El ACCIDENTE de CONSERVAS OJEDA versus PLANTA DE BIOGÁS en LA ATALAYA
Por Paco Vega.
El 4 de enero de 1979, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar uno de los accidentes laborales más trágicos de la historia reciente de Canarias. En la fábrica de Hijos de Ángel Ojeda, en El Rincón, once trabajadores perdieron la vida en una fosa séptica cuando intentaban auxiliarse unos a otros.
La tragedia se produjo por la acumulación de gases peligrosos en un espacio confinado. Uno de los trabajadores descendió a la fosa y quedó intoxicado. Al comprobar lo sucedido, varios compañeros intentaron rescatarlo, sin disponer del equipo de protección adecuado y sin conocer la concentración de gases existente en aquel lugar. Uno tras otro, los intentos de auxilio acabaron convirtiéndose en una tragedia colectiva.
Un total de 11 trabajadores perdieron la vida de forma prácticamente instantánea debido a la anoxia y la inhalación de gases tóxicos. El heroísmo y la solidaridad de los trabajadores convirtieron la emergencia inicial en una tragedia múltiple, ya que cada intento de auxilio sumó una nueva víctima.
Entre los gases que pueden generarse durante la descomposición anaeróbica de materia orgánica se encuentran el sulfuro de hidrógeno (H2S), el metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2) y el amoniaco (NH3), además de otros compuestos. En determinadas concentraciones, algunos de estos gases pueden resultar extremadamente tóxicos, desplazar el oxígeno o generar atmósferas inflamables, especialmente en espacios confinados.
Dos de los trabajadores fallecidos eran naturales de La Atalaya de Guía, de 18 y 21 años respectivamente.
Casi medio siglo después, aquella tragedia continúa formando parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Y precisamente por ello resulta inevitable preguntarse qué hemos aprendido de aquel accidente, de la prevención de riesgos laborales y de la protección a la vida humana cuando se plantea la instalación de determinadas actividades industriales en las proximidades de núcleos de población habitados.
Una preocupación que vuelve a La Atalaya
La cuestión adquiere especial relevancia ante el proyecto de instalación de una planta de biogás en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM), en una zona situada en la frontera municipal de Guía y Gáldar, muy próximo a la población (500 metros).
Una planta de biogás utiliza —de forma artificial— en sus procesos de digestión anaerobia y producción de biogás muchos de los elementos que intervinieron en aquel desgraciado accidente de 1979. Estos procesos contienen principalmente metano y dióxido de carbono y pueden contener, dependiendo de las materias primas y del proceso, otros compuestos como el sulfuro de hidrógeno. El metano, además, es inflamable y puede generar riesgos de incendio o explosión.
Esto no significa, naturalmente, que una planta de biogás sea equivalente a una fosa séptica sin medidas de seguridad ni que vaya necesariamente a reproducirse un accidente como el de 1979, pero la coincidencia de gases implicados en el proceso hace inevitable retrotraernos a aquel fatídico suceso.
Los cuatro elementos citados (H2S, CH4, CO2 y NH3) forman parte del proceso de funcionamiento e interacción de las plantas de biogás como la que quieren instalar en La Atalaya que, a pesar de la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Santa María de Guía —por la fuerte oposición vecinal y por las numerosas irregularidades observadas—, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Canario sigue haciendo guiños incomprensibles y dando certificaciones al proyecto de instalación de la citada planta, poniendo en juego la vida, la salud y la calidad de vida de los vecinos del Norte de Gran Canaria.
¿Es razonable la ubicación?
Según las alegaciones y preocupaciones expresadas por los vecinos, no debe instalarse una planta tan próxima al núcleo poblacional, además de los numerosos “espacios y equipamientos sensibles” que forman parte de la vida cotidiana de la población.
También se ha señalado la proximidad de la instalación al antiguo vertedero (100 metros), que permanece sellado, así como las características del intenso viento de la zona y la posible afección derivada de los olores y del transporte de las materias primas necesarias para alimentar la planta. Circunstancias que quedaron fuera de la certificación de impacto ambiental, simplificada en lugar de ordinaria para una instalación industrial de estas características. Son cuestiones que, a mi juicio, no pueden despacharse afirmando que la instalación cumplirá la normativa. Cuando una actividad industrial se pretende ubicar cerca de una población, la pregunta no debe ser únicamente si puede autorizarse legalmente, sino también si es la ubicación más adecuada desde el punto de vista de la seguridad, la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Y, sobre todo, si existen alternativas de ubicación que permitan desarrollar la actividad con menores riesgos y molestias para la población.
La responsabilidad de las administraciones
El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha denegado la licencia municipal del proyecto, en un contexto marcado por una fuerte oposición vecinal y por las cuestiones e irregularidades que, según se ha denunciado, rodean al expediente. Sin embargo, la tramitación administrativa continúa generando preocupación entre los vecinos, que observan con inquietud determinadas actuaciones y pronunciamientos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
La Administración tiene la obligación de actuar con independencia, rigor y transparencia. No basta con decir que una instalación es legal o que cumple determinados parámetros técnicos. La población tiene derecho a ser escuchada.
La citada empresa FSM pretende acercar a La Atalaya de Guía —en la frontera municipal de Guía y Gáldar— una industria que trabaja con los mismos elementos tóxicos y peligrosos que causaron la muerte a once trabajadores en el año 1979 en la factoría de “Los Ojeda”, con al menos cuatro elementos químicos que son peligrosos en altas concentraciones, pero que incluso a bajas proporciones causan serios problemas para la salud de las personas.
No han tenido en cuenta, a pesar de conocer los riesgos, la proximidad al cercano núcleo de La Atalaya; la ventosidad de la zona, lo que agravaría las consecuencias de cualquier escape de gases y los malos olores; ni la proximidad -100 metros- al antiguo vertedero de la localidad (sellado desde hace 14 años, pero sin control ni supervisión alguna), lo que multiplicaría el riesgo en caso de cualquier fuga o explosión.
No queremos experimentos
Cuarenta y siete años después del accidente de Conservas Ojeda, dos de cuyas víctimas eran jóvenes de La Atalaya, resulta especialmente doloroso contemplar nuevamente un proyecto industrial que suscita preocupación entre los vecinos de la zona. No se trata de afirmar que una planta de biogás vaya necesariamente a provocar una tragedia como la de 1979. Sería irresponsable establecer una equivalencia automática entre ambas situaciones. Se trata de algo mucho más sencillo: no queremos que la seguridad de una población dependa de que nunca ocurra un accidente.
Una llamada a la responsabilidad
La empresa promotora debería escuchar las reivindicaciones de los vecinos y reconsiderar la ubicación del proyecto, existiendo alternativas razonables que reduzcan los riesgos y molestias para la población.
No se trata de estar en contra del desarrollo económico ni de la producción de energías. Se trata de defender un principio elemental: el desarrollo industrial debe ser compatible con la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven junto a las instalaciones.
Por eso también reclamamos al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos afectados —Guía y Gáldar— que escuchen a la ciudadanía y actúen con la máxima transparencia e independencia.
La Atalaya no quiere convertirse en un campo de pruebas. Y mucho menos quiere que, cuarenta y siete años después de una tragedia que costó la vida a once trabajadores, tengamos que preguntarnos si aprendimos algo de todo aquello.
La seguridad de los vecinos no puede ser una cuestión secundaria frente a ningún interés económico.
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