Primero privatizaron el
agua de abasto, luego el servicio de recogida de basuras, hace poco
el alumbrado público y ahora -parece ser- intentan a hacer lo propio
con los Servicios Sociales Municipales. Es un proceso que parece
imparable y ordenado por un “ente superior” en los Ayuntamientos
del norte de Gran Canaria, y que ningún alcalde, independientemente
de su signo político, sabe o puede resistirse. El caso es que la
optimización de los recursos públicos y ahorros dinerarios que
anunciaron a bombo y platillo para justificar las mencionadas
privatizaciones se han dado de bruces con la realidad contable de
cada Ayuntamiento y la realidad física de unos servicios
deteriorados o minorados. Los agujeros negros en las economías
locales dejados por la estela privatizadora se cuentan por millones
de euros. No
es la primera vez que lo denuncio.
El
problema radica en que los vecinos nos hemos hecho cómplices por
omisión, dejando la gestión de los recursos públicos a cualquiera
que nos halague el oído en campaña electoral y confiamos… No
fiscalizamos con atención lo que ocurre después de depositar el
voto en la urna, lo que sucede en los Plenos municipales -muchas
veces en la línea contraria a lo que prometieron- donde realmente se
cuece el futuro del municipio y de donde salen las cuantiosas subidas
de impuestos, que luego protestamos airados en la barra de bar o en
la tienda de la esquina, pero que son única y exclusivamente
consecuencia de nuestra dejadez y exceso de confianza.