Teodoro el diputado, por Paco Vega

 

Teodoro el diputado.

Por Paco Vega.

Votos sí cosechará Teodoro Sosa, porque es el feudo natural del populista (charlatán en cristiano), pero necesita muchos más votos. No puede aspirar a presentarse al Congreso de los Diputados surfeando sobre los votos de una comarca a la que, literalmente, ha traicionado.

​Lo que pretende ahora, políticamente hablando, es un triple salto mortal que habría podido salirle bien si se hubiese echado a la espalda los problemas de la comarca. Pero no ha sido así: ha preferido gestionar las subvenciones para la empresa agresora de Félix Santiago Melián y dar la espalda a sus vecinos. Llama la atención que un político con el ego tan subido, siendo alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, se haya puesto de perfil en este grave asunto de la planta de biogás. Los gritos y aspavientos los reserva para los que le criticamos por sus abandonos; para el rico empresario todo son arrumacos y promociones públicas.

​Si consigue llegar a Madrid —Dios no lo quiera— será recordado por sus abandonos. Cuando los vecinos tengan que vivir con la nariz tapada, recordarán que, en el momento clave de la carrera política de Teodoro Sosa, decidió desentenderse de lo más importante "para su querida Gáldar" y toda la comarca.

​Su planteamiento ha sido tremendamente torpe: dar por hecho el respaldo del norte grancanario, mientras dedica meses a conquistar la capital de la isla y los municipios del sur, intentando arañar votos también en Lanzarote y Fuerteventura.

​Los vecinos llevamos un año y medio denunciando lo que consideramos un atropello por parte de Félix Santiago Melián. Sin embargo, Teodoro Sosa no solo se ha desentendido del problema, sino que, a nuestro juicio, se ha volcado en apoyar a la empresa en lugar de defender a sus vecinos.

Ha cursado un par de escritos desde el Ayuntamiento de Gáldar para lavar su imagen pero, ¿a quién quiere engañar a estas alturas?

​¿Alguien cree que si Teodoro Sosa se hubiese opuesto frontalmente a esta aberración industrial estaríamos en este punto?

Evidentemente, NO.

​Han sido muchos meses de "silencio político".Y ahora quiere ir a Madrid a lucir palmito, porque a resolver problemas no va.

¿No es capaz de resolver los de su comarca y va a resolver los de toda Canarias...?

​Esta maniobra le ha DESACREDITADO totalmente como político.

Pd. Tranquilos, ya solo queda mes y medio de campaña.

OBSERVACIONES AL «MODELO» DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (Planta de biogás), por Paco Vega

 

OBSERVACIONES AL «MODELO» DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (Planta de biogás)

Por Paco Vega

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Simplificado correspondiente al proyecto de planta de biogás previsto en La Atalaya, promovido por el grupo empresarial Félix Santiago Melián, presenta, a mi juicio, importantes carencias técnicas y metodológicas que justifican la exigencia de una evaluación ambiental más exhaustiva, mediante un Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. Así lo aconsejan la naturaleza y las características específicas de la instalación proyectada, los riesgos potenciales asociados a su funcionamiento y, especialmente, la proximidad a los núcleos de población.

No soy técnico especialista, pero sí un lector y curioso impenitente al que le gusta informarse antes de opinar, sobre todo cuando se pretende instalar una actividad industrial potencialmente molesta y peligrosa en las proximidades de zonas habitadas. Por eso resulta difícil comprender que un proyecto de estas características pretenda tramitarse mediante un estudio simplificado, sin abordar con suficiente profundidad cuestiones esenciales para la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. También merece una explicación la elección de un emplazamiento tan próximo a espacios y recursos de especial interés para la población. La idoneidad del procedimiento ambiental elegido debe justificarse a la luz de la normativa aplicable y de las características concretas del proyecto, no darse por supuesta.

Entre las principales deficiencias y omisiones que, a mi entender, requieren un análisis riguroso, destacan las siguientes:

1. Deficiente evaluación atmosférica y de dispersión de contaminantes. El documento no parece abordar con el rigor necesario el estudio de los vientos dominantes, su intensidad y sus direcciones predominantes, pese a la imponente presencia de un aerogenerador de gran potencia en la misma parcela. Este análisis resulta especialmente relevante cuando se trata de una instalación que puede generar gases potencialmente peligrosos, olores y emisiones atmosféricas. Asimismo, sería necesario evaluar si la presencia del aerogenerador puede modificar localmente los patrones de circulación del aire y, en su caso, influir en la dispersión de los gases emitidos. Sin estos datos, resulta difícil valorar adecuadamente la posible exposición de las poblaciones cercanas.

2. Omisión de los impactos acumulativos y sinérgicos: el vertedero clausurado. Aproximadamente a 100 metros del emplazamiento se encuentra un antiguo vertedero municipal, clausurado hace 14 años. El Real Decreto 646/2020 contempla obligaciones de control y vigilancia durante la fase posterior a la clausura de los vertederos, con un periodo que, en los supuestos previstos por la normativa, puede alcanzar al menos 30 años. Por ello, resulta imprescindible conocer qué controles se han realizado y cuál es el estado actual de las instalaciones, especialmente en lo relativo a la posible generación y acumulación de metano y otros gases.

La proximidad entre ambas instalaciones obliga, además, a estudiar los posibles efectos acumulativos y sinérgicos, incluidos los escenarios de incendio, explosión o interacción entre las emisiones de una y otra. No basta con evaluar la planta de biogás de manera aislada: también es necesario determinar cómo puede afectar su funcionamiento a un entorno que ya presenta condicionantes ambientales y potenciales riesgos. Ignorar esta circunstancia supondría dejar sin respuesta una cuestión esencial para la seguridad del conjunto del área.

3. Riesgo hidrogeológico y posible afección a la costa y a los recursos hídricos. El documento tampoco parece incorporar un análisis suficientemente detallado de los riesgos derivados de posibles escapes, filtraciones o vertidos de lixiviados y digestato, ni de las vías por las que estas sustancias podrían alcanzar el subsuelo, las aguas o el medio marino. Esta carencia adquiere especial relevancia por la proximidad de la zona de baño de Roque Prieto y de los puntos de captación de agua de mar destinados a las plantas desaladoras, incluida la de titularidad municipal.

Un incidente de esta naturaleza podría comprometer la calidad del medio marino y, dependiendo de las vías de afección y de la eficacia de las medidas de protección, poner en riesgo infraestructuras esenciales para el abastecimiento de agua. La protección de la salud pública y de los recursos hídricos no puede descansar en meras previsiones teóricas ni en la confianza de que no se producirán accidentes.

Los vecinos hemos sido testigos, en varias ocasiones durante el pasado reciente, del cierre oficial de la zona de baño de Roque Prieto por parte del Ayuntamiento de Santa María de Guía, como consecuencia del vertido de lixiviados procedentes de los depósitos de estiércol de las fincas pertenecientes al mismo promotor, coincidiendo con episodios de lluvias abundantes en la zona.

Estos aspectos críticos parecen haber pasado desapercibidos o haber
recibido una atención insuficiente en los análisis previos, sin que hasta el momento se les haya otorgado la centralidad que merecen.

En definitiva, preocupa la falta de rigor con la que se han abordado los flancos más delicados del proyecto. Los ciudadanos no deberíamos tener que asumir la deficiente vigilancia por parte de las instituciones. Para eso existen las administraciones públicas: para velar por el interés general, garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que los intereses económicos particulares prevalezcan sobre la seguridad colectiva y la protección del territorio. La actividad empresarial no puede desarrollarse al margen de sus responsabilidades ni a costa de trasladar sus riesgos a quienes viven en el entorno.

Por ello, lo que se reclama es transparencia, rigor técnico, cumplimiento de la normativa y garantías efectivas. Antes de autorizar una instalación de esta naturaleza, deben despejarse las incertidumbres, evaluarse los riesgos acumulativos y estudiarse alternativas de ubicación menos comprometidas. Si el procedimiento simplificado no permite analizar adecuadamente todas estas cuestiones, debe exigirse una evaluación ordinaria. Las administraciones no pueden limitarse a tramitar expedientes de espaldas a la realidad: no es de recibo seguir dando vía libre a un proyecto que ya cuenta con el rechazo frontal de los vecinos y la negativa municipal a su construcción.

A Madrid pa'qué, por Paco Vega

 

Decir que «son todos iguales» o que «no se libra ni uno» solo sirve para alimentar la apatía y la abstención, algo que siempre beneficia a los mismos.

El verdadero problema es seguir votando a charlatanes que ven la política como un modus vivendi y a los que la gente les importa un bledo.

Es indignante que alguien que no ha movido un dedo ante un proyecto de ecocidio en su propia comarca se dedique hoy a gestionarle subvenciones millonarias al promotor de la proyectada agresión. ¡Y encima presume de ello públicamente! Trata a la gente como si fuera tonta creyendo que, haga lo que haga, le votará.

Si ahora se dedica a conseguirle dinero público al agresor de su comarca, ¿qué hará luego en Madrid?

Tiene poder político para abortar definitivamente esa peligrosa planta de biogás, pero prefiere aliarse con el agresor. Además de alcalde de Gáldar es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Sin embargo, no solo no lo ha hecho, sino que le gestiona subvenciones millonarias y se hace publicidad con el temerario Grupo FSM.

Mientras cursa escritos de oposición a la planta para lavar su imagen, se fotografía en actos de promoción de subvenciones para el agresor.

El descaro de Teodoro Sosa no tiene límites. Y ahora pretende seguir haciendo lo mismo pero a lo grande, desde Madrid.

Félix Santiago Melián, entre la propaganda y la realidad, por Paco Vega

 

Félix Santiago Melián, entre la propaganda y la realidad

Por Paco Vega

Durante los últimos años, el compromiso con los criterios de sostenibilidad y buen gobierno (ESG), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha convertido en uno de los pilares centrales de la comunicación corporativa del grupo Félix Santiago Melián (FSM), ampliamente difundida a través de sus canales oficiales. La entidad presenta públicamente una imagen empresarial comprometida con el respeto al entorno, las personas y la economía local.

Sin embargo, cuando se contrasta ese discurso con determinados proyectos concretos, surgen interrogantes difíciles de ignorar. Es el caso del proyecto de planta de biogás promovido en La Atalaya por su filial Conagrican, S.L.

El proyecto para la ubicación y construcción de esta planta constituye un claro ejemplo de la distancia que puede existir entre la imagen corporativa y la realidad sobre el terreno.

La ubicación elegida no solo genera serias dudas sobre su idoneidad ambiental y social, sino que plantea una cuestión especialmente delicada por su proximidad a instalaciones municipales destinadas al duelo y al descanso de los fallecidos. La planta se proyecta a escasos diez metros del velatorio municipal y a apenas treinta metros del cementerio.

No estamos hablando, por tanto, únicamente de la proximidad a viviendas o a un determinado equipamiento público. Estamos hablando de dos espacios cuyo uso tiene una naturaleza particularmente sensible: el velatorio es un lugar destinado al acompañamiento de las familias en momentos de duelo, mientras que el cementerio constituye un espacio de descanso, recogimiento y memoria colectiva.

¿Puede considerarse adecuada una instalación industrial de estas características junto a un velatorio y un cementerio?

La pregunta no es retórica. Merece una respuesta técnica, objetiva y documentada.

La eventual proximidad de una planta de biogás a estos equipamientos obliga, como mínimo, a analizar con especial rigor cuestiones como la generación y dispersión de olores, las emisiones atmosféricas, el ruido, el tránsito de vehículos pesados, las operaciones de carga y descarga, los riesgos asociados al almacenamiento y manejo del biogás y de otras sustancias, así como los posibles incidentes que pudieran producirse durante el funcionamiento ordinario o en situaciones accidentales.

Pero existe, además, una dimensión que no debería quedar relegada a un segundo plano: la compatibilidad funcional y social entre ambas actividades.

Un velatorio municipal no es una instalación cualquiera. Requiere unas condiciones ambientales y acústicas que permitan a las familias despedir a sus seres queridos con intimidad, tranquilidad y dignidad. La presencia prácticamente inmediata de una actividad industrial potencialmente generadora de olores, ruido, tráfico y operaciones continuas plantea, cuando menos, la necesidad de justificar de manera rigurosa que ambas actividades pueden coexistir sin menoscabo de ninguna de ellas.

Lo mismo cabe decir del cementerio. Un camposanto es, por su propia naturaleza, un espacio de recogimiento y respeto. Situar a escasos treinta metros una instalación industrial de estas características obliga a preguntarse si se ha realizado una verdadera evaluación de la convivencia entre ambos usos y, sobre todo, si se han estudiado adecuadamente las consecuencias que tendría para las personas que acuden allí.

No se trata de sostener, sin el correspondiente respaldo jurídico, que exista automáticamente una prohibición legal por el mero hecho de la proximidad. Se trata de exigir que una proximidad tan extraordinaria sea técnicamente justificada y que la compatibilidad entre los dos usos quede acreditada de forma expresa, objetiva y suficientemente rigurosa.

Porque una cosa es que dos actividades puedan coexistir formalmente sobre un plano y otra muy distinta que su convivencia resulte razonable desde el punto de vista ambiental, sanitario, funcional y social.

Resulta difícil entender que una instalación industrial que requiere el movimiento de materias orgánicas, procesos de digestión anaerobia, almacenamiento y tratamiento de biogás y circulación de vehículos pueda ubicarse prácticamente pegada a un espacio destinado al duelo sin que se haya realizado un análisis específico de esa circunstancia.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: ¿dónde está el estudio específico sobre el velatorio y el cementerio?

Si la documentación del proyecto no analiza de manera detallada la incidencia que la actividad puede tener sobre estos dos equipamientos municipales, estaríamos ante una carencia que debería ser subsanada antes de adoptar cualquier decisión definitiva. No basta con estudiar genéricamente el entorno. Una instalación situada a diez metros de un velatorio y a treinta de un cementerio exige una evaluación particularizada de esos usos sensibles.

Más aún cuando existen experiencias en distintos puntos del territorio peninsular en las que determinadas instalaciones vinculadas al tratamiento de residuos orgánicos o a la producción de biogás han generado controversias relacionadas con olores, tráfico, molestias y convivencia con núcleos habitados. Precisamente por ello, el principio de precaución debería desempeñar un papel central a la hora de determinar la idoneidad de la ubicación.

Y si esas experiencias han llevado en otros lugares a plantear distancias mucho mayores respecto de núcleos de población y determinados equipamientos, resulta legítimo preguntar qué criterios técnicos justifican en este caso una implantación tan próxima a instalaciones municipales especialmente sensibles.

Más llamativa aún resulta la falta de una explicación técnica suficientemente clara sobre algunos de estos aspectos. No consta, al menos de forma suficientemente clara, un análisis específico y exhaustivo de la presencia del velatorio y del cementerio ni una explicación convincente de cómo se garantizará que su funcionamiento pueda desarrollarse sin afecciones derivadas de la actividad industrial.

Tampoco parece suficientemente ponderado el impacto que la ubicación proyectada puede tener sobre las poblaciones del entorno. La instalación se encontraría a unos 500 metros del núcleo urbano conformado por La Atalaya y Becerril, a 1.100 metros de La Montaña de Gáldar, a 1.200 metros de Caleta de Arriba, a 1.400 metros de Llanos de Parra y a 2.100 metros de El Agujero, por poner solo algunos ejemplos.

Estamos, por tanto, ante una localización que no puede analizarse exclusivamente desde la parcela en la que pretende implantarse. Los impactos ambientales y las posibles molestias no se detienen en los límites catastrales de la instalación.

Un verdadero compromiso con la sostenibilidad y los principios ESG no consiste en lucir sellos, utilizar determinada terminología corporativa o redactar declaraciones de intenciones en una página web. Implica aplicar esos mismos principios cuando un proyecto concreto puede afectar directamente a una comunidad, especialmente cuando se plantea junto a viviendas y a equipamientos municipales de especial sensibilidad.

Si FSM sostiene que sus decisiones están guiadas por criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno, lo razonable es que esos principios sean comprobables también en este proyecto.

Quienes intervienen en la supervisión y evaluación de esta propuesta —técnicos, instituciones y responsables políticos— tienen la oportunidad y el deber de profundizar en el análisis técnico de las afecciones reales. No se trata de impedir por principio cualquier proyecto de aprovechamiento energético de residuos o producción de biogás. Se trata de determinar si este proyecto, en esta ubicación concreta y con estas distancias concretas, ofrece las suficientes garantías ambientales, sanitarias, de seguridad y de convivencia.

Exigir una evaluación ambiental seria, rigurosa y objetiva, que tenga en cuenta las características específicas del emplazamiento y los estándares aplicados en otros territorios, no significa oponerse al desarrollo. Significa reclamar que el desarrollo se produzca con garantías.

Resulta especialmente llamativo que, para una actividad industrial de esta naturaleza, la tramitación ambiental pueda quedar circunscrita a una evaluación ambiental simplificada, cuando lo que se pretende implantar no es una actividad inocua ni carente de riesgos o molestias potenciales. Una planta de estas características implica procesos industriales, tratamiento de materia orgánica, generación y gestión de biogás, almacenamiento, circulación de vehículos y la necesidad de controlar adecuadamente emisiones y olores.

Por ello, más que dar por supuesto que la actividad es compatible con su entorno, debería demostrarse técnicamente que lo es.

Y hay una cuestión que debería responderse con absoluta claridad: ¿qué medidas concretas impedirán que los olores, el ruido, el tráfico, las operaciones industriales o cualquier eventual incidente asociado a la planta interfieran en el funcionamiento del velatorio municipal y en el carácter de recogimiento del cementerio situado a escasos metros?

La respuesta a esa pregunta no puede descansar en declaraciones genéricas de compromiso ambiental. Debe figurar en estudios técnicos, informes independientes y medidas de prevención verificables.

Porque cuando una instalación industrial se sitúa a diez metros de un velatorio y a treinta de un cementerio, la cuestión deja de ser exclusivamente empresarial o energética. Se convierte también en una cuestión de ordenación del territorio, seguridad, salud ambiental, convivencia y respeto a un espacio que pertenece a toda la comunidad.

Y precisamente por eso resulta legítimo reclamar el máximo nivel de exigencia y transparencia.

Porque la sostenibilidad no se demuestra con publicidad corporativa. Se demuestra cuando llega el momento de decidir dónde se instala una industria, a qué distancia de las viviendas, de los espacios públicos y, en este caso, a qué distancia de un lugar de duelo y de un cementerio municipal.

Ahí es donde la propaganda deja paso a la realidad.