Canarias no sufre el desprecio de España, sufre, sobre todo, su propia renuncia a decidir. Porque el problema no es lo que viene de fuera, sino lo que se consiente desde dentro. Décadas de subordinación política han convertido al archipiélago en un territorio que gestiona lo que otros deciden.
La sobrepoblación, la vivienda, la economía, el transporte o la inmigración, son ejemplos claros de esta realidad fallida. No es un fenómeno nuevo ni una anomalía: es una constante histórica en Canarias. Lo que es inaceptable es su gestión. Canarias funciona como una plataforma de intereses ajenos y de una minoría económica local muy influyente, lo que evidencia una verdad incómoda: Canarias no tiene control sobre lo que ocurre en su propio territorio. Los canarios no decidimos sobre lo que realmente interesa al futuro de Canarias.
El grave problema de la corrupción, como en todas partes, hace suyo el territorio y las decisiones políticas. Si hoy nos preguntásemos quién solicitó determinada infraestructura pública millonaria, nadie sabría decirlo con exactitud. Si alguien interrogase por el motivo del abandono de otras ya finalizadas, tampoco obtendríamos respuesta. Cuando indagamos el motivo real por el que determinadas inversiones privadas son finalmente declaradas de “Interés público o Social”, lo que en la práctica significa poner una autopista para subvenciones, beneficios fiscales o facilidades para obtener licencias; nos encontraríamos con un silencio atronador, en el que los lobbies de presión y los grandes poderes económicos hacen su agosto.
No hay soberanía posible desde el racismo ni desde la manipulación emocional, tampoco desde la ignorancia. La corrupción, como mal endémico de toda sociedad, debemos combatirla con contundencia desde todos los frentes, porque es un lastre que no nos podemos permitir. No se puede perseguir la soberanía atados a las cadenas de la corrupción.
Porque la soberanía no es una bandera ni un eslogan. Es poder real. Y hoy Canarias no lo tiene. No decide sobre sus fronteras, ni su zona marítima exclusiva, ni sobre su modelo productivo, ni sobre su desarrollo económico. Vive en una dependencia estructural que se ha normalizado hasta el punto de parecer inevitable. Incluso se asume con resignación por parte de los propios canarios. Es el reflejo de una economía y toda una vida subordinada.
La alternativa no pasa por la queja permanente ni por el simbolismo vacío. Pasa por construir capacidad propia. Por generar tejido económico local, por reducir la dependencia exterior y por situar los intereses de Canarias en el centro de cualquier decisión.
Es imprescindible una autocrítica profunda de la política canaria en general. Las estrategias políticas en torno a pactos y personalismos vacuos nunca trabajará en favor del interés de Canarias y de los canarios.
El discurso independentista, cuando se limita a la consigna o aparece solo en momentos electorales, no consigue nada práctico. La soberanía no se proclama: se trabaja. Requiere constancia, presencia y compromiso con los problemas reales de la gente, día a día.
Canarias no necesita más relatos. Necesita asumir su responsabilidad. Dejar de esperar soluciones externas y empezar a ejercer poder interno.
Porque el respeto no se reclama. Se impone.
Y la soberanía tampoco se pide. Se ejerce.
