La
semana pasada decía en este mismo medio que, hasta ahora, la reforma
energética aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy sólo nos había
aportado un incremento del precio de la luz en un 3,1% y el aumento
del déficit -la deuda contraída con las eléctricas a través de un
sistema tramposo- en 3.000 millones de euros. Esto, y además la
certeza de que se pretende dar un hachazo mortal a las renovables
para impedir la democratización energética y la desaparición del
oligopolio que controla, desde UNESA, la energía del país.
Pero
la cosa no se queda aquí. En la propuesta de los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año, presentada el lunes 30 de
octubre en el Parlamento, se prevé un incremento de recaudación de
un 7% a través de la electricidad, frente a un 3,6% reseñado en
2013. Se trata a todas luces de un reconocimiento explícito de que
el recibo de la luz volverá a subir en los próximos meses y de que
lo hará en unos porcentajes mayores a los sufridos en este
ejercicio, a pesar de que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa,
Gas Natural…) han ganado en el primer semestre de este año casi
4.000 millones de euros (3.621,5 millones) y de que han subido el
sueldo a sus consejeros y vocales (efectivamente, muchos son
expresidentes y exministros) en una media de un 3%, el equivalente a
más de 19 millones de euros.