sábado, 16 de noviembre de 2013

La guerra del crudo vuelve a Canarias al poner Repsol fecha a los sondeos


Los Cabildos rechazan acoger la logística para iniciar la operación en mayo


Las prospecciones petrolíferas que Repsol planea en aguas canarias tienen ya una fecha: serán en mayo de 2014 si se obtienen los permisos medioambientales del Gobierno. Lo anunció el presidente de compañía, Antonio Brufau y de inmediato se reabrió la guerra contra el proyecto que mantienen las instituciones canarias. Brufau y el presidente de las islas, Paulino Rivero, se cruzaron mensajes, avisos y amenazas.

Brufau se desplazó hasta Gran Canaria para recordar a los isleños el potencial que hay bajo sus aguas y pedirles que den vía libre en sus puertos para instalar las bases de operaciones. “Hemos solicitado a los Cabildos que nos apoyen, para iniciar los trabajos. Fuerteventura o Lanzarote sería lo ideal al ser las islas más cercanas al proyecto”, solicitó Brufau. Pero no parece que el Puerto del Rosario (Fuerteventura) o el de Arrecife (Lanzarote) vayan a ser plazas fáciles porque ambas islas han sido muy combativas con el proyecto. Entienden que en caso de un accidente, las consecuencias medioambientales serían fatales para su territorio, de alto valor natural y potencial turístico.
Fuentes: Estudio de Impacto Ambiental, Oceana y Repsol. / EL PAÍS
“Si alguien dice que no, seguro que en el futuro se va a arrepentir”, atacó Brufau. Y sin ánimo de presionar, dijo que si en 15 o 20 días no tiene una respuesta buscará otras opciones: el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, “con mejores servicios y más económicos”, o, llegado el caso, algún otro en Marruecos. “No lo contemplamos por ahora, pero este es un mundo global”.
Después sacó a relucir el dinero: una inversión de la compañía de más de 9.000 millones de euros mientras dure la explotación, si se encuentra petróleo. Más de la mitad de ellos enriquecerían el territorio donde se coloque la base de la operación.
Paulino Rivero, de visita en Bruselas precisamente para abordar este asunto con el director general de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, contestó tajante: “Los canarios no nos vendemos por un plato de lentejas”. Le dijo a Brufau que “se olvide de comprar voluntades” con ofertas como la que expuso.
Pero Brufau sabe que se enfrenta a una comunidad, donde, a pesar del turismo, hay un 33% de desempleo y no quiso desperdiciar esa baza. “¿Están tan sobrados en Fuerteventura y Lanzarote de trabajo?”, preguntó.
Hace un año, el presidente de la petrolera mantuvo una reunión con Paulino Rivero “cordial, amigable y entrañable”. Las declaraciones que se cruzaron ayer no parecían de este estilo. Brufau, en una larga comparecencia en solitario detalló las previsiones de inversión: 260 millones de euros para la exploración, que se produce a 60 kilómetros de las costas; cerca de 4.000 millones para la explotación del proyecto y más de 5.200 para el desarrollo de barcos y servicios. Las inversiones se reducirían si lo que se encuentra es gas, pero el presidente dejó caer también que tiene algunas “certezas” de que será petróleo.
Pero para el presidente de las islas el asunto no es solo económico: “Para Canarias es un tema de fondo, de modelo de crecimiento, y no de pensar en el corto plazo y el dinero que puede dejar el petróleo”. También recordó que el 70% del agua que consumen los canarios es desalada, y no puede someterse al riesgo de un vertido de crudo, informa Efe.
No está solo Rivero. A los apoyos que ha encontrado en buena parte de la población se suman los de la clase política; uno de los suyos, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, llamó a Brufau y al personal de Repsol “piratas petroleros”, que “vienen ahora a Canarias a hacer promoción para condicionar” a las instituciones judiciales. Pidió que “no se chantajee con bases logísticas y prebendas. Además de piratas son ilusos si se creen que la voluntad de un pueblo se compra con promesas”. Su homólogo de Lanzarote, Pedro San Ginés, se manifestó en el mismo sentido. Las islas “no se venden”, dijeron.
Brufau opina que toda esta oposición al proyecto es “política” y vergonzante: “El mundo nos mira atónito, a nadie se le ocurriría no hacer este proyecto. ¿Qué está pasando en Canarias?”, lanzó. “¿Pero dónde estamos, es un tema de votos?”. Dijo no conocer ningún lugar del mundo en el que se “preocupe a los clientes turísticos con que alguien les va a hacer algún daño, avisándoles para que no vengan”. Es una “pena”, dijo. “Les aseguro que un noruego no lo entiende, porque está acostumbrado a ver plataformas por todas partes”. El presidente de la multinacional calculó que, de hallar petróleo, se podría reducir la dependencia española un 10%. Esperan extraer casi 900 millones de barriles, siendo conservadores. España dejaría de gastar 30.000 millones de euros en 20 años, calcula la compañía.
Pero la oposición al proyecto es profunda y el debate no cesa. La organización canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción ha pedido que se haga un debate en el que puedan participar todos los agentes implicados en la discusión sobre las prospecciones. Los ecologistas cuestionan la declaración de impacto ambiental realizada por encargo de Repsol. Eugenio Reyes, uno de sus portavoces, dijo: “Aunque el peligro sea remoto hay que hacer un plan de contingencia y contar con la posibilidad de derrame”.
El proyecto petrolífero está ahora mismo en fase de estudio de las alegaciones presentadas por los ciudadanos e instituciones públicas. En caso de aprobarse, se iniciaría una fase en la que Repsol sondearía bajo el subsuelo marino. Y después comenzaría la explotación. Eso no sería antes de los próximos tres años, como mínimo. El proyecto está todavía pendiente de obtener dos permisos del Gobierno: el medioambiental y la licencia de Industria. El ministro José Manuel Soria se ha mostrado muy proclive al proyecto. “La mala pata que ha tenido el ministro es que es de Canarias. Eso ha complicado el proceso, aquí se habla de política, no de economía”, remachó Brufau.
Sin apoyos en el Gobierno, Paulino Rivero los buscó ayer en Bruselas. El director general de Medio Ambiente se comprometió a “cumplir de forma rigurosa” las directivas europeas.

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