El objetivo es lograr la delimitación internacional de las aguas isleñas
Miembros de la Plataforma por el Mar Canario y diputados del Parlamento de Canarias de varios grupos posan tras la aprobación en el pleno de la Cámara de una proposición no de ley para impulsar el reconocimiento de la soberanía de las aguas canarias. Efe
El Parlamento de Canarias ha pedido este miércoles el reconocimiento jurídico de Canarias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un archipiélago con arreglo al artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar para lograr la delimitación internacional de las aguas canarias.
El pleno ha dado luz verde a una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto de Vox, para instar al Gobierno de España a continuar e intensificar las gestiones precisas ante los órganos correspondientes de la ONU a los efectos de defender el estatus que ya tiene reconocida Canarias en el Estatuto de Autonomía como archipiélago.
De esta forma, el Parlamento pretende obtener así el reconocimiento jurídico internacional de Canarias como un archipiélago con arreglo al artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar, según indica la proposición no de ley, que no es vinculante y que cuenta con el acuerdo de los grupos enmendantes socialista canario, nacionalista, mixto y con el respaldo de la Plataforma del Mar Canario.
También el PP y la Agrupación Socialista Gomera han ratificado este acuerdo que, según el diputado de NC Luis Campos recoge una reivindicación, “el reconocimiento del archipiélago canario como un archipiélago de pleno derecho”, reclamada en multitud de ocasiones, a través de distintas iniciativas aprobadas por la práctica totalidad de los ayuntamientos canarios y los cabildos insulares.
Campos, en su intervención, ha detallado que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución española consideran a Canarias como un archipiélago pero “desde el punto de vista internacional, no tiene la validez y el alcance” que realmente se necesita y se espera lograr, empezando por la aprobación de esta proposición no de ley.
“La consideración de archipiélago tiene claras connotaciones jurídicas que deben de tenerse en cuenta y más dentro del derecho internacional público, no sólo desde el punto de vista de la legislación interna” , ha manifestado el diputado, quien ha advertido de que la delimitación de las aguas canarias y la competencia sobre ella ha estado rodeada de manera sistemática de polémica y de intereses geoestratégicos, fundamentalmente con el Reino de Marruecos.
A su juicio, la indefinición de las aguas pone en riesgo numerosos aspectos esenciales para Canarias, máxime tras la aprobación en enero de 2020 de manera unilateral por parte marroquí de dos leyes que no limitan las aguas de explotación exclusiva del país magrebí, anexionándose no sólo las aguas del Sáhara Occidental, sino también aguas canarias.
Aunque estas leyes que no tienen validez en el ámbito del derecho internacional, responden, según Campos, a la “estrategia de hechos consumados propias de un país que por la misma vía lleva ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental desde el año 1975”.
Todo ello, ha ahondado el diputado, supone riesgos que se han manifestado en varias ocasiones con las perforaciones petrolíferas llevadas a cabo por Marruecos frente a las costas canarias y se acrecienta recientemente por los descubrimientos de telurio, cobalto y tierras raras cercanas al monte trópico en aguas atlánticas, a 250 millas de Canarias, ha añadido.
Por esa razón, ha insistido, la delimitación internacional de las aguas canarias contiene una especial relevancia desde el punto de vista económico y también geopolítico, pero también desde el punto de vista medioambiental, ya que las investigaciones y extracciones que se realizaran podrían poner en riesgo a la población, ecosistemas de biodiversidad marina y a sectores económicos canarios, como la pesca o el turismo.
Javier Nieto, diputado de Vox, único partido con representación en el Parlamento de Canarias que no ha apoyado esta proposición no de ley, ha criticado que se les haya excluido del debate previo para “poder opinar y colaborar” por “sectarismo” en las ideas.
Este representante ha señalado que la solución para Canarias “no es una patada a la Constitución española” ni “puentear al Estado español”, si bien ha admitido que el análisis que plantea la proposición no de ley tiene “mucha razón” respecto a la “dejadez” del Gobierno central “que ha abandonado a Canarias, lo que Marruecos ha aprovechado”.
Sin embargo, ha dicho , “la solución no es puentear el Estado español, es colaborar con él, no suplirlo”, ha zanjado.
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