad y la
calidad de vida de las personas que viven junto a las instalaciones.
Por eso también
reclamamos al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos afectados
—Guía y Gáldar— que escuchen a la ciudadanía y actúen con la
máxima transparencia e independencia.
La Atalaya no
quiere convertirse en un campo de pruebas. Y mucho menos quiere
que, cuarenta y siete años después de una tragedia que costó la
vida a once trabajadores, tengamos que preguntarnos si aprendimos
algo de todo aquello.
La seguridad de los vecinos no puede ser una
cuestión secundaria frente a ningún interés económico.
