A
finales de septiembre, el Grupo Intergubernamental del Cambio
Climático (IPPC), auspiciado por la ONU, presentó las primeras
conclusiones de su último informe sobre el calentamiento global y
sus consecuencias para el planeta. 831 científicos, pertenecientes a
85 países distintos, han vuelto a lanzar una señal de alarma
contundente: los efectos del cambio climático se acercan al punto de
no retorno si no se toman medidas para reducir las emisiones de los
gases que producen el calentamiento. El estudio predice un incremento
de las olas de calor, que serán más frecuentes y duraderas, sequías
e inundaciones, calentamiento de los océanos, deshielos de los
glaciares, aumento del nivel del mar y acidificación de los mares,
que han absorbido el 30% de dióxido de carbono. La temperatura media
ha subido en España 1,5 grados en los últimos 30 años, casi el
doble que la media mundial, han disminuido las precipitaciones, ha
aumentado el índice medio de peligro de incendios, comienzan a
aparecer enfermedades tropicales como el dengue o la fiebre amarilla,
dado que el mosquito tigre empieza a aclimatarse, ha crecido la
mortandad por las olas de calor y se producen cada año pérdidas
importantes en la agricultura y la pesca, entre otras consecuencias.
Los
investigadores de la ONU consideran que el hombre es el principal
causante y que para evitar los efectos devastadores que se nos vienen
encima es necesario avanzar “lo más rápido posible” en el
desarrollo y potenciación de las energías renovables… Pero el
Gobierno de Rajoy está haciendo exactamente todo lo contrario: está
atacando con fuerza a las energías limpias para reforzar el papel de
los grandes lobbies eléctricos y petroleros. Alentado por FAES y el
negacionista José María Aznar -el secretario de Medio Ambiente,
Federico Ramos, ha declarado que el conocimiento científico sobre el
cambio climático “es incierto”- el Gobierno español camina por
una senda absurdamente contraria y ha diseñado en los últimos años
una estrategia energética suicida para el país y su futuro. Lo
estimula cierto pasotismo ciudadano, que no se acuerda de Santa
Bárbara sino cuando truena y que no hace demasiado caso a los
pronósticos de largo alcance. Lo incita la voracidad e
insaciabilidad de un sistema económico y político neoliberal que
auspicia el negacionismo para mantener el poder sobre la energía y,
por tanto, sobre los gobiernos y la política.
La
historia nace en el año 1996 cuando Aznar, Rato y Folgado (todos
cobran hoy de eléctricas o de empresas accionistas de eléctricas)
malvendieron las empresas de electricidad públicas españolas para
ponerlas en manos de personas afines (hoy Endesa es además del
Estado italiano). Pero no se contentaron con eso, idearon también el
mecanismo de un déficit que genera siempre resultados favorables
para las empresas, a costa del bolsillo de los consumidores, y
renunciaron al control de la calidad de las prestaciones y al
mantenimiento de los servicios, a la seguridad y a la innovación
tecnológica que requiere inversiones (estaría bueno). Y no se
achantan. Nada más recuperar el PP el poder en 2011 plantea un duro
ataque a las renovables para hacerlas desaparecer y mantener el
estatus de un oligopolio eléctrico que se sustenta en un modelo
finito, contaminante y peligroso para el medio ambiente y las
personas.
No
existen más objetivos que potenciar el gas y el petróleo y no dudan
en poner en jaque la seguridad ciudadana y el desarrollo económico,
auspiciando cementerios de gas, el fracking, las extracciones de
crudo en lugares sensibles o las construcciones de ciclos combinados
abocados a la ruina. Y dicen que nunca va a pasar nada. Que está
todo controlado. Que no hay riesgos. Que si los estudios de impacto
medioambientales rigurosos, que si las medidas de seguridad, que si
el desarrollo económico, que si la creación de empleo, que si
patatín, que si patatán… Pamplinas irresponsables. La realidad,
desgraciadamente, es otra. Y lo que está sucediendo con el
cementerio de gas Castor de Castellón, instalado a treinta
kilómetros de la costa y diseñado para aprovechar un antiguo pozo
petrolífero situado a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del
mar, para convertirlo en almacén de gas, es un ejemplo palmario.
Las
señales de alarma se inician a mediados de septiembre. Se empiezan a
suceder sismos de distinta intensidad, cada vez con más frecuencia,
en las zonas aledañas a Castellón y a las Tierras del Ebro. Se
confirma que desde el 13 de septiembre los trabajos de inyección de
gas en la bolsa subterránea han producido hasta ese momento más de
300 seísmos (ya superan los 500); uno de ellos llega a alcanzar 3,9
grados. El 26 de ese mismo mes, el ministro Soria ordena el cese de
la actividad y una investigación. En la madrugada del 1 de octubre
se produce un temblor de 4,2 grados (a partir de 5,5 puede derribar
edificios). José Manuel Soria afirma que “tiene constancia” de
que el almacén cuenta con todos los estudios necesarios, pero pronto
los datos lo desmienten: se desoyó a la Generalitat y a 141 personas
y organizaciones que pidieron un informe sísmico y el ministro de
Medio Ambiente admite que el informe de impacto no contempló el
estudio sismológico. El día 2 se vuelven a producir diez nuevos
sismos. Al día siguiente, de nuevo Soria sale a la palestra para
decirnos que “parece que hay relación entre la inyección de gas y
los seísmos”. Un día más tarde (el 4) se clausura
definitivamente el almacén y se pone en marcha un plan de
emergencias. Interviene un día después la fiscalía. Se conoce que
el Observatorio del Ebro ya advirtió hace dos años del riesgo de
terremotos. Sale a la luz que el depósito está sobre una falla y en
Tarragona se pide el cierre de la central nuclear de Ascó, situada a
60 kilómetros de Castor, porque temen que la falla, activa y de 51
kilómetros de longitud, afecte a la central…
Y
empiezan también las otras batallas. El PP de Castellón anuncia que
va a denunciar a cuatro ministros del PSOE (Narbona, Espinosa, Clos y
Sebastián) por negligencia; ACS considera que el coste (más de
1.700 millones, ya van mil de sobrecostes) lo tiene que asumir el
Estado “funcione o no” el proyecto (Soria acaba de hacer público
que existe una cláusula en el contrato en ese sentido)… El
presidente de Escal (filial de la empresa de Florentino Pérez) saca
pecho y dice que “no se puede tirar a la basura el almacén de gas.
Los seísmos son naturales. Nosotros quizás solo los hemos
adelantado”. Por supuesto, según él había estudios sismológicos
y todo estaba perfecto. Otras voces dicen lo contrario y aparecen
expertos afirmando que detrás de todo puede haber negligencias de la
empresa. Y que más da. Pudo haber una tragedia y todo estaría
sucediendo exactamente igual. Se echarían la culpa unos a otros,
todo estaba en orden y bla, bla, bla…
Frente
a esto muchas voces científicas nos advierten que los daños que se
están produciendo, comparados con los que produciría el fracking,
parecerán un juego de niños. Porque esta manera de extraer gas o
petróleo del interior de la tierra o las profundidades marinas atrae
réplicas de terremotos lejanos; aumenta la sismicidad en la zona;
tiene muchos riesgos de explosión, escapes de gas, de ácido
sulfhídrico y metales pesados; inyecta toneladas de productos
químicos contaminantes en los acuíferos; lanza al aire metano, 23
veces mas favorecedor del efecto invernadero que el CO2”… Pero
hay que hacerlo. Soria dice que es imprescindible y que se pondrá en
marcha, “sí o si”, en muchas comunidades. Y ataca a las
renovables…
Y
hay que seguir apostando por las extracciones de crudo como las
previstas para Canarias, -con un estudio de impacto copiado de otras
extracciones- a pesar del riesgo para la población y para la
industria turística, porque son mejores y más rentables que las
renovables limpias e inagotables. Dice el subsecretario de Industria,
Hernández Bento, que es un “disparate” comparar el cementerio de
gas con los sondeos, pero la realidad es que la sismicidad inducida
aumenta continuamente en el planeta a medida que se sigue perforando
para extraer petróleo y gas. El incremento de terremotos en la
tierra en los últimos 50 años está directamente relacionado con la
extracción de los combustibles fósiles, que antes se hacían a
menos de dos kilómetros de profundidad y hoy a más de nueve
kilómetros, lo que se traduce en mayores riesgos y afecciones. Y se
suceden en los últimos tiempos estudios que nos hablan de ello. La
Universidad de Texas acaba de vincular los sismos registrados en esa
zona con la extracción del petróleo y el agua salobre que fluye
junto con los hidrocarburos; el Servicio Geológico norteamericano
afirma que el número de sismos se ha incrementado seis veces en EEUU
por las extracciones de crudo y gas; el Consejo Nacional de
Investigación de EEUU ha informado recientemente que “la actividad
humana, incluyendo la inyección y extracción de fluidos de la
tierra, puede inducir a eventos sísmicos”; es lo mismo que dice el
Instituto de Dinámica de Geosferas de la Academia Rusa de las
Ciencias que ha apuntado el alto riesgo de sismicidad en el campo
petrolero, más allá de los daños de los derrames y las afecciones
a la biodiversidad.
Y
para rematar la jugada, también hay que implantar una regasificadora
en el sureste grancanario, un lugar pleno de sol y de viento (que
dispone de un pequeño parque récord del mundo en generación
eólica) y que lleva 15 años sin poder instalar un aerogenerador en
su espacio geográfico… En fin, da lo mismo la autosuficiencia
energética, la apuesta contra el cambio climático… Está claro
que los intereses son otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario