Unos días después de aprobada por el Gobierno, la reforma eléctrica elaborada por el ministro de Industria empieza a hacer realidad las aviesas intenciones que escondía y que fueron denunciadas por amplios sectores de la sociedad. El objetivo era acabar con las energías renovables y apuntalar el poder de UNESA, la patronal de las eléctricas españolas, y lo están consiguiendo. Para muestra, dos botones: el anuncio de José Manuel Soria de que el déficit energético aumentará en los próximos meses en unos 3.000 millones de euros (en la actualidad ronda los 26.000) y la nueva subida de la luz en un 3,1% (ya lo hizo, durante su elaboración en agosto, en un porcentaje similar, aunque en las viviendas de menos consumo, al modificarse la Tarifa de Último Recurso, la subida puede alcanzar el 50%). La reforma que nos iba a salvar del déficit tarifario nos está mostrando sus verdaderos propósitos.
Y
no es que nos coja de sorpresa. Desde la CNE, asociaciones
empresariales, organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y
expertos independientes, se venía insistiendo en que esta nueva
reforma eléctrica estaba encaminada a frenar el autoconsumo y
eliminar la posibilidad del balance neto impidiendo el vertido a la
red con una retribución; a acabar definitivamente con las energías
renovables -dando un hachazo a las ya instaladas y penalizando las
nuevas propuestas- y a cargar sobre el consumidor la deuda histórica
de la electricidad en España. Y así ha sido.
Frente
a Alemania que genera el 51% de su producción energética en los
hogares, el gobierno de Mariano Rajoy se saca de la manga un impuesto
único en el planeta -el peaje de respaldo- que, como dijo la revista
Forbes con todo el cachondeo del mundo, impone un impuesto al sol y a
la generación de energía verde en nuestras viviendas. Se trata de
un gravamen disuasorio y discriminatorio que “perjudicará a la
economía española” como alega la Comisión Nacional de la
Competencia que afirma también que los autoconsumidores no solo
ahorran en su bolsillo sino al conjunto del sistema. No podía ser
menos. Era inevitable y se veía venir. Con el abaratamiento actual
de los paneles fotovoltaicos, una regulación adecuada nos permitiría
alcanzar una cifra de producción en nuestras casas de cerca de un
60% y abaratar en más de un 50% nuestro recibo de la luz, lo que
pondría en riesgo el monopolio de facto del trust constituido por
Iberdrola, Enel, E. On Gas natural y Unión Fenosa que lucha con uñas
y dientes contra la democratización de la energía. Pero no es solo
eso. El año pasado España se gastó en la compra al exterior de
combustibles fósiles la friolera de 46.608 millones de euros y como
apunta la CNE el desarrollo del autoconsumo es imprescindible dado
que “nuestro país ha presentado tradicionalmente una alta
dependencia energética respecto al exterior, resultando el
autoconsumo una estrategia voluntaria, a nivel microeconómico, que
facilitaría la reducción de esa desventaja económica con
repercusión sobre la totalidad del sistema económico (…). La
producción descentralizada permite la utilización de fuentes
locales de energía contribuyendo a aumentar la independencia
energética, una mayor seguridad de suministro local, trayectos de
transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de
energía”. En el mismo periodo de tiempo la producción limitada de
energías renovables ahorró a las arcas del Estado más de 5.000
millones de euros, el equivalente a 45 millones de barriles de
petróleo. Y entonces… ¿por qué sucede esto?
Sucede
por las presiones del oligopolio de siempre que quita y pone
ministros, que reserva suculentos puestos en sus consejos de
administración, con emolumentos millonarios, a políticos de primera
fila ya retirados, que se resiste a perder cuotas de poder y que
antepone su cuenta de resultados al interés general de un país.
Sucede porque existen algunos partidos políticos cómplices que se
pliegan a sus dictados, al abrigo de oscuros intereses que permiten
la continuidad de un modelo que les garantiza la supervivencia.
Y da lo mismo que
eso profundice en nuestra dependencia del exterior y que estemos
sometidos continuamente a los vaivenes de los precios de un mercado
frágil y en manos de países en conflicto permanente; da lo mismo
que los combustibles fósiles se agoten y que los desperdiciemos
quemándolos; da lo mismo que no cumplamos con el objetivo 20-20-20
de la UE de recorte de las emisiones de CO2, eficiencia y ahorro
energético y producción de renovables (Europa acaba de advertir a
España con llevarla ante su tribunal de Justicia); da lo mismo el
deterioro medioambiental y las condiciones de salud de la población;
da lo mismo que perdamos el papel de vanguardia mundial que habíamos
conseguido en tecnología y profesionales; da lo mismo que en los
últimos seis meses las energías renovables hayan producido más
energía que las convencionales y producido un ahorro notable a la
hacienda pública…
Se
trata de atacar a la parte más débil del sistema, de machacar a las
renovables y a los consumidores para mantener un modelo anquilosado,
inseguro y caro. Y poderoso, muy poderoso. Tan poderoso que obliga a
mantener un déficit tarifario sostenido sobre manipulaciones
continuadas del proceso de fijación de los precios donde se apropian
de las rentabilidades multimillonarias de las hidroeléctricas y las
nucleares ya amortizadas, de primas por la interrumpibilidad y la
disponibilidad, de los incentivos a la inversión, de los costes de
transición a la competencia no devueltos, de los precios amañados
del transporte y la distribución y un largo etcétera. Por cierto un
déficit que se inventaron, para favorecer al oligopolio eléctrico,
Rodrigo Rato -el mago de las preferentes y Bankia- y José Folgado
-Secretario de Estado en aquel momento y hoy premiado con la
presidencia de Red Eléctrica, con un sueldito de 55.000 euros al
mes-.
Y
por Canarias la cosa no parece ir mejor. A las incertidumbres de la
hidroeléctrica de Chira-Soria, que sigue paralizada, se suman las
últimas medidas anunciadas por José Manuel Soria asegurando una
tarifa específica para las islas que garantizaría una asignación
de entre 85 y 90 euros por cada MW/h solo para los parques ya
adjudicados, dejando fuera las repotenciaciones y los consumos
asociados, y 460 MW eólicos nuevos a distribuir que se propone
adjudicar a dedo desde el ministerio y al margen del Gobierno canario
y los ayuntamientos -¡dios mío, con los antecedentes con los que
contamos!-. Si a esto le unimos las servidumbres aeroportuarias y la
carencia de infraestructuras para verter a la red la energía
producida, la realidad es que posiblemente no veamos instalado un
nuevo molino en muchos años. Parece que se apoya una propuesta
atractiva para Canarias, pero lo cierto es que detrás no hay sino
humo y palos en las ruedas. Mientras, seguimos pagando más de 1.600
millones de extra costes cuando generar electricidad con energías
limpias es tres veces más barato. Al tiempo, el ministro y los
empresarios que le sirven de correa de transmisión se desgañitan
con el petróleo y el gas. Será por eso que tienen que venir de
Sudáfrica a animarnos a concursar para ejecutar los 22.000 millones
que tiene destinados a potenciar las renovables allí.
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