La mayoría absoluta alcanzada en las urnas el 20-N de 2011 está posibilitando a la derecha más conservadora llevar a cabo una profunda contrarreforma en los más diversos ámbitos. Adoptando un conjunto de decisiones que están haciendo retroceder las legislaciones educativas, sanitarias, laborales y de libertades públicas, en un singular túnel del tiempo que nos devuelve al final del franquismo y el comienzo de la transición democrática.
Ahora le ha correspondido el turno a la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, con la presentación de una reforma que, de aprobarse en sus actuales términos, colocaría a España en la cola de Europa respecto a los derechos reproductivos de la mujer.
Existe un elevado consenso en la sociedad en torno a la ley de plazos aprobada en 2010 que permite la libre interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, así como dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y, sin límites, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.
Pese a ese acuerdo social mayoritario, y de que la ley de plazos ofrece más seguridad jurídica para las mujeres y los médicos que la de los supuestos de 1985, el PP introduce ahora modificaciones que no sólo suponen la derogación de la ley del 2010 sino que eliminan algunos de los supuestos de la del 85.
En efecto, el texto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantiene la posibilidad de abortar en las primeras 12 semanas en caso de violación. Pero elimina las malformaciones del feto como supuesto para abortar. Y exige dos informes (en lugar de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre, quedando la decisión en manos de psiquiatras y médicos y no de las propias mujeres.
Tinte ideológico
Se trata de una decisión política de marcado tinte ideológico y que responde a las presiones de los sectores más ultraconservadores del PP y de la propia Conferencia Episcopal Española. Con la actual legislación, la de plazos, no se obliga a ninguna mujer a abortar. Con la que van a aprobar se impide que, quien así lo decida, pueda hacerlo y se imponen los valores religiosos de una minoría a todas las mujeres.
Además, no es ni mucho menos tan homogéneo el posicionamiento entre el conjunto de las personas que se declaran católicas; de hecho, un 38% aprueba la actual ley de plazos, según un estudio de Metroscopia para El País realizado el pasado mes de abril. Un sondeo que indica también que un 22% de los votantes del PP apoya la legislación todavía vigente.
En Europa, la reforma impulsada por Gallardón ha recibido las críticas de la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, que la considera "un retroceso". Aunque también, y en sentido contrario, el aplauso entusiasta de la ultraderecha francesa, por medio de Jean Marie Le Pen.
Mientras, un periódico de centro-derecha, como The Times, destaca en un editorial que nos encontramos ante un caso de “abuso de poder” y asegura que se trata de “recoger el pensamiento de una minoría”. Señalando que “va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y físicos a mujeres que padecen en ocasiones circunstancias desesperadas. Es una ley mala que previsiblemente tendrá consecuencias lamentables”.
Clasismo
La legislación que pretende imponer el PP supone un histórico retroceso en los derechos de las mujeres. Y tiene, asimismo, un profundo contenido clasista: aquellas mujeres que dispongan de recursos económicos podrán abortar legalmente en otros países europeos; las pobres no tendrán capacidad de decisión sobre la continuidad de un embarazo que no desean o tendrán que arriesgarse a realizarlo en condiciones de clandestinidad y sin garantías sanitarias, como en el pasado. En definitiva, no disminuirá el número de abortos, sino que dificultará su realización en condiciones adecuadas y pondrá en riesgo la vida de muchas mujeres.
Una vez más, se impone la mayoría absoluta, que no la mayoría social ni la razón. Se pone por delante el dar cumplida satisfacción a los votantes más reaccionarios para evitar fugas por la derecha o el crecimiento de alternativas electorales ultras. Y para lograr esos objetivos partidistas se sacrifican los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se cuestiona la consideración de éstas como seres adultos y autónomos, no sujetos a la tutela médica o del Estado en asuntos en los que les corresponde los máximos niveles de decisión.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias
Fuente: La Casa de mi Tía
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