En
un corto espacio de tiempo el Gobierno del PP ha puesto sobre la mesa
dos leyes sobre seguridad ciudadana que inciden peligrosamente en la
seguridad y la libertad. Se confirma así la deriva preocupante de un
modelo regresivo que profundiza en la tentación totalitaria y
privatizadora atacando directamente a las libertades públicas, la
seguridad y los derechos humanos y sociales más básicos. Se
garantiza así la represión, como se reconoce en los textos
elaborados, de una potencial movilización de los hombres y mujeres
de este país ante el hartazgo social al que nos ha llevado una
política que genera cada vez más paro, pobreza y recortes de
derechos, frente a la reafirmación económica y de poder de las
élites.
Ya
ni siquiera recurren al argumento de siempre de que se actúa movido
por la economía y porque “es lo que hay que hacer” para cumplir
con los mandatos de la troika. Se trata de una propuesta ideológica
neoliberal que pretende acallar a las masas desde la represión y la
privatización. Como apunta el catedrático de Derecho de Georgetown,
Norman Birnbaum, “el nuevo capitalismo da prioridad al mercado y
transfiere al sector privado funciones de Gobierno”.
Como
primera medida, el Gobierno de Mariano Rajoy se saca de la manga una
Ley de Seguridad Ciudadana que nos retrotrae a los peores momentos
del control del orden público del franquismo. Se pone en marcha una
“ley mordaza” en la que se limitan y se sancionan con cuantiosas
multas las movilizaciones sociales; se coartan las concentraciones
frente al Congreso, los apoyos a los desahuciados, las
manifestaciones espontáneas…; se castigan los confusos insultos a
España y a las comunidades; se disminuyen las competencias de
sanciones y control del Poder Judicial para ponerlas en manos del
ministerio del Interior; se impide grabar las actuaciones de los
policías y se garantiza la certeza de la palabra de un servidor del
orden público frente al derecho a la prueba del ciudadano. Se
restringen las libertades y se desprotege a la ciudadanía con total
impunidad. Se abrazan las tesis más retrógradas de anteponer la
injusticia al desorden… Y se termina comprando, para disolver
manifestaciones, un cañón de agua de medio millón de euros que no
se usa desde hace veinte años y que puede producir mucho daño,
dependiendo de las distancias a la que se emplee. Lo describe
perfectamente el profesor de Antropología Social de la Universidad
de Córdoba, José María Manjavacas: “De todo lo que hemos vivido
en la democracia, salvando la entrada de Tejero en el Congreso en
1981 y ciertos movimientos militares similares, este es el golpe -sin
tanques- más directo contra la precaria democracia que vivimos. Esta
ley no es para la seguridad, es para la contención de una ciudadanía
indignada. Para conseguir seguridad ciudadana lo que hay que hacer es
garantizar los servicios: la educación, la sanidad pública. Este
proyecto de ley es solo para garantizar la seguridad de unas élites
que están preocupadas porque un sector ha dicho basta y se está
organizando”.
Pero
esto les parece poco. Pronto suman a la represión la privatización
de la seguridad pública. La sustitución de los servicios y los
servidores públicos por la iniciativa privada pura y dura. Y se
sacan de la manga una Ley para la Seguridad Privada por la que los
vigilantes de las empresas de seguridad podrán -frente a las
competencias actuales de vigilar las instalaciones y escoltar a
personas- patrullar por las calles y cachear, identificar y detener
en la vía pública a los ciudadanos. Se trata de sustituir a las
fuerzas de orden público, en las que se han invertido muchos
millones de euros para su formación democrática y que pasan por el
filtro de dos años de formación, por un colectivo sin la
preparación adecuada. Como acaba de afirmar el propio ministro, el
objetivo es que las empresas privadas tengan más negocio. Cada año
el Estado pierde 2.500 agentes que serán sustituidos poco a poco por
vigilantes privados: de hecho, el Gobierno ha decidido poner en
marcha un plan para sustituir a la Policía y a la Guardia Civil en
la vigilancia de los perímetros exteriores de las cárceles y en el
control de sus cámaras de seguridad, lo que costará el doble a las
arcas públicas. Se permite así que muchas empresas que prestaban
servicios de escoltas en el País Vasco mantengan su volumen de
negocio. Se favorece que tengan más seguridad aquellos que se la
puedan pagar y que el Estado haga dejación de su obligación de
garantizar la universalidad de la seguridad ciudadana. Por cierto, al
inicio del “caso Bárcenas”, El Mundo nos informaba acerca de los
sobresueldos en negro durante dos años a parte de la cúpula del PP
y apuntaba que esas cantidades de dinero procederían por un lado
“del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir
contratos públicos a cambio de adjudicarles obras en numerosas sedes
que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional”, y
por otro a través “de las compañías de seguridad que trabajaban
para el PP o para administraciones públicas que controlaba la
formación de centro derecha”.
Puede
suceder que a partir de ahora a usted y a mi nos cachee o detenga un
agente de Levantina de Seguridad, una empresa propiedad de José Luis
Roberto, fundador del partido ultraderechista España 2000 y ex
secretario general de ANELA, la patronal de los prostíbulos. Esta
empresa -que emplea solo en la matriz a más de 1.000 trabajadores-
ha sido denunciada, según El País, por obligar a trabajadores a
afiliarse a organizaciones fascistas y se ha visto envuelta en
procesos por maltrato a menores en la comunidad de Madrid. O que lo
hagan los de PROSEGUR, que han sido denunciados por agresiones en el
metro de Madrid y que pertenecen a una empresa cuyos orígenes se
remontan a personajes relacionados con la dictadura argentina. O los
de ESABE, que ha defraudado ingentes cantidades de dinero a la
Seguridad Social y que ha sido acusada de pagar cuantiosas comisiones
a cambio de contratos públicos. O los de EULEN donde los Mayor Oreja
y otras gentes del PP han tenido importante presencia. O los de
Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la UD Las Palmas, condenado
por un delito medioambiental a tres años de prisión e indultado por
el PP, después de que aparecieran su nombre y sus empresas en la
lista de financiadores del partido conservador. Hoy disfruta además
de adjudicaciones de Aeropuertos Nacionales y del Metro de Madrid…
He
citado en repetidas ocasiones a Zygmunt Bauman. No me canso de
hacerlo. Afirma que en la sociedad, la conquista de libertades nos
lleva a una gran cantidad de riesgos e incertidumbres, y a desear la
seguridad. “Nuestros abuelos lucharon con valentía por la
libertad. Nosotros parecemos cada vez más preocupados por nuestra
seguridad personal… todo indica que estamos dispuestos a entregar
parte de la libertad que tanto costó a cambio de mayor seguridad”.
Y a veces no medimos el precio. John Kampfner (Libertad en venta
¿Porqué vendemos democracia a cambio de seguridad? Ariel) nos
detalla las continuas limitaciones a la libertad, con la excusa de la
seguridad y las consecuencias en forma de una progresiva degradación
y pérdida de la libertad y la democracia. Terry Davis, secretario
general del Consejo de Europa sostiene que es posible conciliar
seguridad con los derechos civiles y la libertad si se descartan las
medidas arbitrarias por parte de los estados. Pero no parece ser este
el caso.
Estamos
ante una manipulación por parte del PP de la necesidad de seguridad
como coartada para despojarnos de nuestras garantías
constitucionales de derechos y libertades (artículo 17 de nuestra
Constitución: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad”…). Para retrotraernos a épocas pasadas. Para seguir
imponiéndonos un modelo neoliberal de minimización del Estado. Para
someter al espacio público y a sus moradores. En nuestras manos está
el aceptarlo sumisamente o no. Ya lo dijo Benjamín Franklin: “El
que está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de seguridad no
tiene ni merece ninguna de las dos”.
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