Como muchos saben, el Gobierno de Canarias quiere realizar una consulta popular sobre la realización o no de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago a cargo de la compañía multinacional REPSOL. Las razones que le han llevado a semejante decisión, así como su práctica respecto a las energías renovables y al ejercicio de la democracia, me suscitan dudas y sentimientos controvertidos, que trataré de exponer de modo muy resumido.
* Realizar consultas ciudadanas sobre este u otros asuntos me parece, en principio, positivo. Lo hacen otros países, desde Estados Unidos a Suiza. Pero sobre todo puede ser un elemento más, no el único ni el más determinante, en el camino de regeneración democrática que urge emprender. Los casos de corrupción y la crisis económica han dejado a niveles mínimos la valoración de la política y las instituciones; y recuperarla no es una cuestión de campañas de imagen, sino deacciones decisivas que mejoren la transparencia, la participación y el poder efectivo de la gente.
* El asunto de las explotaciones petrolíferas en las Islas tiene suficiente enjundia para que se pulse la opinión de los habitantes de Canarias. Sus repercusiones medioambientales son evidentes, desde la propia fase de prospección, pudiendo causar graves daños a nuestra rica fauna y flora marina; y las posibilidades de un vertido, ahora y en la fase de explotación si finalmente hubiese petróleo, pueden ser disminuidas pero nunca eliminadas.
* Un vertido anegaría de piche las costas canarias. Dañando a nuestro rico ecosistema y poniendo en peligro la principal industria de la que vivimos los hombres y mujeres de Canarias: el turismo. Además de las enormes consecuencias medioambientales se añadiría un perjuicio económico inmediato, medible en huida masiva de turistas, cierre de instalaciones hoteleras y decenas de miles de parados, a sumar a los casi 400.000 (34% de la población activa) que ya tenemos.
* Con la actual legislación sobre explotación de hidrocarburos española, la empresa concesionaria se quedaría con la riqueza (petróleo o gas), la vendería donde quisiera y pagaría, eso sí, el impuesto de sociedades en la capital de España, con todas las deducciones que suelen disfrutar. En el Archipiélago quedaría muy poco beneficio de semejante operación, escasos empleos y, sin embargo,estaríamos expuestos a las consecuencias de cualquier accidente en el proceso.
Qué hacer
* Pero, en todo caso, debe ser el pueblo de las Islas y sus instituciones representativas quienes decidan qué hacer y si asumen o no los riegos; una decisión que, como demócrata, respetaría fuera cual fuera, coincida o no con lo que yo pienso. En todo caso, nadie debería temer que la ciudadanía de las Islas exprese libremente su opinión.
* El Gobierno de Canarias saca adelante su propuesta de consulta a sabiendas de que no va a prosperar. Por la cerrazón del Estado en esta materia: marcada por su entrega a una compañía multinacional, que no española, y por el momento político, con el referéndum catalán de noviembre y su rechazo por el Ejecutivo central, así como por el principal grupo de la oposición, por cierto.
* Y el Ejecutivo canario lo hace, probablemente, entre otros factores, por tomar la iniciativa política y por razones internas, como la pelea por la sucesión en el liderazgo de CC. Más difícil es entender el papel de los socialistas: dudo que la consulta sea compartida por la federal del PSOE y dudo, asimismo, que se apuntaran a ese carro si en lugar del PP fueran ellos los que estuvieran al frente del Gobierno central.
* La deriva medioambientalista del Gobierno canario cuesta creérsela. Uno de sus miembros, CC, junto con el PP ahora en la Oposición, modificó en la pasada legislatura el catálogo de especies protegidas de Canarias, casi nada, para facilitar la construcción del puerto de Granadilla; y en Canarias su Gobierno, el de CC y el PSOE, sigue apostando por la implantación del gas –fósil, contaminante y que genera dependencia del exterior- , mientras languidecen las renovables, en las que estamos a la cola pese a nuestras excelentes condiciones naturales.
* Y también resulta muy difícil de comprender su súbita conversión democratizadora, dejando en manos del pueblo decisión tan importante. Sobre todocuando los mismos partidos hacen todo lo posible y lo imposible para impedir que se cambie el sistema electoral canario. Se trata del más irracional, antidemocrático e injusto de todas las comunidades, con unas barreras estratosféricas (30% insular y 6% archipielágico) y con una distribución territorial disparatada: el 17% de la población elige la mitad del Parlamento y el otro 83% (los que viven en Gran Canaria y Tenerife), la otra mitad. Sin embargo ese asunto que puede resolver mañana mismo nuestro Parlamento se deja para una reforma estatutaria que en estos momentos es absolutamente irrealizable.
Última palabra
* En definitiva, considero que los canarios debemos tener la última palabra sobre nuestro modelo económico y sobre la incorporación o no a este de la explotación del petróleo por compañías privadas que se quedarían con la práctica totalidad de los beneficios. Entiendo que, aunque sería muy interesante y deseable, esto no va a poder llevarse a cabo mediante referéndum por la más que previsible negativa estatal. Y pienso, también, que junto a la voluntad y a las buenas intenciones en defensa del medio natural marino y de las renovables de muchas personas y colectivos, este tema se está viendo interferido por intereses políticos mucho menos nobles y mucho más oportunistas y electoralistas.
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