El alcalde de la capital grancanaria rechaza una petición de la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo para dar sepultura digna a represaliados enterrados en Vegueta.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denegado la solicitud presentada por la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, para exhumar los cuerpos de 85 represaliados por militares y falangistas tras el golpe de estado de julio de 1936. Los cuerpos de estas víctimas de la represión franquista se encuentran en una fosa común del antiguo Cementerio de Las Palmas, sito en el barrio histórico de Vegueta.
Según denuncian los familiares, la petición ha sido rechazada por escrito por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La institución está gobernada, por mayoría absoluta, por el Partido Popular. La notificación oficial en la que se niega la intervención en la fosa, aseguran fuentes de esta plataforma, está firmada por el alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona.
“Ni siquiera han tenido en cuenta que entre los tirados como perros a esa fosa común está el alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega o el periodista lanzaroteño, Manuel Fernández, todos ellos torturados salvajemente y asesinados por falangistas y militares criminales, junto a miembros mafiosos de la oligarquía canaria”, se lamentan los familiares mediante un comunicado.
Para la Plataforma ciudadana, que adelanta que llevará el caso ante la justicia de la Unión Europea, esta actitud del alcalde popular niega “el derecho a una tumba digna” a los fusilados a la par de demostrar que “en este Estado español, el fascismo sigue vivo en instituciones y estamentos”.
El pasado 21 de noviembre, los familiares de los represaliados de San Lorenzo presentaron una demanda ante la Justicia para solicitar la autorización para la exhumación de los restos. La reclamación judicial contó con la dirección letrada de Rubén Alemán Sánchez y el asesoramiento de Lidia Vicente, una de las abogadas responsables de la querella argentina contra el franquismo y el Estado español por crímenes de lesa humanidad.
En la demanda, los familiares suplicaban al juez que constate la muerte violenta de estos a partir de la correspondiente prueba pericial “y se proceda identificarlos y entregarlos a sus familiares al objeto de darles sepultura o incineración, ya que en la actualidad se encuentran fuera de los lugares propios de inhumación de sus cuerpos”. El juzgado desestimó la demanda el 27 de diciembre.
Según explican los miembros de esta plataforma, la única intención de sus demandas es poder dar a los asesinados por el Franquismo una “sepultura digna a la que se puedan poner flores”, anhelos que, inciden, se ven entorpecidos por “una tetrapléjica justicia” y una “casta política inmensamente corrupta”.
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