En
la última década, la luz ha subido en España en más de un 80%.
Desde que comenzó la crisis hasta ahora el incremento ha sido de
casi un 40%. Solo durante el año pasado el recibo de la luz soportó
cuatro subidas. Desde 2007 hasta ahora el aumento ha sido de 404
euros al año. Tras Malta y Chipre -sistemas insulares más costosos-
tenemos la electricidad más cara de Europa (en realidad, es una de
las más onerosas del mundo). En los presupuestos de 2014 el Gobierno
ha incluido la previsión de un aumento del 4% a lo largo del
ejercicio.
Aún
así, el Estado tiene contraída una deuda con las eléctricas
españolas de más de 26 mil millones de euros. Se trata del famoso
déficit tarifario que se inventaron Rodrigo Rato, Aznar (hoy
empleado de Enel-Endesa, con un salario de alrededor de 200.000 euros
anuales) y José Folgado (secretario de Estado en aquel momento y hoy
presidente de Red Eléctrica con unos emolumentos de 55.000 euros al
mes). Concibieron un sistema perverso de subasta para establecer el
precio de la electricidad que deja todo en manos de las patronales de
la energía. Ellas se lo guisan y ellas se lo comen. Hacen de
subastadores y subasteros. Especulan con los precios. Cierran el paso
a la competencia. Y fijan el 50% del importe de la factura atendiendo
al valor de la producción más cara en el momento de la puja,
obviando los costes infinitamente más bajos de las centrales
nucleares amortizadas o las hidroeléctricas en la misma situación.
Y se hace además, como denunció tantas veces la Comisión Nacional
de la Energía, con prácticas contrarias a la competencia, ocultando
información sobre los participantes que pujan o se retiran o de cómo
se recalculan los precios. Y además, se niegan a pagar los Costes de
la Transición a la Competencia, que adelantó el Estado en su día
para hacer frente al proceso de integración en la Unión Europea, y
que superan los 3.000 millones de euros. Por cierto, alegan que ni el
Gobierno de Aznar ni el de Zapatero se lo reclamaron en tiempo y
forma. Lo dejaron pasar y se vencieron los plazos. Y además cobran
suculentas primas por tener disponibles, por si se pudieran
necesitar, las plantas de ciclos combinados paradas.
Para
hacer frente a este “compromiso” del Estado con Unesa, la
patronal de las eléctricas, el ministro de Industria, Turismo y
Energía, siguiendo los postulados de FAES, que le colocó a Nadal
como centrocampista, puso en marcha una reforma eléctrica
(cuestionada por la UE) que atacaba frontalmente a las renovables,
impedía el autoconsumo y el balance neto y establecía una partida
para los presupuestos del próximo año de 3.600 millones de euros
para “subvencionar” el precio de la luz e impedir el aumento del
déficit tarifario. Exactamente 2.200 para el desfase tarifario, 900
para cubrir la mitad de los sobrecostes de producción en los
territorios extrapeninsulares y 500 derivados de impuestos de
hidrocarburos. Pero llegó Montoro (que ha tenido intereses
profesionales ligados a las renovables, que no le cae nada simpático
el ministro canario y que alega que el déficit general del Estado es
más importante que el eléctrico) y mando parar. De un plumazo se
carga la estrategia de Soria y nos devuelve los demonios de una nueva
y brutal subida de la factura de la luz y la duda de si los
extracostes insulares se pueden ver cuestionados y repercutidos sobre
los consumidores isleños. Se trata de una desautorización en toda
regla que recibimos los consumidores como un cachetón en nuestra
propia cara.
Por
supuesto, ya la patronal comienza a vendernos la idea de que la
subida de la luz en el próximo ejercicio rondará un 14%. De hecho
las empresas ya han tenido serias dificultades en la Bolsa y el MWh
se ha disparado a 88 euros. Según Vozpópuli, el sector lo atribuye
al recorte, a la fuerte demanda de estos días, la menor producción
eólica -miren por donde- y la parada de dos grupos nucleares, que ha
obligado a recurrir al carbón y al gas natural, “las tecnologías
más caras”. ¿Pero acaso no nos decían que el gas era más
barato? Nadal les sale al paso diciéndoles que no se hará así y
que se pagará “despacito”, lo que significa que seremos los
usuarios los que pagaremos los intereses y que repercutirá en los
recibos de la luz. Por lo pronto, agarrémonos los machos: en enero
tendremos una nueva subida.
Y
nos hablan ya sin tapujos de un déficit tarifario superior a los
30.000 millones de euros que se irá agrandando en función de los
intereses y que nos describe con total claridad el enorme poder que
ejerce el cártel energético, aglutinado en torno a Unesa, sobre los
partidos políticos y los gobiernos de turno. Resulta difícil de
entender que unos y otros mantengan un sistema tan poco transparente,
que genera al Estado y sus ciudadanos una deuda multimillonaria, al
tiempo que pagamos los recibos de la luz más caros de Europa. Es
igualmente sorprendente, que aumente la deuda con las eléctricas
que operan en España cuando estas duplican sus ganancias con
respecto a sus homólogas europeas. Mientras los dividendos de las
hispanas en los últimos años se sitúan en torno a un 6-7%, los de
las energéticas del Viejo Continente no llegan a un 4%. Curioso. En
España las principales compañía eléctricas registraron el año
pasado un beneficio conjunto de 6.316 millones de euros y las
ganancias en el primer semestre de este año ya van por 4.225
millones de euros. Pero es más, Borja Prado, presidente de
Enel-Endesa percibió el año pasado un salario de 2,24 millones de
euros, además de aportaciones a sus fondos de pensiones de un total
de 212.218 euros y primas de seguros de vida de 112.513 euros. Los
miembros del consejo de administración de esta compañía
percibieron un total de 5,7 millones de euros. Lo de Ignacio Sánchez
Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola tampoco es moco
de pavo. Sus honorarios totales en el último ejercicio ascendieron a
9,5 millones de euros (6,3 millones en metálico y medio millón de
acciones por un valor de 3,5 millones de euros). Según Roberto
Centeno estas retribuciones son 30 veces mayores que las de sus
homólogos japoneses y 5 veces más que en Alemania. Su consejo de
administración percibe una cantidad similar a la de Endesa, de
alrededor de los 5 millones de euros.
La
energía más cara de Europa, las mayores ganancias de las empresas,
los más altos salarios de sus directivos y les seguimos debiendo
30.000 millones de euros. Y encima en 2012 cortaron la luz de 1,4
millones de hogares españoles. Y lo peor no es esto. La Asociación
de Ciencias Ambientales (ACA) ha elaborado un estudio sobre la
Pobreza Energética en España que pone los pelos de punta. Este
colectivo afirma que uno de cada tres hogares cuyos miembros están
en paro y un 10% de los hogares españoles -unos cuatro millones de
personas- se encuentran en situación de pobreza energética: no son
capaces de pagar una cantidad de servicios de la energía
suficientes para la satisfacción de sus necesidades domesticas y/o
se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a
pagar la factura energética de su vivienda. Según el Observatorio
de Vulnerabilidad de Cruz Roja, cerca del 58% de las personas
atendidas por esta institución tenía problemas para mantener su
casa a una temperatura óptima y la afección de los problemas
económicos en la salud ha crecido del 55% en 2011 al 84% en 2013.
También el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE) nos dice que la pobreza energética puede ser la causa
de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en este país cada año,
con especial incidencia entre ancianos en invierno. Cáritas acaba de
informar que solo en Cataluña las ayudas para paliar la pobreza
energética se han disparado en un 326%. Se trata, sin duda, de una
terrible injusticia social para la que se dan la mano un oligopolio
insaciable y un gobierno insensible que pervierte la democracia.
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