LA DEMOLICIÓN DE LAS CAJAS (La Opinión de Antonio Morales)

Setenta y tres años después de su creación, La Caja de Canarias, la entidad crediticia más cercana a los asuntos financieros y a los ahorros de las pymes y las familias isleñas, se volatizaba de la faz de la tierra el pasado martes 27 de noviembre. Desaparecía La Caja y por ende su extraordinaria Obra Social que se ve trasmutada en una fundación de poca monta que queda, a su vez, al albur de lo que quiera aportar Bankia, cuando y como desee, y de un Monte de Piedad testimonial.

No es solamente el caso  de nuestra  Caja. En un mes serán borradas del mapa todas las cajas intervenidas y en los próximos meses tomarán el mismo rumbo las que están saneadas y que fueron convertidas en bancos en su día (La Caixa, Unicaja, Ibercaja y Kutxabank). Mantendrán el control sobre sus bancos apenas unos años hasta que pasen a ser fagocitadas por grandes grupos financieros  y entonces habrán desaparecido todas la cajas de ahorro españolas que tuvieron su origen en los Montes de Piedad, nacidos en el siglo XV, en torno a la orden de los franciscanos, para facilitar créditos a los más desfavorecidos.

Se consuma así una estrategia diseñada primero por el Gobierno de Zapatero, a partir de un decreto ley de julio de 2010, al rebufo de la corriente neoliberal europea y de la banca alemana, consumada más tarde, en plan orgiástico, por el de Mariano Rajoy. Pero no se trataba de una improvisación.  En ese mismo mes publiqué un artículo (Adiós a las cajas) en el que me hacía eco de cómo ya en el año 2000, el catedrático de Economía Aplicada de la UV, J.A. Martínez Serrano escribía un texto premonitorio en El País (Las cajas de ahorro: un codiciado botín) en que hablaba de la eficiencia de las cajas, de su enorme volumen de negocio, su competencia  al sector privado y el “atractivo” que estaban suponiendo para la banca: “por ello resultaría gracioso que unas instituciones nacidas para huir de los usureros del siglo XIX acabasen en las manos de los ambiciosos banqueros del siglo XX”.

 Con el argumento de que había que aumentar la capitalización del sector financiero, Elena Salgado abrió la espita para que el 51% del ahorro de los españoles, depositado en las cajas, pasara a manos de los grandes bancos. Con la excusa de la mala gestión y de la politización de las cajas, Salgado y Ordoñez aseguraban en marzo de 2011 que todas las cajas debían ser privatizadas antes de 2016. Torpe excusa. Niall Fergunson, Catedrático de Historia Económica de Harvard se desgañitaba advirtiéndoles que “el problema de Europa no son las cajas, sino la banca alemana”. John Müller, nada sospechoso de izquierdismo, cuestionaba en El Mundo no hace mucho los pactos secretos del PSOE y PP para cargarse a las cajas con la excusa de la politización. Venía a decir que en EEUU, Reino Unido, Francia Holanda, Bélgica y Alemania hay bancos que tuvieron que ser intervenidos o auxiliados y sus profesionales, no políticos, cometieron los mismos errores que sus colegas españoles. Para más inri, señalaba que Alemania tiene uno de los tres pilares de su sistema financiero, en una banca pública poseedora del 40% de sus activos. Pero es que en España hemos vivido también recientemente casos sangrantes como el de la Banca Catalana o Banesto, que no eran cajas, que estaban dirigidos por profesionales y  cometieron enormes pufos de los que nunca hemos sabido lo suficiente.

Los “ambiciosos banqueros del siglo XX” que se inventaron unos créditos subprime de altísimo riesgo, que después intentaron contener aumentando los intereses para frenar la inflación, nos metieron en una crisis, de incalculables consecuencias, que parece no tener fin  y de la que solo saldrán ganando ellos. El derribo de las cajas de ahorro, su voladura controlada, las fusiones apresuradas, las reconversiones bancarias, el despido de miles de trabajadores, su saneamiento con dinero público, va a permitir su entrega incondicional y saneada a los grandes sectores económicos privados a precio de rebajas. Para muestra un botón: Caixabank acaba de comprar el Banco de Valencia por un euro después de que el Estado haya desembolsado 4.500 millones de euros para sanearla. Lo advirtió también Santiago Carbó: “el valor económico de las cajas excede en mucho a los posibles costes de saneamiento y reestructuración de las mismas, y hay que hacerlo visible”. No ha servido de nada. Las seguirán vendiendo a precio de saldo y servirán para  asentar y afianzar un nuevo modelo de oligopolio financiero. Se trataba según ellos de reforzar el sistema financiero español, pero lo que ha resultado fortalecido es el patrimonio de unos pocos. Y además sin que nadie asuma responsabilidades, sin que nadie pague por los desafueros cometidos, sin que los organismos fiscalizadores y de control, que tenían que haber evitado los problemas, rindan cuentas.

Pero no se trata solo de hacer desaparecer a las entidades cercanas, protectoras del ahorro familiar y agentes de desarrollo de las familias, las pymes y los municipios, para evitar la competencia a los bancos y para engrosar su capital. No es solo por eso. De un plumazo se elimina la posibilidad de que las ganancias obtenidas se devuelvan a la sociedad a través de la Obra Social (un 27% en los últimos años). Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, estas entidades “se vinculaban a un territorio concreto, el lugar de su creación, y en ese lugar era en el que tenían habitualmente mayor presencia y mayor actividad. En cuanto al destino de sus beneficios, las Cajas de Ahorro, a diferencia de otras empresas, no tenían accionistas que recibieran beneficios, sino que estos debían ser dedicados por una parte a las reservas y, por otra, a la dotación de la obra social”. Desde 2006 hasta hoy día, la obra social de las cajas ha destinado más de 10.000 millones de euros a redes sociales y sanitarias públicas y privadas a través de miles de oenegés, a proyectos de investigación, culturales, educativos y deportivos y al mantenimiento y a la rehabilitación del patrimonio histórico artístico y se calcula que una media de 162 millones de personas han sido beneficiarias de sus ayudas en ese periodo. Como apunta el profesor Ignacio García de Leániz, en el último ejercicio, y con una reducción del 23% respecto a 2010, la obra social de las cajas invirtió un total de 1.125 millones de euros en las áreas señaladas anteriormente. El 75% del total de la obra social se dirige a reducir la desigualdad de oportunidades existente en España. Al tiempo que se ataca frontalmente al Estado de bienestar reduciendo la financiación y los recursos de la administraciones públicas, se da el hachazo definitivo a una Obra Social que se diluye para siempre al no contar con las aportaciones del negocio financiero. Y todo esto se produce de manera programada y con unos objetivos concretos y ante la apatía de una gran parte de la ciudadanía que ni está ni parece que se le espere y la dejación de muchos responsables empresariales, políticos y sindicales que, desde dentro de los órganos de las cajas, no supieron o no quisieron dar la batalla. Y para rematar la jugada, que culminó el pasado día 27 con la certificación de defunción de La Caja de Canarias, quisiera destacar el papelón del Gobierno de Canarias (tanto CC-PP como CC-PSOE) y del resto de los agentes sociales implicados. Su incapacidad para conseguir la unión de Cajacanarias y La Caja de Canarias para plantar cara juntas a todo el proceso de fusiones, permitió que la primera se diluyera con apenas un 1% de participación en Caixabank, después de pasar por Banca Cívica, y la  segunda con un 2,4 en Bankia. Como siempre, gana la banca.